Las decisiones del Gobierno de Abelardo de la Espriella sobre el ejercicio de la protesta pública en Colombia desataron una reacción jurídica desde distintos sectores de la oposición. Congresistas de varias colectividades anunciaron acciones ante las autoridades judiciales para cuestionar la constitucionalidad de la nueva normativa.

Una de las primeras acciones fue presentada por la senadora Jeniffer Pedraza, de la Alianza Verde, quien acudió al Consejo de Estado con una demanda sustentada en cinco argumentos contra el decreto. 

Entre sus reparos, la congresista señaló que las restricciones al derecho a la protesta deben establecerse mediante una ley estatutaria aprobada por el Congreso y no a través de un decreto presidencial. Según explicó, “hacerlo por decreto debilita la movilización y la división de poderes”.

Pedraza también cuestionó las disposiciones relacionadas con el diálogo durante las manifestaciones. A su juicio, la norma permite omitir mecanismos de concertación y abre la posibilidad de disolver protestas pacíficas cuando se presentan bloqueos de vías.

Sobre este punto, sostuvo que “bloquear una vía no es delito por sí solo, y el Gobierno lo justifica con cifras gremiales que él mismo reconoce como no verificadas”.

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Demandan el decreto 1525 de 2026 por limitar la protesta pacífica

Las acciones legales también llegaron desde el Pacto Histórico. Los representantes Laura Daniela Beltrán Palomares y Camilo Torres presentaron una demanda contra el decreto 1525 de 2026, al considerar que sus disposiciones restringen el derecho fundamental a la protesta pacífica.

Beltrán explicó las razones de la iniciativa y cuestionó las facultades del Ejecutivo para modificar las reglas que rigen las manifestaciones sociales.

“Demandamos el decreto que acaba de firmar el gobierno de Abelardo de la Espriella, que modifica el Decreto 003 del 2021, porque busca limitar la protesta social. El actual gobierno no es ni el Congreso de la República ni la Corte Constitucional, por eso acudimos a estos instrumentos legales”.

Los representantes también anunciaron que acudirán a la acción de tutela y solicitarán la suspensión del decreto, con el objetivo de evitar posibles afectaciones a las personas que participen en movilizaciones pacíficas.

Por su parte, el primer vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, presentó otra demanda contra la norma. El congresista argumentó que las limitaciones al derecho a la protesta deben ajustarse a los parámetros establecidos por la Corte Constitucional.

“La Corte Constitucional ha establecido que las restricciones a la protesta deben respetar la reserva de ley y que una manifestación solo puede disolverse bajo condiciones estrictas de gravedad y necesidad. El Gobierno no puede crear nuevas restricciones mediante un decreto”.

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