Casi 700 mototaxistas, de 20 empresas legalmente constituidas, arrancaron la semana con una protesta en las calles del municipio de Ureña (Venezuela), exigiendo a las autoridades de su país que les permitan desplazarse a través del trayecto del Comando de la Guardia Nacional hasta el Puente Francisco de Paula Santander.
Los conductores aseguran que los transportadores piratas y taxis colombianos sí hacen uso de la estructura binacional, pero ellos, que están legalmente constituidos, tienen prohibido el acceso que conecta con El Escobal, por orden de la Guardia Nacional.
Desde el punto del comando hasta el puente Francisco de Paula Santander, hay un trayecto de aproximadamente un kilómetro, por el cual, gran parte de los ciudadanos deben transitar a pie, mediante unos bicitaxis o en sus vehículos particulares autorizados para pisar territorio neogranadino.
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Daniel Ramírez, perteneciente al gremio de mototaxistas de Ureña, solicitó el libre tránsito hasta el citado puente, a fin de que les sea garantizado el derecho al trabajo para transportar pasajeros que retornan a Ureña, así como lo hacen otros transportes ilegales.
Apuntó que así como las líneas de mototaxis pagan impuestos y patentes, tienen derecho a la libre circulación, tanto como de ida como de regreso, entre este puente internacional y Ureña. Vale resaltar que los motorizados no están pidiendo llegar al lado colombiano, sino a la entrada, a fin de captar a los clientes que retornan por este tramo fronterizo.
“Gobernador Freddy Bernal necesitamos recoger pasajeros en el puente Francisco de Paula Santander en sentido El Escobal - Pedro María Ureña, ya que la gente necesita la ayuda de un mototaxi, porque en las horas pico, las personas vienen asfixiadas y con niños pequeños”, describió Luis Richard Granados, uno de los conductores.
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Los mototaxistas afirman que los militares de la guardia venezolana no les permiten cubrir ese trayecto “por cuestiones de seguridad”, pero en la actualidad hay un grupo de bicitaxis que hacen vida ahí.
Señalaron que del gremio mototaxis dependen más de 3000 familias del municipio fronterizo, además esta actividad se constituye una de las principales fuentes de empleo en la zona, toda vez que el aparato productivo local no ha arrancado aún.
“Le pedimos al señor gobernador que nos dé una pronta respuesta; necesitamos el libre tránsito hacia el puente, necesitamos salir adelante con nuestras familias”, insistió Granados.
El llamado fue extendido al alcalde de Ureña, Jhon Carrillo, así como a la Defensoría del Pueblo.
Anggy Polanco / Corresponsal La Opinión
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