El abogado de Eva Ferrer, Jhony Batalla, anunció que su clienta no asistirá a la declaración a la que fue citada por la Fiscalía en el marco de la indagación contra Verónica Alcocer. Ferrer señaló a la ex primera dama de transportar armas y drogas durante sus viajes. Esta es la tercera vez que la diligencia no se lleva a cabo.
Batalla explicó que a su cliente no le han dicho qué seguridad le van a brindar. “Por eso básicamente vengo a coordinar ese tema para que ella dé la declaración que tiene que dar y aporte las evidencias que tiene que entregar”, dijo el abogado de Ferrer.
Asimismo, el abogado explicó que Ferrer no se encuentra en Colombia; sin embargo, estaría dispuesta a entregar las pruebas que tiene en contra de la exprimera dama.
La investigación tiene origen en una serie de grabaciones filtradas por la revista Semana en las que Ferrer, entonces mejor amiga de la exprimera dama, habla de graves hechos de corrupción, uso de testaferros y manejo irregular de recursos en su entorno cercano.
A esa investigación se sumarán las declaraciones entregadas este fin de semana, en las que se revelan episodios graves sobre el supuesto movimiento de dinero en efectivo e irregularidades de seguridad.
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Ferrer aseguró que se habrían hecho viajes no registrados en el avión oficial a Venezuela para transportar fondos e insumos no declarados, y señaló a cercanos a la primera dama de mover capitales sin control.
Entre esos insumos, habría aparentemente 2,5 millones de dólares y hasta droga.
Frente a esas acusaciones, Verónica Alcocer radicó un derecho de petición ante la Fiscalía para conocer los detalles del caso.
En el documento revelado por el periódico El Tiempo, la exprimera dama aseguró que solo viajó dos veces a Venezuela en actos protocolarios. La primera, el 31 de enero de 2023, y la segunda, el 18 de noviembre de 2023, esta última en compañía del presidente de la República.
"No realicé ningún otro desplazamiento a ese país, ni siquiera a título personal. Ambas visitas cuentan con registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual de acceso público, divulgado tanto en Colombia como en Venezuela, que permiten verificar las actividades realizadas y las personas que participaron en ellas", aseguró.
La Fiscalía tiene 10 días para responder a esa solicitud.
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