La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia va a representar un giro radical en el manejo de la paz en el país.

No solo acabará de tajo la Paz Total que lideró el presidente Gustavo Petro, sino que institucionalmente se cerrará cualquier opción de diálogo, que no sea el sometimiento de los grupos al margen de la ley.

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Sin haberse posesionado ya, el presidente electo anunció que acabará con la oficina del comisionado de paz, la consejería de los derechos humanos, la unidad de implementación del acuerdo de paz.

Pero fue más allá y planteó que buscará que los antiguos miembros de las FARC vayan a la cárcel y, de paso, plantea reformas a la JEP, que implicarían una reforma constitucional y desconocer el acuerdo que se firmó en 2016.

Según los argumentos de De la Espriella, estos anuncios hacen parte de una restructuración administrativa en la Presidencia, cuyo fin es el de eliminar un poco más de 229 cargos que dejarían como resultado el ahorro de 10.000 millones de pesos ante un país que queda en medio de un déficit fiscal.

"Se acaba el Comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno", afirmó el presidente electo, al agregar que, a partir del 7 de agosto, "la prioridad será la seguridad del pueblo".

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No obstante, expertos consultados por este medio señalaron que la eliminación de esas oficinas de Presidencia no corresponde a gastos por 10.000 millones, por lo que estas decisiones hacen parte más de las posturas que el presidente ha mostrado tener hacia la búsqueda de la paz.

"El presidente tiene potestad para modificar las consejerías, pero lo que está haciendo De la Espriella no es un cambio sino una demostración de que no hay interés de la Casa de Nariño en materia de paz y de implementación del acuerdo con las Farc y no va a poner esfuerzo público", señaló Laura Bonilla, directora de la Fundación Pares.

A esto también se suma la decisión de dejar todo en manos de la consejería nacional de seguridad, cuyo fin va directamente proporcional a la política de más fuerza pública y más seguridad que dialogo y la paz. "Es malo para el estado y para la sociedad que trabaja de la mano de la paz y los derechos humanos".

A los cuestionamientos se sumó el excandidato Roy Barreras, quien señaló que esta decisión no se podrá tomar por vía decreto porque "tiene anclaje en la ley y en la constitución e implica un mensaje de negación de la implementación del Acuerdo de Paz que es una obligación del Estado con rango constitucional".

Recordó que desde el gobierno de Samper, Pastrana, Uribe, Santos, Duque y hasta el de Petro se mantuvo la figura del comisionado de paz.

¿Fin a la JEP y cárcel para timochenko?

Estas diferencias por parte de Abelardo de la Espriella se hicieron evidentes al cuestionar que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptará la solicitud del exguerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko, de viajar a España.

En sus advertencias, señaló que esa jurisdicción es un "tipo de disfraz para que se mantenga la impunidad y los exguerrilleros responsables de delitos no respondan", situación por la cual advirtió que "Timochenko debería estar preso de por vida" y sugerir desconocer ese tribunal.

Ante la propuesta de llevarlo tras las rejas al exguerrillero y firmante de paz tras los polémicos viajes, lo cierto es que el presidente no tiene las herramientas jurídicas para lograrlo pese a su papel de jefe de estado.

"No lo puede hacer, pero lo puede perseguir con denuncias o otras pruebas para afectarlo. El presidente es buen penalista y tratara de utilizar el derecho penal para cumplirle a sus bases estas promesas populistas, más que enfocarse en propuestas a necesidades reales", señala Bonilla.

Fue tal la polémica de las declaraciones que la directora de la unidad de implementación del Acuerdo de paz, Gloría Cuartas, pidió a la Fiscalía investigar al presidente electo y hasta solicitar la intervención de la Corte Constitucional para activar los mecanismos de protección del acuerdo de paz y su blindaje constitucional.

A esto se suma la discusión de la JEP, que contrario a las consejerías, no es una oficina adjunta a la Presidencia y no tiene todo el poder jurídico administrativo para su fin: la JEP es parte de unos acuerdos constitucionales pactado en el Acuerdo de Paz de 2016 y formalizados en el Acto Legislativo 01 de abril de 2017.

Pese a que no tiene facultades para modificar o eliminar ese tribunal, Bonilla señala que el camino que tomará el presidente electo es quitarle respaldo a la JEP y “si un presidente no lo respalda y no hay voluntad, es muy difícil que las cosas ocurran y eso también se explica en los retrasos”.

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Aunque no oculta la demora en el cumplimiento de sentencias, la investigadora señala que muchos son producto de esta falta de acción se da producto del desconocimiento y la falta de apoyo del gobierno de turno, caso similar al ya vivido con el gobierno Duque.

Incluso agrega que el desconocimiento de la justicia transicional que tanto promulga De la Espriella le traería problemas a él mismo a un futuro. "Se está poniendo su propio obstáculo y su propia pared para avanzar en la política de sometimiento que ha prometido. Nadie se va a someter a la justicia", añade.

Sobre el futuro de la JEP, el mismo presidente Alejandro Ramelli explicó en dialogo con Colprensa que el Tribunal tiene un "blindaje nacional e internacional", incluso desde el Consejo de Seguridad y la Corte Penal Internacional "han rodeado a la Jurisdicción".

Desde la JEP ya enviaron un mensaje al nuevo mandatario para reunirse con el presidente y tener un trabajo articulado al mostrarle los resultados en materia de sentencias imputaciones a máximos responsables, renuncias condicionadas, medidas cautelares, otorgamiento de amnistías y atención a víctimas.

Asimismo, el expresidente Santos, la Defensoría y las Naciones Unidas le recordaron a de la Espriella la obligación constitucional que tiene con el cumplimiento de los acuerdos de paz como jefe de estado y responsable ante el panorama nacional e internacional que el acuerdo firmado en la Habana le invoca.

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