Animado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro anunció que el país volverá a integrar la Comunidad Andina (CAN), organismo de integración del que se retiró en el 2006 por decisión del entonces presidente Hugo Chávez, pero al retornar a la organización, el país deberá someterse a las normativas jurídicas, a las sentencias del tribunal de justicia andino y a los dictámenes de la Comisión de Ministros de Asuntos Exteriores (CAMRE), y de la Secretaría General de la CAN.

Así lo analizó el investigador del Centro de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI), Francisco Javier Sánchez, quien destacó que el posible retorno del país al seno de la CAN empieza de cero, (ya que sería un tercer Estado que quiere unirse), puesto que el hecho de haber sido parte de la misma con anterioridad no cuenta a favor.

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“Negociar la entrada del país con los cuatro socios andinos y con la propia CAN, que goza de personalidad jurídica internacional, es decir, es independiente de los países que la componen, es un proceso arduo y complicado, puesto que, entre otros aspectos, el país debe reconocer y aceptar todo el acervo jurídico andino que son las normas que la propia entidad produce”, explicó.

Señaló que justamente la serie de normas no fueron del agrado del presidente Chávez, y no lo han sido de su sucesor en el Ejecutivo. Además, el expresidente Chávez apenas asumió el poder, llegó desacatando una norma de la Comunidad Andina, que era la libertad de transporte de mercancías por la vía terrestre e impuso el trasbordo de mercancías en la frontera con Colombia, por lo que obligó al transporte de carga internacional a tener que trasbordar la mercancía en camiones venezolanos para que siguieran su tránsito.

El incumplimiento hizo que demandaran a Venezuela, primero en la Secretaría, que condenó al país y luego ante el Tribunal de Justicia, que también aplicó medidas en ese caso.

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Venezuela renunció formalmente el Acuerdo de Cartagena, tratado internacional constitutivo de la organización, en 2006; con ello, oficializó su retiro del más avanzado e institucionalizado acuerdo de integración regional de América Latina, mencionó el académico.

En 2011 finalizaron las obligaciones del país con respecto al comercio andino con sus antiguos socios y empezó a regir un acuerdo de alcance parcial, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALADI) con Colombia, vigente a día de hoy, expuso Francisco Javier Sánchez.

Al separarse de la CAN, Venezuela cortó vínculos políticos, jurídicos, culturales, económicos y otros con Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y los canalizó en un marco bilateral, si bien en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) están Bolivia y Ecuador, este es un acuerdo de cooperación no de integración.

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Antes de que Venezuela saliera de la CAN, un cargamento que salía de Quito, por ejemplo, atravesaba las fronteras en el mismo camión y llegaba al centro de Venezuela sin problemas, recordó Sánchez.

El tema comercial

Sánchez indicó que con el regreso al organismo, Venezuela debe negociar las partidas arancelarias de la totalidad de los bienes y servicios, que deben adecuarse a los que ya tiene estipulados la Comunidad Andina, también debe asumir el arancel externo común (AEC) que aplica la CAN, es decir, los Estados miembros a terceros países para su comercio extracomunitario.

Esbozó que, desde lo político, sería un balón de oxígeno para el actual gobierno de Maduro, refirió el experto, puesto que tendría un nuevo espacio multilateral de alcance regional donde participar, en especial cuando el país ha estado aislado de buena parte de la sociedad internacional en los últimos años y están vigentes las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.

“Justamente, esto último es un inconveniente para las negociaciones para reingresar a la CAN: ¿cómo se hacen negocios y se pagan las deudas con empresas estatales venezolanas, como la petrolera PDVSA, que están sancionadas o con empresas privadas venezolanas que se relacionan con empresas estatales sancionadas?”, dijo el especialista en fronteras.

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Según el análisis del investigador, puede que Gustavo Petro esté usando una estrategia en doble sentido: contar con la ayuda de Venezuela para su proceso de paz total, en especial, las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que empezará en breve y del que el país ha sido nombrado garante.

También tendría intenciones de mejorar el comercio binacional para beneficio de empresarios y comerciantes colombianos en la medida que puedan vender algunos bienes y servicios a Venezuela -lo que está limitado por la severa crisis del país-, y también puede estar pidiéndole al Gobierno respetar los derechos humanos, habida cuenta de los múltiples informes internacionales al respecto y las decisiones de la Corte Penal Internacional, y todo esto o alguno de esos aspectos, a cambio de mejoras sustanciales a favor de la limitada, pero existente oferta exportable venezolana dentro del espacio interno de la Comunidad Andina, que representa un mercado de 111 millones de consumidores.

Anggy Polanco / Corresponsal La Opinión

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