La discusión sobre el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para 2027 continúa en el Congreso de la República, donde las comisiones económicas deberán definir una proposición que plantea reducir en alrededor de $100.000 millones los recursos asignados a la entidad. De aprobarse, el presupuesto quedaría en $721.803 millones, una cifra que, según la senadora María Clara Posada, sería cercana a la de este año.
En ese sentido, Posada señaló que la JEP ha destinado $209.904 millones a cuatro rubros que cuestionó en sus redes sociales: $40.365 millones para defensa jurídica de los excombatientes de las Farc que se acogieron a la justicia transicional, $114.202 millones para el arrendamiento de su sede, $31.374 millones para operadores logísticos de eventos y $23.963 millones en tiquetes aéreos.
La congresista sostuvo que el recorte debería ser, como mínimo del 50 %, al considerar que el país atraviesa una situación fiscal que exige reducir los gastos de funcionamiento. También cuestionó que la jurisdicción no haya explicado, según su apreciación, cómo se han ejecutado los recursos en ese periodo.
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Uno de los puntos señalados por Posada corresponde a la defensa jurídica de los comparecientes. La senadora advirtió que se hayan utilizado recursos de la jurisdicción para financiar abogados de desmovilizados de las Farc y recordó una estimación de Forbes de 2014 sobre una supuesta fortuna de esa organización avaluada en US$600 millones.
El arrendamiento de la sede de la Jurisdicción constituye otro de los rubros cuestionados. Según la congresista, este contrato ha representado más de $114.000 millones para el Estado, equivalentes a unos $16.314 millones anuales. María Clara Posada afirmó que en 2022 se suscribió un contrato por cuatro años con vigencias futuras y cuestionó que no se hubiera buscado una alternativa de menor costo.
En materia de desplazamientos, la senadora afirmó que la JEP gastó $23.963 millones en tiquetes nacionales e internacionales. Dentro de este rubro mencionó 190 comisiones de servicio, 34 de ellas al exterior, además de retiros en hoteles de lujo en Palomino.
También reclamó que los $31.734 millones destinados a operadores logísticos para eventos y planteó si este gasto era necesario teniendo en cuenta el costo de la sede de la jurisdicción.
¿Qué responde la JEP?
Ante los cuestionamientos, el tribunal de paz publicó una respuesta en la que aclaró las cifras relacionadas con la defensa de los comparecientes. La entidad explicó que el valor global de los convenios suscritos con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD Colombia) no corresponde al ingreso individual de abogados.
Según la jurisdicción, desde su creación se ha garantizado el derecho a la defensa y el debido proceso de víctimas y comparecientes, incluidos los firmantes del Acuerdo Final de Paz y exintegrantes de las Farc-EP, de acuerdo con la Ley Estatutaria de la JEP. Los convenios con FUPAD incluyen asesoría jurídica, defensa técnica y acompañamiento psicosocial.
La corporación judicial agregó que estos equipos están integrados por abogados, psicólogos, analistas y asesores, entre otros profesionales, para fortalecer el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la Secretaría Ejecutiva.
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En el caso de la defensa técnica judicial de quienes pertenecieron al último secretariado de las extintas Farc-EP, la entidad detalló que participan dos abogados de defensa jurídica, tres de coordinación jurídica, un abogado adicional de coordinación y un abogado asesor, con honorarios mensuales que oscilan entre $8.536.421 y $10.408.452.
La jurisdicción sostuvo que la defensa técnica constituye una garantía del debido proceso y un componente esencial de la administración de justicia. Al mismo tiempo, afirmó que la financiación debe estar sometida al escrutinio público, pero pidió que ese análisis se realice con información completa, verificable y contextualizada.
La discusión presupuestal continuará en las Comisiones Económicas, que deberán determinar si prospera la reducción propuesta para la JEP en 2027.
