La Contraloría General de la República finalizó las 62 mesas técnicas adelantadas para revisar el estado de los recursos públicos e identificar los principales riesgos fiscales que recibirá la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella.
Al término del proceso, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró que la información permitió al nuevo Gobierno profundizar varias de las preocupaciones que tenía sobre las condiciones en las que recibirá el Estado.
Según Restrepo, encontraron una presión fiscal cercana a los $30 billones en el presupuesto de 2027, mientras aumentan los gastos asociados a la deuda y permanecen estancados los recursos destinados a inversión.
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El vicepresidente electo también afirmó que existen ingresos presupuestados que, de acuerdo con los análisis conocidos durante las mesas, podrían no materializarse, por lo que anticipó la necesidad de revisar el gasto público.
“Hay una enorme necesidad de un ajuste en materia de gasto público”, señaló Restrepo, quien agregó que recibieron una alerta sobre obras inconclusas que requerirían cerca de $54 billones para ser rescatadas y otras consideradas irrecuperables por alrededor de $214.000 millones.
Restrepo sostuvo que existen obligaciones pendientes cercanas a $5,6 billones relacionadas con subsidios de energía y gas y advirtió que, según la información revisada, durante 2026 solo se habría atendido una cuarta parte de las obligaciones previstas por ese concepto.
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“Tendremos que hacer un gran esfuerzo fiscal para cumplir con esa obligación”, aseguró el vicepresidente electo, quien responsabilizó al Gobierno saliente por la situación.
Asimismo, Restrepo cuestionó los niveles de ejecución en materia de transporte registrados durante 2025 y advirtió sobre controversias que, según indicó, podrían representar pretensiones contra la Nación cercanas a los $14 billones.
En torno a la política agraria, de la meta de 1,5 millones de hectáreas prevista para entrega de tierras se habría cumplido cerca del 18 %, mientras unas 45.500 familias estarían pendientes de contar con títulos formales.
A esas preocupaciones agregó la falta de recursos para financiar compromisos del programa dirigido a adultos mayores, calculada en cerca de $3,2 billones, y alertas relacionadas con la contratación para la atención de la primera infancia.
Frente a las conclusiones presentadas por el Gobierno entrante, el vicecontralor, Carlos Enrique Silgado, enfatizó que la participación de la entidad en la transición no tiene carácter político y que su función se limitó a entregar información derivada del control fiscal.
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“Hoy podemos decir que el Gobierno entrante tiene un diagnóstico técnico totalmente objetivo y confiable”, sostuvo Silgado.
Las reuniones, realizadas entre el 8 y el 31 de julio, abarcaron los principales sectores de la administración pública y estuvieron sustentadas en auditorías, estudios, alertas y análisis elaborados por el organismo de control.
La Contraloría precisó además que los datos suministrados durante las 62 mesas provienen de información reportada por las entidades sometidas a vigilancia, posteriormente contrastada y analizada por sus equipos técnicos.
Su objetivo, explicó, fue advertir sobre riesgos en el manejo de los recursos estatales y entregar elementos para que la nueva administración determine las decisiones que adoptará una vez asuma el Gobierno.
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