Parecía una discusión ya resuelta, pero esta semana el conflicto entre los taxistas y las plataformas digitales de transporte (Uber, Didi y Cabify, entre otras) volvió a ocupar titulares de prensa.

Por un lado, por las protestas convocadas por taxistas que tenían, entre otros, el propósito de exigir al Gobierno que tome medidas contra un servicio que ellos consideran ilegal.

Y, por otro, por una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que inició investigaciones contra ellas que podrían terminar en millonarias multas por, presuntamente, infringir la libre competencia.

José Daniel López, presidente de Alianza In, gremio que reúne las principales aplicaciones de tecnología e innovación en Colombia, habla, en entrevista con Colprensa, de estas dos situaciones.

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Sostiene que la SIC está desconociendo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que los respalda, pues asegura que, de por sí, el solo uso de tecnologías no implica competencia desleal.

Y señala que hablar de un enfrentamiento entre los taxistas y las plataformas digitales de transporte ya no tiene sentido, pues en ellas ya hay registradas al menos 230.000 cuentas de taxistas.

¿Qué significa para el gremio de plataformas la decisión que tomó la Superintendencia de Industria y Comercio? ¿Cuál es el impacto que puede llegar a tener una eventual sanción contra ellas?

Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones que tomen las autoridades, en este caso con la Superintendencia de Industria y Comercio, pero sí debemos expresar nuestra preocupación por esta decisión por varias razones: primero, porque creemos que esta decisión va en contravía de una sentencia reciente de la Corte Suprema de Justicia del mes de noviembre del año pasado, que decidió, en última instancia, sobre un pleito que había entre Uber y una empresa de taxis, justamente por competencia desleal que es el mismo tema de esta investigación. Ahí dijo varias cosas muy importantes, lo primero es que el uso de la tecnología por sí sola no podía considerarse como competencia desleal. Segundo, que el disfrute de los avances de la ciencia y la tecnología poniendo como ejemplo a las plataformas como Uber eran un derecho humano de los ciudadanos. Y tercero, que a la hora de interpretar las normas vigentes cuando haya conflictos o controversias sobre este tipo de plataformas, las autoridades públicas no deben basarse en lo que la norma dice textualmente sino que deben considerar que existe un desfase entre el tiempo en el cual se produjeron las normas y la actualidad. Por ejemplo, las normas de transporte en Colombia son de mediados de los años noventa. 30 años después existen realidades digitales completamente consolidadas.

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Este tipo de decisiones pone en riesgo el trabajo de más de 100.000 familias de conductores que trabajan a través de aplicaciones de móvil, que obtienen su sustento, personas mayores que son discriminadas del mercado laboral por su edad o jóvenes que acceden y logran con esto pagar sus estudios, madres cabeza de familia que aprovechando la flexibilidad horaria que dan las plataformas consiguen el sustento de sus hijos y pues resulta sorprendente que un gobierno progresista, un gobierno de corte social vaya a tomar decisiones que puedan afectar el trabajo de estas familias.

Me parece importante mencionar que esto afecta también la libertad de elegir de más de 8 millones de usuarios que tenemos todo el derecho de decidir cómo utilizamos nuestro teléfono celular, qué aplicaciones usamos y cómo hacemos para movernos por ciudades con malas ofertas de transporte público y en donde las necesidades de desplazamiento sobrepasan de lejos la oferta de soluciones de movilidad que tienen las grandes ciudades.

¿Usted como presidente del gremio que les responde a las personas que piensan que hay una competencia desigual entre plataformas y taxistas?

Yo creo que hace mucho tiempo en Colombia no están los taxis allá y las plataformas acá, los taxis coexisten con los vehículos particulares dentro de las plataformas, la mayoría de los taxistas en Colombia toman servicios a través de plataformas de movilidad que hacen parte de Alianza In y en nuestras cuentas hay al menos 230 mil cuentas registradas de taxistas, cuentas a nombre de taxis en las plataformas de movilidad.

Es legítimo que haya un sector muy específico del taxismo minoritario que se opone a las plataformas o las vea como un obstáculo, pero la mayoría ven en las plataformas un medio para trabajar, tener más ingresos y trabajar con más seguridad.

¿O sea que a ciencia cierta hoy ya no se justifica que haya todavía una pelea entre los taxistas y las plataformas?

No la hay. Fíjese, las recientes movilizaciones en Bogotá fueron muy poco concurridas. Yo creo que el discurso antiplataformas es un discurso que cada vez vende menos en el mundo del taxismo, hay empresas muy importantes de taxis que hoy tienen convenios y alianzas con empresas de plataformas; hay un número muy importante de taxistas que presta sus servicios a través de plataformas. Entonces, de nuevo estamos en una democracia y es legítimo que haya un grupo específico de taxistas que rechace la operación de plataformas y que se movilice en torno a eso y lo respetamos profundamente, pero la realidad lo que muestra es que el taxismo y las plataformas no son enemigos, sino que coexisten en el entorno urbano y en el entorno de lo digital.

¿Por qué hasta el momento no se ha logrado en el Congreso o en alguna instancia del gobierno crear una regulación?

Hay un común denominador triste entre los últimos gobiernos nacionales y es que han optado por la prohibición y por la persecución y no por la regulación, a este gobierno le quedan dos años para regular un servicio que es legal, pero al que le falta un desafío más específico. Ojalá este gobierno nacional y la hacemos el llamado en este y los demás medios a seguir ese camino que es el de resolver este tema de fondo.

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¿En algún momento ustedes han infringido las normas bajo las cuales la SIC inició la investigación?

Los detalles de la defensa jurídica sobre este tema le corresponden a las partes procesales que en este caso son las empresas que están siendo objeto de investigación. Lo que sí es muy importante señalar es que, de nuevo, la Corte Suprema ya señaló la sentencia y este es una realidad social absolutamente consolidada y que no hay nada más cercano y relacionado con la competencia desleal que los monopolios de las industrias, las plataformas ofrecemos diversidad de opciones, claramente, lo que hacemos es luchar por mercados más competitivos y con más jugadores.

¿Ustedes creen que el Gobierno está tomando parte por los taxistas en estos momentos?

Nuestro llamado definitivamente es a que el gobierno no se la juegue por la sanción o se la juegan por la persecución, sino que se la juegue por la regulación, quedan dos años para eso.

¿Ustedes con este gobierno han tenido ya algún tipo de mesa de diálogo o han adelantado algún proceso?

El Ministerio de Transporte hizo un acuerdo con nosotros y con otros actores para lograr avanzar en planes de regulación, pero es verdad que eso se quedó en planes y que esas mesas más allá de una unión que nunca llegaron a más, ojalá esta ocasión sirva para retomar ese tema; pero, sin duda el liderazgo en esto le corresponde al Gobierno.

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