Una juez de control de garantías de Barranquilla avaló la medida de aseguramiento en detención domiciliaria contra Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, y otros cinco procesados por su presunta participación en el secuestro y tortura de un hombre. La decisión se conoció luego de que los implicados alcanzaran un preacuerdo con la Fiscalía, en el que aceptaron su responsabilidad a cambio de una pena de cinco años y diez meses de prisión.
Según el ente acusador, la víctima era un cobrador de esa organización, identificado como Carlos Alfredo Mejía Vargas, a quien los hoy procesados responsabilizaban por la desaparición de entre 15 y 30 millones de pesos.
La investigación sostiene que el hombre fue sacado de su vivienda, retenido contra su voluntad y trasladado hasta un inmueble del barrio Ciudad Modesto, donde habría sido sometido a múltiples agresiones.
La Fiscalía asegura que, durante el cautiverio, los responsables se comunicaron con la familia de la víctima para exigir 15 millones de pesos a cambio de su liberación. Al conocer que sus allegados no podían reunir esa suma, habrían planteado la entrega de una vivienda como forma de pago.
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El rol de Luis Mariano Díaz en el secuestro y la tortura
En la audiencia, el fiscal Rodrigo Restrepo señaló que Luis Mariano Díaz habría tenido un papel activo en los hechos. De acuerdo con la investigación, llegó al lugar donde permanecía retenido el cobrador, dirigió parte de las agresiones, lo golpeó con la cacha de un arma de fuego y continuó interrogándolo sobre el dinero desaparecido.
El ente acusador también le atribuye haber respaldado las exigencias económicas hechas a la familia de la víctima.
Al resolver la solicitud de medida de aseguramiento, la juez Shiela Tatiana Ortega consideró ajustada a derecho la petición presentada por la Fiscalía y ordenó que los seis procesados permanezcan privados de la libertad en sus lugares de residencia. Además, dispuso que todos sean monitoreados mediante dispositivos de vigilancia electrónica bajo supervisión del Inpec.
El fiscal Restrepo explicó que la pena acordada en el preacuerdo se obtuvo tras sumar la sanción mínima prevista para el delito de secuestro simple con el concurso del delito de tortura, para un total de 140 meses de prisión.
Esa condena fue reducida a la mitad debido a que los procesados aceptaron los cargos durante la etapa de imputación.
La Fiscalía agregó que el acuerdo también incluyó medidas de reparación a favor de la víctima, entre ellas la devolución de los tres millones de pesos entregados durante el secuestro, el pago de una indemnización cercana a los diez millones de pesos y un compromiso de no repetición asumido por los implicados.
Los demás procesados del caso son Keiner Enrique Rocha Gamero, Dairo Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Stiven Rafael Bolaños De la Hoz y Alexis Rafael Jiménez Urina.
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