Riesgos fiscales, presupuestales y contractuales: eso fue lo que advirtió la Contraloría tras detectar un incremento de la contratación pública entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026. Esto a pocos días de que el gobierno de Gustavo Petro termine su periodo.
Según el informe presentado por el organismo de control, durante esas cuatro semanas se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a $ 4,55 billones, lo que representa un incremento del 22,5 % frente al mismo periodo de hace cuatro años. Ese dinero corresponde casi al costo total del proyecto del Túnel del Toyo.
Esta contratación “exprés” ocurrió justo en el periodo luego de que se levantó la restricción de la Ley de Garantías, que se trata de una veda para que el Estado no pueda contratar en época electoral.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de la Contraloría fue el crecimiento de la contratación directa, modalidad mediante la cual se celebraron más de 11.000 contratos en ese lapso.
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Los riesgos para las finanzas públicas
Mientras el Ejecutivo enfrenta presiones de caja, rezagos en reservas presupuestales, menores ingresos frente a las metas previstas y necesidades adicionales de financiación, el gobierno igualmente decidió emprender la contratación.
La Contraloría señaló que toda decisión relacionada con nuevos compromisos financieros debe contar con una fuente cierta de financiación, disponibilidad efectiva de recursos y respaldo en la sostenibilidad fiscal.
La entidad advirtió que asumir compromisos sin esas condiciones podría profundizar las presiones sobre la caja del Gobierno Nacional, comprometer el equilibrio del Presupuesto General de la Nación, incrementar las necesidades de endeudamiento y generar una eventual afectación al patrimonio público.
Son siete factores de riesgo
Dentro de la Función de Advertencia, la Contraloría identificó siete factores de riesgo que requieren seguimiento permanente por su posible impacto sobre la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del gasto público.
Entre los principales mencionó el riesgo por insuficiente planeación financiera y presupuestal en contratos de alta cuantía, el crecimiento de la contratación directa y la concentración contractual, así como los riesgos relacionados con la efectividad del control sobre la ejecución de los contratos.
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Además, el organismo advirtió riesgos contractuales y presupuestales en entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior.
El análisis de la Contraloría concluyó que existen riesgos suficientes para activar la Función de Advertencia, mecanismo de control preventivo mediante el cual busca alertar a las entidades antes de que los riesgos se materialicen.
Según el informe, la dinámica contractual del periodo estuvo caracterizada por una alta concentración de recursos en contratos de obra pública y de prestación de servicios, lo que exige un seguimiento permanente para verificar que las obligaciones asumidas respondan a una adecuada planeación financiera.
Otras alertas sobre los recursos públicos
No es la primera advertencia sobre el incremento de la contratación pública tras el levantamiento de la Ley de Garantías. Días atrás, Transparencia por Colombia informó que las entidades del Gobierno Nacional celebraron 6.717 contratos por $3,4 billones en solo 19 días.
“Muchos de esos recursos se asignaron mediante contratación directa, una modalidad que genera mayor discrecionalidad y tiene procesos más ágiles y no competitivos”, dijo a este medio Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.
El informe también señaló que, al menos 11 contratos de alta cuantía fueron adjudicados por el Instituto Nacional de Vías (Invías) para proyectos del programa Vías para la Paz. El de mayor valor correspondió a una licitación de obra pública por $650.400 millones, adjudicada al Consorcio Variante Oriental 057 para la construcción de la variante oriental de Chachagüí, en Nariño.
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