La Corte Constitucional ordenó al Gobierno elaborar un plan para trasladar progresivamente a 2.615 personas que llevan más de un año en estaciones de Policía, bajo la figura de centros de detención transitoria.

De acuerdo con la orden del alto tribunal, el traslado deberá ser efectuado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y la Policía Nacional, en un máximo dos meses, luego de haber presentado un informe con los nombres de las personas afectadas, los establecimientos a los que serían llevadas y los cupos disponibles.

La Corte también exigió que los traslados se hagan sin generar hacinamiento en otros establecimientos, por lo que el plan deberá fijar metas mensuales de traslado y establecer qué medidas se tomarán cuando no haya suficientes cupos en las cárceles. Además de ello, las entidades deberán entregar informes bimestrales sobre su cumplimiento.

Según las cifras presentadas por la Corte, a partir del seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, para el 6 de abril de este año, el sistema tenía una capacidad de 93.654 cupos y albergaba a 124.104 personas en establecimientos de reclusión.

Esto representa una sobrepoblación de 30.450 personas y un hacinamiento global del 33%. En las estaciones y subestaciones de Policía, o centros de detención transitoria, el índice llegaba al 106%.

Al hacinamiento se suman condiciones deficientes como humedad, grietas, ventilación y servicios sanitarios, además de obras inconclusas en cárceles de Girón, Cali, Pasto y Pedregal, que fueron advertidas en su momento por la Procuraduría.

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Asimismo, la Contraloría reportó 122 hallazgos fiscales y advirtió que las inversiones realizadas no se habían traducido en nuevos cupos efectivos ni en espacios puestos en funcionamiento.

Ante ese panorama, la Sala ordenó al Ministerio de Justicia y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) conformar, en un plazo de dos meses, una mesa técnica con participación de los ministerios de Hacienda y Justicia, el Departamento Nacional de Planeación, la Uspec, el Inpec y la Sociedad de Activos Especiales.

La instancia deberá identificar por qué se han retrasado los proyectos, comparar las alternativas disponibles para financiarlos y ejecutarlos y establecer cuáles establecimientos necesitan atención prioritaria.

En principio, tendrá tres meses desde su instalación para presentar un primer diagnóstico y, posteriormente, seis meses para entregar una hoja de ruta con proyectos priorizados, responsables, cronogramas y metas verificables.

Como parte de otras medias tenidas en cuenta por el alto tribunal, la Sala exhortó al Congreso a evaluar la regulación de los mecanismos de financiación y construcción de infraestructura para los centros de detención transitoria, en el marco de su desmonte progresivo.

También pidió al Consejo Superior de Política Criminal y al Legislativo analizar medidas para reducir el ingreso de personas al sistema penitenciario, como alternativas a la prisión y a la detención preventiva, programas de prevención del delito y mecanismos de libertad anticipada.

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