Los ojos de gran parte del mundo están sobre Venezuela a raíz de las últimas decisiones del presidente de ese país, Nicolás Maduro, quien este miércoles sorprendió con una orden dirigida a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Desde el 2019 se instaló tal instancia en Venezuela, pero ya no podrá permanecer más allí debido a que el gobierno considera que desarrolla un papel “impropio”. 

“Lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”, afirmó el canciller Yván Gil. Por tanto, se le dio 72 horas a cada miembro del personal para que abandone el país a menos de que “rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas”.

Coincide con la visita del relator de la ONU, Michael Fakhri, quien tras acercarse al gobierno y hacer sus respectivos informes alertó que “aún hay hambre y desnutrición” en el país debido a problemas de distribución de los alimentos, disminución del poder adquisitivo de la población y el impacto de las medidas coercitivas impuestas por otros países.

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Un silencio ensordecedor

Esta actitud ha sido rechazada por países latinoamericanos como Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay, que en un comunicado conjunto también manifestaron la necesidad de que se hagan “elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo”, a propósito de la inhabilitación de María Corina Machado.

Sin embargo, Colombia que es el vecino más cercano (por distancia e ideología de sus mandatarios) no se ha pronunciado firmemente más allá de unas cortas declaraciones del canciller (e) Luis Gilberto Murillo, al ser cuestionado por periodistas en Alemania, donde se encuentra con el primer mandatario.

Según dijo, desde el Gobierno se han “tenido canales diplomáticos muy moderados y muy discretos que han ofrecido la posibilidad de llegar a acuerdos”. Acto seguido, destacó que “Colombia jugó un papel importante detrás del Acuerdo de Barbados, que es la hoja de ruta que tenemos hoy, así que seguimos trabajando. Hay un compromiso de fondo del gobierno Petro”.

Lo que resulta contradictorio es que apenas un día antes de que Maduro expulsara a la ONU, el Presidente actuando casi como un oráculo escribió en su cuenta de X: “Todos los que excluyen a la CIDH y a la ONU de sus países no solo lo hacen porque no quieren saber de derecho internacional humanitario sino porque desencadenan dictaduras y genocidios. Los Videla, Netanyahu y Pinochets de hoy son los aprendices de Hitler”.

Para Nastassja Rojas, profesora y consultora en derechos humanos, no es una sorpresa el silencio colombiano, pero lo que no puede ser aceptable es que “los derechos humanos tengan un sesgo ideológico”.

La razón, argumenta, puede pasar incluso por el hecho de que hay unas negociaciones en curso con el ELN que “no solamente tiene presencia en el país, sino que la Misión de Verificación de Naciones Unidas conoció que opera en colaboración y complacencia con el régimen”.

Pero entonces, ¿qué debería hacer Colombia si en el pasado se han empleado estrategias distintas que tampoco dieron resultado? En el gobierno inmediatamente anterior incluso se retiró al país de Unasur para hacer parte de Prosur, un mecanismo que pretendía fortalecer la integración entre aquellas naciones sudamericanas que se oponían al régimen de Nicolás.

Al momento de anunciar el retiro, el entonces presidente Iván Duque argumentó que la organización se había prestado “con su silencio, y muchas veces con su complacencia, para que no se denunciaran los tratos brutales de la dictadura de Venezuela a los ciudadanos”.

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Por ese entonces también ocurrió uno de los episodios más memorables: el cierre de la frontera que inicialmente era por 72 horas y terminó por alargarse siete años. La motivación fue el ataque perpetuado por presuntos paramilitares a tres militares y un civil en el estado de Táchira, así que Maduro amenazó con concluir la cuando “capturemos a esos asesinos”.

Así que lo que precisa la experta consultada es que el cierre de la frontera correspondió a una decisión unilateral: “Eran momentos muy distintos y estrategias distintas. Quien rompió relaciones fue Venezuela, no Colombia, Colombia lo que hizo fue responder”, dijo en entrevista con Colprensa.

En las circunstancias actuales, sin embargo, no cree que la historia deba repetirse, pues el país –especialmente Cúcuta– ha visto un resurgir. Difiere esa realidad con la del país vecino, apunta, pues el gobierno no implementó una estrategia para que ambas economías fueran complementarias.

Lo que sí debería ocurrir es que “si el Presidente quiere seguir demostrando su vocación democrática, debería mostrar una posición distinta”. Por ahora, dice Rojas, “su actitud está ayudando a que las condiciones en Venezuela no cambien y el primer afectado es Colombia”.

Todo es una cadena

Otro punto a resaltar es que para analistas internacionales no están sucediendo hechos aislados, sino que todo hace parte de una cadena.

Esta semana también fue noticia la detención de la activista Rocío San Miguel, quien más que una opositora al régimen venezolano, es sobre todo defensora de derechos humanos, y según ONU Derechos Humanos, el caso califica potencialmente como una desaparición forzada.

Según reportaron medios como CNN esto no bastó, sino que al menos seis funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ingresaron a su casa y retuvieron a su hija y a su abogado también.

Ante lo ocurrido, el presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou expresó con vehemencia que “es claro que Venezuela es una dictadura”: “No hay elecciones libres y detuvieron a otra persona justamente. Quien no lo quiere decir es por algo, porque si ladra, tiene cuatro patas y muerde la cola es un perro”, fueron las palabras que utilizó.

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¿Quién pierde?

A esta tesis se une la docente, quien aseguró que lo que se está evidenciando es una escalada y nueva etapa dentro del régimen de Nicolás Maduro, que “aparentó querer negociar y simuló estar debilitado con un fin único: la liberación de Alex Saab”.

“Nos damos cuenta de que las elecciones fueron un espejismo y jugaron con las esperanzas de la gente”, precisa.
Y lo cierto, dice, es que por más pronunciamientos de la comunidad internacional estos no le representan ningún daño. “¿Qué podrían perder? Están mostrando que no están dispuestos a negociar. Es la población la que pierde, la misma que en los últimos 10 años cada vez se ha visto cada vez más acorralada”.

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