La jueza 41 de Control de Garantías de Bogotá declaró reservada la audiencia de imputación contra el expresentador de televisión Jorge Alfredo Vargas, investigado por presunto acoso sexual por hechos ocurridos entre 2024 y 2026.
La decisión acoge la solicitud hecha por las víctimas con el fin de protegerlas. La juez explicó que la petición es necesaria.
"El despacho observa que la finalidad de las medidas consiste en proteger la intimidad, dignidad, seguridad e integridad de la víctima, así como evitar su revictimización", explicó la togada.
En total existen, según se explicó en audiencia, cuatro víctimas del presentador.
Por los hechos por los que será imputado, Caracol Televisión rescindió su contrato. Hizo lo mismo con Ricardo Orrego.
“Después de 20 años de trabajo para Caracol Televisión, decidimos, de común acuerdo, dar por terminada mi relación laboral con la empresa, dada la coyuntura y la posición institucional, la cual resulta entendible”, expresó en su momento el presentador.
Lea aquí: Consejo de Estado suspende nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz
En su pronunciamiento, divulgado a través de su cuenta de la red social X, Vargas explicó que su comportamiento siempre se rigió por los parámetros del respeto y aclaró que, si alguna persona interpretó sus actitudes de manera diferente, jamás albergó el propósito de causar daño.
El escándalo en el canal privado mostró un panorama profundo de intimidación corporativa que, según alertó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), no es exclusivo de esta cadena, sino que constituye un patrón sistemático documentado desde hace varios años en medios como RCN y el sistema público RTVC, promoviendo la autocensura de las víctimas.
La organización no gubernamental explicó que la impunidad frente al acoso adquiere mayor gravedad cuando los presuntos responsables ostentan posiciones de poder, referenciando de manera directa el caso de Hollman Morris, actual gerente de RTVC, quien fue denunciado por hechos ocurridos en su etapa como concejal por Lina Marcela Castillo, mujer que paradójicamente enfrenta hoy un proceso por injuria y calumnia en un escenario judicial marcado por la presencia intimidatoria de contratistas del Estado.
