El gobierno de Abelardo de la Espriella prepara una novedosa estrategia de seguridad para aislar a los criminales más peligrosos del país. Se trata de la iniciativa Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), un proyecto que utilizará embarcaciones oficiales en altamar como cárceles transitorias de máxima seguridad para evitar que los reos sigan coordinando homicidios, extorsiones y narcotráfico.

La propuesta surgió durante un Consejo de Seguridad en el Atlántico orientada a resolver las problemáticas de orden público en las capitales. El plan requerirá un trabajo conjunto entre la Armada Nacional y el Inpec, donde los militares aportarán las naves y la experiencia técnica, mientras que el personal penitenciario asumirá la vigilancia y custodia de los detenidos.

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Coordinación técnica y desconexión de señal

Para garantizar la inhabilitación completa de las comunicaciones a bordo, la Policía Nacional, el Ministerio de las TIC y los operadores privados de telefonía instalarán sistemas inhibidores de señal de alta tecnología. Los informes preliminares indican que las naves se desplegarán de forma estratégica en el mar Caribe, cerca de Cartagena, y en el océano Pacífico, cerca de Buenaventura.

Se calcula que el plan entrará en funcionamiento en un periodo de dos a tres meses. Antes de su puesta en marcha, las autoridades deberán acondicionar las fragatas con cámaras de seguridad, literas y blindaje, además de enfrentar eventuales batallas jurídicas por parte de defensores de derechos humanos que argumenten violaciones al debido proceso o al arraigo familiar.

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Antecedentes del uso de fragatas como prisión

Esta medida sentará un precedente al convertirse en una política pública permanente para reos peligrosos, aunque ya cuenta con antecedentes en el país. En 2007, el exjefe paramilitar del Bloque Central Bolívar, alias 'Macaco', estuvo recluido durante 47 días en un buque de la Armada en el Caribe antes de su extradición.

Con la implementación de REMAS, el Ejecutivo busca asestar un golpe definitivo a las redes de extorsión y delincuencia organizada que operan desde los pabellones penitenciarios del país, reforzando las acciones de control en sus primeras semanas de mandato.

Tomado de El Colombiano.

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