Por: Ronal Rodríguez | Vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.

El primero de mayo de 2017, se considera el inicio formal de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, hasta ese día el chavismo se había cuidado de presentar la revolución bolivariana como un proyecto democrático progresista, pero la convocatoria a una nueva asamblea constituyente desenmascaraba las intenciones de perpetuarse en el poder en contra de la voluntad de la mayoría de los venezolanos.

Los regímenes dictatoriales tienen dos características que les son inherentes: nunca se sabe cómo y cuándo caerán, ni lo que vendrá después de ellos. A inicios de 2019, se auguraba la caída del régimen chavista y el retorno a la democracia. El ascenso a la presidencia de la Asamblea Nacional de Juan Guaidó Márquez alimentó las esperanzas de un cambio, un desconocido y joven político del partido Voluntad Popular llegaba a la presidencia del poder legislativo, considerado por muchos el único poder legítimo del hermano país.

La autoproclamación de Guaidó como presidente encargado de la transición fue apoyada por más de 50 países entre los que se incluían los principales vecinos de Venezuela: Colombia y Brasil y algunos de los Estados más importantes del hemisferio occidental: Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido, entre otros.

La declaración de Venezuela como un país en emergencia humanitaria compleja por las Naciones Unidas y el reconocimiento de la crisis migratoria como la segunda más grande del mundo, sólo superada por la siria, fueron los argumentos para promover una respuesta centrada en la atención humanitaria que buscaba desencadenar la salida de Nicolás Maduro.

Pero el caso venezolano no se limita al establecimiento de una dictadura, a la emergencia humanitaria compleja en la que el chavismo hundió al país con las mayores reservas petroleras del mundo o a la migración de más del 14 % de su población.

El caso venezolano es más complejo, la revolución bolivariana bajo el liderazgo de Nicolás Maduro ha recurrido a una estrategia de supervivencia en la que ha consentido la pérdida del monopolio de la fuerza y del dominio territorial, permitiendo la presencia y proliferación de actores criminales nacionales e internacionales.

El chavismo ha desarrollado una relación parasitaria entre diferentes actores delincuenciales y criminales, tanto locales, nacionales, como binacionales e internacionales interesados en mantener el frágil statu quo, que les permite acceder a los negocios ilegales más lucrativos.

También ha promovido de forma más o menos velada la emigración como fórmula para disminuir los sectores políticos opositores, la disminución de las demandas sociales de la población y la consecución de importantes recursos de las remesas que envían sus connacionales por fuera del sistema financiero y evaden las sanciones internacionales.

El chavismo ha convertido la crisis del sistema de servicios públicos en una herramienta para someter a la población. El acceso a agua potable, energía eléctrica o a las bombonas de gas son administrados discrecionalmente. 

Los apagones y cortes en el servicio que inicialmente evidenciaron la dimensión de la corrupción, la falta de mantenimiento y la incapacidad en la gestión pública fueron rápidamente instrumentalizados para castigar aquellos territorios de mayoría opositora, siendo el estado Zulia, limítrofe con Colombia y con una importante tradición opositora, el más afectado. Se calcula que más o menos el 15 por ciento de la población ha tenido que abandonar el estado en dirección a Caracas y otras ciudades, o migrado a Colombia.

Las sanciones promovidas por la comunidad internacional, especialmente por los Estados Unidos, no logran dar el resultado esperado y por el contrario se han utilizado discursivamente por el presidente Maduro para justificar la declaración de Venezuela como un país en emergencia humanitaria compleja. Maduro responsabiliza de la crisis económica y social a las medidas que la administración de Donald Trump ha implementado contra Venezuela, encontrando eco en sectores de la izquierda internacional, sobre todo europea y latinoamericana que adversan el papel injerencista de los Estados Unidos y particularmente al actual presidente norteamericano.

Hoy le resulta más fácil a la élite chavista evadir las sanciones personales o contra sus testaferros, las monedas virtuales se han convertido en un camino expedito para ocultar sus capitales, obligando a los promotores de las sanciones internacionales a ampliar el rango, lo que termina afectando a la población venezolana por igual y paradójicamente apoyando la argumentación chavista.

El denominado cerco diplomático promovido por Colombia está fracasando, sí bien, más de 50 países reconocieron la figura de Juan Guaidó, la gran mayoría de ellos mantuvo relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno de Nicolás Maduro, con líneas de comunicación y presencia en el territorio.

Del otro lado las instancias multilaterales no logran coordinar una respuesta que desemboque en la salida de Maduro, el Grupo de Lima ha llegado a la inoperancia y sus declaraciones no tienen mayor efecto. La Organización de Estados Americanos (OEA) en manos del secretario Almagro no logra materializar acciones conjuntas de sus miembros, ni tampoco es vista como un espacio adecuado para el acercamiento de las partes. El Mecanismo de Quito a pesar de los diagnósticos del fenómeno de movilidad humana que enfrenta la región no logra dar una respuesta articulada y oportuna.

En el contexto de las Naciones Unidas, Venezuela desmintió el supuesto aislamiento al que era sometido el gobierno de Maduro, logrando un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la organización, a pesar del demoledor informe que unas semanas antes había presentado la alta comisionada Bachelet contra el régimen chavista.

De otro lado, los escenarios y mecanismos de negociación internacional, incluyendo el noruego, fueron utilizados por el oficialismo para ganar tiempo y ahondar su discurso de víctima de la feroz y caótica política exterior norteamericana de Trump apoyada desde Colombia.

Las esperanzas que había revivido el fresco liderazgo de Guaidó al inicio de 2019, se esfuman en medio de los escándalos de corrupción de la oposición venezolana, el caótico proceder de un gobierno de transición que no gobierna y que intenta contener la desbandada atizada por lo celos que despierta el liderazgo oculto de Leopoldo López.

Todo ello ha llevado a que el mundo empiece a pensar en posibilidades de normalizar la situación en Venezuela y crear medidas que permitan convivir con la dictadura, finalmente sólo el 45% de los países y el 39% de la población mundial viven en países considerados como libres, según Freedom House. 

Algunos Estados europeos incluso han empezado a barajar la posibilidad de crear un programa de petróleo por alimentos, que independientemente de la capacidad de producción venezolana que hoy es inferior a los 500.000 barriles diarios, lo que plantea es como occidente empieza a admitir la existencia de una cuba continental.

Si bien el discurso del presidente Iván Duque se ha planteado a partir de los principios democráticos y la posición adversa de su partido y mentor político a la Revolución Bolivariana, quizás está llegando el momento que como jefe de Estado colombiano construya una estrategia de largo plazo para manejar la relación con una Venezuela dictatorial en medio de una emergencia humanitaria compleja y prolongada, que permita articular una respuesta al que será el fenómeno de movilidad humana más grande del mundo.