El expresidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo escándalo tras su salida de la Casa de Nariño. Este fin de semana, Deyci Jiménez lo señaló de presuntamente facilitarle contratos estatales a cambio de favores sexuales. Entre esas vinculaciones habría una directamente con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Así lo reveló Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, quien aseguró en Blu Radio que encontró ese vínculo al revisar los registros de contratación de la denunciante.
Hasta ahora se conocían sus contratos con el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior. Sin embargo, el hallazgo señalado por Enciso pone también el foco en la entidad encargada de apoyar la gestión del presidente de la República.
El registro, aseguró, fue publicado el 25 de julio de 2026 y corresponde a una vinculación como auxiliar administrativa que ya finalizó. Ese contrato abre nuevas preguntas: quién solicitó la contratación de Jiménez, qué necesidad debía cubrir y qué labores desempeñó.
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Aunque los registros dan cuenta de que Jiménez sí tuvo contratos estatales, eso no prueba en su totalidad que los hubiera recibido como pago por encuentros sexuales, como aseguró en su entrevista con Semana. Para demostrar eso, ahora la denuncia queda en manos de las autoridades competentes.
Por su parte, anoche el expresidente Petro salió al paso de la denuncia y negó esa acusación. Rechazó haber entregado contratos a cambio de relaciones sexuales.
La denuncia
La revelación llegó después de que el director del Instituto Anticorrupción, que Enciso dirige, firmara una denuncia dirigida a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, con copia a la Corte Suprema de Justicia.
En el documento, pidió esclarecer si los contratos mencionados por Jiménez respondían a necesidades reales de las entidades y si los servicios se prestaron, tal como demuestran las adjudicaciones.
El recorrido contractual de Jiménez comenzó antes de la llegada de Petro a la Presidencia.
Los primeros registros conocidos corresponden a 2021, cuando prestó servicios de apoyo en Recursos Humanos del Senado. En 2022 volvió a ser contratada por la corporación y continuó vinculada después del cambio de gobierno.
En 2025, Jiménez pasó a entidades del Gobierno nacional. El 11 de junio comenzó un contrato con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada por $18 millones, para apoyar el archivo y la organización documental. El plazo estaba previsto hasta el 10 de diciembre de ese año.
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Cuando esa vinculación todavía estaba vigente, obtuvo otra con el Ministerio del Interior por $11.151.338. Allí debía apoyar la consolidación de informes sobre proyectos y contratos financiados o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
En enero de 2026 suscribió otro contrato con esa cartera, por $30.457.094, con funciones similares y plazo hasta el 31 de diciembre.
A ese recorrido se suma el registro del Dapre mencionado por Enciso en Blu Radio, que hasta el momento no aparece en la denuncia que se presentó el día de ayer.
En total, los diez contratos suman $133.151.099, según los registros del Portal Anticorrupción de Colombia (PACO). Los tres primeros se suscribieron antes de la posesión de Petro. Los siete restantes, firmados durante su gobierno, suman $116.531.099.
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