Una semana después de la intervención en El Plateado, el corazón caucano del Cañón del Micay al que el Ejército entró a sangre y fuego por orden del presidente Gustavo Petro, el jefe de Estado lanzó una propuesta para continuar en su objetivo de arrebatarles los cultivos de coca a los grupos criminales.

Según el mandatario, el Gobierno empezará un plan de compra masiva de cultivos de coca para el campesinado. La idea es inyectar de forma inmediata los recursos que corresponden a la adquisición y permitir que el gremio agricultor tenga cierto ingreso mientras se diseña un plan definitivo de tránsito a economías lícitas.

Lea aquí: Gobierno planea flexibilizar condiciones para empresas de transporte creadas por pequeños propietarios

La iniciativa, aunque va en concordancia con el enfoque expresado por la administración de Petro durante todo su mandato en la política antidrogas, no es ajena a la controversia. El mismo viernes del anuncio, la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Unodc) informó que las hectáreas de cultivos de coca en 2023 fueron 253.000.

El dato significa un aumento de 23.000 hectáreas respecto a 2022. La producción de cocaína, por su parte, pasó de 1.738 toneladas a 2.664. Buena parte de la droga exportada se movía, precisamente, por el Cañón del Micay, un corredor estratégico para la mafia de todo el mundo y para las disidencias de las Farc comandadas por Iván Mordisco.

La legalidad resulta, cuando menos, cuestionable. La base de toda estrategia contra las drogas y las plantaciones en Colombia está en una norma de 1986, la Ley 30, el Estatuto Nacional de Estupefacientes. Entre sus 101 artículos, se establecen funciones para distintas entidades, como el y el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Una de las facultades del Consejo es la reglamentación de las áreas donde se cultiven plantas para obtener o producir drogas, como la hoja de coca. “Estas plantas solo podrán ser cultivadas previa licencia expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto se establezca”, dice la normativa.

Conozca: Tenemos apenas unos años de tiempo para sobrevivir: presidente Petro

Sus reglamentaciones operan por medio de resoluciones y diversas políticas llevadas a cabo por el Gobierno. Como las plantaciones en El Plateado no son precisamente lícitas, el órgano deberá ser parte de cualquier compra.

Incluso, el Consejo puede suspender licencias, ordenar la destrucción de cultivos y diseñar campañas para acabar con la producción, y sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento. Es decir, desde la venta de los cultivos a la que aspira el presidente Petro hasta el plan de largo plazo que se establezca para las plantas requiere su presencia.

En todo caso, la hoja de coca no solo funciona para diseñar la pasta base que históricamente ha financiado a grupos delincuenciales. “Hay quienes creen que la hoja de coca no sirve sino para la cocaína. Los indígenas la hicieron su hoja sagrada porque servía para muchas cosas, incluso para alimentar, y no hicieron nunca cocaína. Quien hizo la cocaína fueron los esclavistas y los capitalistas para que sus obreros no durmieran”, acotó a su turno el presidente Petro.

Precisamente, la misma norma de 1986 afirma que los cultivos de plantas de los que pudiesen derivarse estupefacientes servirán para fines médicos y científicos. La reglamentación al respecto debe surgir del Ministerio de Salud, que, a su vez, también es integrante del Consejo de Estupefacientes.

Entérese: 87 rayos y vías colapsadas tras fuerte aguacero e inundaciones en Medellín

O sea que la compra de cosechas de hoja de coca debe estar acompañada de autorizaciones y reglamentaciones que expliquen que en El Plateado en particular, y en cualquier otra zona en general, el producto de los cultivos ilícitos puede ser utilizado en fines que no sean igual de ilícitos, que luego el Gobierno debe detallar.

El Ejecutivo, asimismo, debe precisar de qué fondo específicamente saldrán los recursos para la compra. Cualquier falencia en la justificación abriría las puertas a investigaciones de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. 

Un problema crucial podría ser que, por ley, todo predio destinado a la explotación de cultivos ilícitos se convierte en destinatario de medidas de extinción de dominio o de reversión, lo que llevaría al Estado a tomar posesión de él y recuperarlo. Se trata de una medida judicial que, en el caso de una compra, debería descartarse.

En las próximas semanas el Ejecutivo deberá definir si la propuesta del presidente Gustavo Petro se convertirá en realidad. 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.