Un jurado federal de Florida (EE.UU.) falló el pasado lunes que la multinacional del banano Chiquita Brands International, acusada de financiar a grupos paramilitares en Colombia que dejaron miles de muertos en ese país, tendrá que pagar 38.3 millones de dólares a demandantes y familiares de las víctimas.
El dictamen del juicio civil en una corte de West Palm Beach, tras una década de litigios, señala que Chiquita no demostró que “la asistencia que brindó” al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para proteger a sus empleados de la violencia fue resultado de una “amenaza ilegal, inmediata e inminente” por parte de este grupo terrorista.
Tampoco logró Chiquita demostrar que “no tenía otra alternativa razonable” que la de “proporcionar asistencia a las AUC”, según consta en el veredicto al que tuvo acceso EFE.
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El fallo señala además que la ayuda de Chiquita a las AUC constituyó “una actividad peligrosa” que aumentó el riesgo para los miembros de la comunidad más allá de aquellos peligros a los que estuvieron normalmente expuestos.
Por todo ello, la multinacional es condenada a pagar 38.3 millones de dólares a los demandantes, que son sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia paramilitar en la década de 1990 y comienzos del presente siglo especialmente en la región bananera de Urabá (Colombia).
Algunos de los demandantes son Víctor Palencia Gómez, padre de Carlos Arturo Palencia Sibaja, quien percibirá 2,4 millones de dólares de indemnización; o Janeth Rivera Vargas y Nini Johana Molina Rivera, esposa e hija, respectivamente, de Albeiro Antonio Molina Román, quienes recibirán una indemnización de 2,1 millones de dólares, cada una.
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Chiquita Brands International, que cerró sus operaciones colombianas en 2004, admitió en 2007 en una corte de Nueva York que había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares, según la empresa “bajo presión”.
Los abogados de Chiquita habían señalado que la multinacional no tuvo más opción que pagarle cerca de dos millones de dólares a las AUC para proteger a sus empleados de la violencia.
Los familiares de las víctimas sostenían, por el contrario, que la empresa de frutas y verduras se asoció voluntariamente con las AUC para proteger su negocio, no a los trabajadores.
Después de una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU., Chiquita se declaró en 2007 culpable de financiar a paramilitares en Colombia, pero no había indemnizado a las familias cuyos seres queridos fueron asesinados por los grupos que financió
En ese entonces, la empresa llegó a un arreglo judicial que le supuso una multa de 25 millones de dólares.
Petro: ¿por qué la justicia colombiana no pudo?
El presidente, Gustavo Petro, cuestionó ayer la labor de la justicia colombiana, tras conocerse el fallo en Estados Unidos que determinó la culpabilidad de la multinacional bananera Chiquita Brands sobre la financiación a grupos paramilitares en el país.
“¿Por qué la justicia de EEUU pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá? ¿Por qué no pudo la justicia colombiana?”, interrogó el Jefe de Estado, desde su cuenta de X.
El mandatario también reiteró su idea de establecer un tribunal de cierre para el conflicto colombiano.
“Si el acuerdo de paz del 2016, que ya sabemos es una declaración unilateral de estado que nos compromete ante el mundo, habla de un solo tribunal de cierre de la verdad judicial, ¿por qué no lo tenemos?”, sostuvo.
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