Un nuevo caso de corrupción de funcionarios públicos que estaría dando paso a una nueva versión de un cartel de chatarrización de vehículos en el país, fue denunciado por el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Pablo Bustos, en donde estarían comprometidos más de 700 mil millones de pesos en un proceso que se adelanta en Medellín.
Bustos, explicó que uno de los oferentes ese proceso de chatarrización es la Unión Temporal Rym SAS, la cual lidera ese mercado habilitado por los Ministerios de Transporte y Ambiente, la cual, según él, no está legalmente autorizada para tomar parte en ese proceso porque no tendría una persona jurídica.
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Considera que por eso no contaría con el certificado de existencia y representación legal para inscribirse y expedir los 6.500 certificados de desintegración física de vehículos que emitió y que generó el desembolso de más de $720.000 millones.
“Lo ilegal, asombroso y grave, es que sin cumplir el requisito mínimo habilitante de ser persona jurídica, pues según la ley y la jurisprudencia la unión temporal no es una persona jurídica, se han han pagado irregularmente incentivos por chatarrización más de $720.000 millones por cerca de 6.500 vehículos chatarrizados, cada uno con un incentivo promedio de $100 millones de pesos, con fundamento en las certificaciones de desintegración expedidas por la Unión Temporal RYM SAS", precisó.
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Para Bustos, “tales pagos irregulares se han efectuado, entre muchos otros, dentro del programa de modernización del parque automotor de carga auspiciado por el Gobierno Nacional, y a través del Fondo de Reposición Vehicular. La unión temporal ha venido siendo contratada indistintamente de manera continua en estado de abierta ilegalidad continua por más de siete años, desde su creación en febrero el 2016".
Anunció Bustos que le pidió a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría Genera, que adelanten las investigaciones correspondientes para esclarecer esos hechos, "que se pronuncien frente a tamañas inobservancias legales, y se adopten los correctivos y sanciones a que haya lugar".
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