La Defensoría del Pueblo conminó este sábado al Estado colombiano a superar las graves fallas que tiene el sistema penal carcelario del país, al conmemorarse el Día Internacional de las Personas Privadas de Libertad.
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"La misión como Estado es garantizar que en cada establecimiento penitenciario y centro de detención transitoria haya condiciones mínimas de vida digna; para esto, la Corte Constitucional mantendrá su estricta supervisión judicial para verificar el cumplimiento de sus órdenes, mientras que la Defensoría del Pueblo continuará con las labores de monitoreo para la protección, promoción y defensa de los derechos humanos de la población privada de la libertad", señaló la Defensoría.
La institución encargada de velar por los derechos humanos recordó que desde 2013 el sistema carcelario entró en una profunda crisis, que ha llevado a un problema serio de derechos humanos, un asunto del que se ha ocupado en cuatro ocasiones, desde 1998, la Corte Constitucional, que la llevó a la activación de la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), un mecanismo jurídico reservado a la vulneración masiva de derechos fundamentales por problemas estructurales.
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En varios de esos pronunciamientos, la Corte ha sostenido que el ECI se hace evidente en tres problemas estructurales: el hacinamiento crítico, las fallas estructurales en la política criminal y la descoordinación latente entre el gobierno, el Inpec, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y las alcaldías y gobernaciones.
Frente a la magnitud del problema, la Corte estableció una "hoja de ruta" para poner fin a esta problemática que abarca desde superar el hacinamiento, la formulación de una política criminal a partir de la evidencia, garantizar los derechos humanos, una verdadera resocialización, mejoras a la infraestructura carcelaria, formación de los actores del sector, el establecimiento de una gobernanza institucional, hasta procurar un enfoque diferencia entre la población carcelaria.
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