Las organizaciones cocaleras del Catatumbo se fueron expectantes luego de la reunión con Gloria Miranda, la nueva rectora de la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, DSCI, quien vino a Cúcuta para presentar la nueva ruta de implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución, PNIS, que todavía no ha entregado resultados contundentes a siete años de la firma del Acuerdo de Paz.
Trascendió que parte de la propuesta de la DSCI consiste en trabajar frente a unas líneas productivas que se han identificado en el territorio, como cacao, café, piscicultura, ganadería multipropósito; así como la generación de un plan para mantener o modificar los planes de inversión que las familias tienen para estos proyectos de ciclo corto y ciclo largo.
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Específicamente sobre estos planes de ciclo corto y largo, la apuesta de la nueva directora de la DSCI es unificar los proyectos, para hacer lo mismo con los recursos, los cuales ya no se entregarían en dinero sino en especies, dependiendo del plan de inversión del proyecto que las familias escogen, explicó una vocera de las organizaciones cocaleras del Catatumbo, presente en la reunión.
En la reunión, que corresponde a una sesión del Consejo Asesor Territorial, CAT, que articula todo lo que tiene que ver con el PNIS, estuvieron presentes también delegados de la Gobernación de Norte de Santander y de las alcaldías de Sardinata y Tibú, que son los municipios que concentran a las 2.986 familias inscritas en el programa de sustitución, así como representantes de otras entidades nacionales, que fungen como garantes del cumplimiento del acuerdo.
Una sentencia por cumplir
Esta nueva sesión del CAT se da cuando corre el plazo para el cumplimiento de la sentencia SU 545 de 2023 de la Corte Constitucional, a través de la cual se ordena al Estado el cumplimiento y priorización de la política de sustitución en Norte de Santander y en general en los departamentos donde siguen sin registrarse avances.
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La sensación que deja esta reunión entre las comunidades accionantes es que se está empezando desde cero, aunque “la importancia de todo esto es la clara disposición de los funcionarios de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia”, dijo Andrea Nocove, una de las representantes de las organizaciones accionantes del Catatumbo, como son Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez -CCALCP- Asociación Campesina del Catatumbo -Ascamcat- y la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana -Coccam.
“Seguiremos haciendo seguimiento y de no cumplirse (la sentencia), pues haremos uso del debido proceso, de presentar el incidente de desacato y procederemos con las acciones que corresponde”, apuntó.
De acuerdo con el nuevo cronograma entregado por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, para agosto de este año ya una parte de los proyectos productivos deberían estar recibiendo los insumos para arrancar, aunque “depende de la capacidad de liberación de los recursos en el marco de la ejecución del contrato”, sostuvo Nocove.
El trabajo que sigue a las organizaciones accionantes y veedoras será ingresar a terreno, para contrastar toda la información recibida en el CAT y hacer pedagogía con las familias frente a las decisiones de la sentencia, así como de las peticiones y la información que vaya llegando desde los entes de control como Procuraduría y Defensoría que tienen orden de hacer seguimiento.
¿Qué ordenó la sentencia?
La sentencia SU 545 de 2023, notificada el pasado nueve de abril de 2024, ordena que el Gobierno Nacional debe asignar el presupuesto suficiente para asegurar el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de paz; así como también, de manera conjunta con el Congreso, exhorta a adelantar los ajustes normativos respecto al tratamiento penal diferencial.
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A la Agencia de Renovación de Territorio y demás entidades del orden nacional encargadas de los programas de sustitución y reforma rural integral, pidió que, en un término de seis meses, deben adoptar las medidas para cumplir los acuerdos celebrados, y corregir las fallas de ejecución en el PNIS; mientras que a la DSCI, le ordena garantizar el funcionamiento de las instancias establecidas en el PNIS.
Con esta sentencia se comprobaron los hechos alegados por los accionantes desde el año 2020, conforme al material probatorio recolectado durante los años 2018 y 2019, amparados en los derechos a la igualdad, al trabajo, a la participación ciudadana, la seguridad personal, la defensa de los derechos humanos, el respeto al principio de confianza legítima y el cumplimiento de buena fe de lo acordado en el punto 4 del acuerdo final de paz.
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