Las denuncias de Deicy Jiménez siguen poniendo en jaque al petrismo. Luego de que la joven de 26 años publicara anoche un video íntimo en el que se le ve con el expresidente Gustavo Petro, la Corte Suprema de Justicia ordenó realizar una inspección judicial a la Secretaría General del Senado para recopilar información de sus contratos.
Vale recordar que Jiménez celebró contratos con la congresista María José Pizarro (Pacto Histórico) cuando fue primera vicepresidenta del Senado, en la legislatura 2023–2024.
La diligencia fue ordenada por el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, quien adelanta las verificaciones sobre las denuncias presentadas por Jiménez. Con esta medida, el alto tribunal busca acceder directamente a los registros contractuales que reposan en la corporación legislativa y contrastarlos con la información aportada durante el proceso.
Infórmese: Minagricultura anuncia auditoría forense a Fedegán en medio de choque con Lafaurie
A esta actuación se suma otra diligencia judicial que estará a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Los investigadores deberán realizar una inspección forense al teléfono celular de Jiménez para recuperar información que pueda tener relación con los hechos denunciados.
¿Qué busca la Corte Suprema?
La revisión del dispositivo telefónico contempla la extracción de archivos, fotografías, videos, conversaciones de WhatsApp, mensajes de texto y otros contenidos digitales que puedan resultar relevantes para la investigación. El propósito es recopilar elementos que permitan contrastar la declaración juramentada de Jiménez y establecer si existen registros que respalden los señalamientos que ha presentado ante las autoridades.
Esta diligencia cobra importancia porque, durante su comparecencia ante la Sala de Instrucción el pasado 29 de octubre, la joven de 26 años ratificó su versión de los hechos después de permanecer más de tres horas ante los magistrados. En esa oportunidad también manifestó su disposición de entregar el celular para que fuera sometido a un análisis técnico de las autoridades.
Las actuaciones buscan reunir información documental y digital que permita avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias expuestas sobre el presunto intercambio de sexo por contratos en el Gobierno del expresidente Petro.
¿Hay otros 48 casos de mujeres instrumentalizadas sexualmente?
Entre los detalles que ha revelado Deicy Jiménez sobre un presunto esquema de contratación estatal, está que en esa red estarían involucradas varias mujeres. La mujer señala que conoció a Petro en 2019, cuando él ejercía como senador, a través de una plataforma para adultos.
Lea: Eln secuestró a una subteniente del Ejército en Saravena, Arauca
Por otro lado, afirma que habría existido una red de entre 30 y 40 mujeres que presuntamente recibieron contratos con entidades públicas a cambio de sostener relaciones sexuales durante la administración del exmandatario.
Hasta el momento, se han identificado al menos diez contratos celebrados y firmados por Jiménez con diferentes instituciones, entre ellas el Senado de la República, el Ministerio del Interior (actualmente tiene uno en ejecución) y la Superintendencia de Vigilancia.
Los documentos que recopile la Corte Suprema permitirán contrastar esos antecedentes con la información que hace parte de la investigación.
Cambio en la representación legal de Deicy Jiménez
La abogada Dina Luz Malo Andrade asumió la representación legal de Jiménez “en su condición de víctima” en cuanto a “la denuncia que presentó ante las autoridades contra el expresidente por “hechos de violencia sexual”. Según informó en un comunicado de prensa, el pasado 3 de noviembre “personas aún sin identificar siguieron a mi representada y la fotografiaron mientras realizaba actividades cotidianas” y que “esas imágenes fueron difundidas”.
Le puede interesar: Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte: Petro rompe el silencio sobre video de Deicy Jiménez
En ese sentido, advirtió que debe esclarecerse quién le está haciendo esos presuntos seguimientos y quién dio la orden; así mismo, pidió a la Fiscalía, la Policía y la Unidad Nacional de Protección “identificar a los responsables de este seguimiento y de la difusión de las imágenes”.
“Mi representada ha sido objeto de amenazas, razón por la cual cuenta actualmente con un esquema de protección. Recuerdo que corresponde al Estado garantizar su vida, su integridad y su seguridad, y advirtió que cualquier hecho que la afecte deberá investigarse de inmediato, considerando su posible relación con la denuncia presentada contra el exmandatario”, añadió Malo.
De igual manera, recordó que el abogado Pipe Caballero renunció por amenazas y pidió que las autoridades tomen medidas de protección para ella, pues “la intimidación a quienes representan a una víctima no puede convertirse en un medio para silenciarla”
Con información de El Colombiano.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
