Salvatore Mancuso fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, bajo acusaciones de narcotráfico y junto a los demás jefes de los grupos paramilitares.

Antes de su extradición reveló información comprometedora que salpicó a prominentes figuras políticas, incluido el expresidente Uribe y al exvicepresidente y exembajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos.

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Cuando fue enviado a Estados Unidos, Mancuso había sido imputado por los delitos de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzosos, violencia de género y reclutamiento ilícito, entre otros actos cometidos durante su permanencia en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Tiene además dos condenas pendientes en Justicia y Paz, en tanto que la Fiscalía lo acusó en 2014 de 4093 delitos cometidos en diferentes departamentos, entre los que se encuentran Córdoba, Antioquia, Meta, Santander y Norte de Santander.

Mancuso se benefició de la determinación de Justicia y Paz que le otorgó una pena alternativa de ocho años de prisión por su desmovilización, a pesar de haber sido condenado a prisión en Colombia por más de 30 delitos.

Según la Fiscalía, Mancuso ha estado involucrado en numerosos actos atroces, como las masacres de El Aro, El Salado y Mapiripán, así como en magnicidios y desplazamientos forzados en varios departamentos del país.

Además, se le acusó de haber planeado la creación de una célula paramilitar en Bogotá junto con políticos y militares, con la intención de llevar a cabo una “limpieza social”.

Estos hechos, documentados en sentencias judiciales de más de 120 páginas, revelan la gravedad de su participación en la violencia armada del país.

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Además de los procesos ante Justicia y Paz, Mancuso enfrenta un proceso judicial por lavado de activos y concierto para delinquir, delitos que habría cometido después de su desmovilización de las AUC.

De ser encontrado culpable, perdería los beneficios obtenidos por Justicia y Paz y tendría que responder ante la justicia penal ordinaria.

Sin embargo, es de señalar que aún es incierto que Mancuso podría quedar completamente libre con su regreso a Colombia y su designación en 2023 como gestor de paz, aún tiene procesos judiciales pendientes en el país, sobre lo que aún permanecen vigentes 40 órdenes de captura.

Aunque con su retorno al país, esto genera expectativas frente a la manera como asumirá su responsabilidad ante la justicia y la necesidad que tienen las víctimas de que responda por los crímenes cometidos durante el tiempo que ejerció como jefe máximo de las AUC, en aras de la verdad, la justicia y la reparación para estas y sus familias.

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