Al lío por corrupción en la compra de carrotanques para suministrar agua en La Guajira, a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), se le sumó otro proceso relacionado con las irregularidades en los contratos de las obras para la reconstrucción de Mocoa, Putumayo.
Se trata de una investigación abierta en las últimas horas por la Procuraduría General contra López y el también exdirector de esa Unidad, Eduardo José González, por posibles actuaciones ilegales en la ejecución de las obras para las que se destinaron más de $185 mil millones provenientes del sistema general de regalías.
Entre otras cosas, la investigación busca establecer la destinación de recursos para 86 actividades no relacionadas con uno de los proyectos de construcción, como un viaje a San Andrés y Providencia por ocho días para hacer seguimiento a las actividades desarrolladas en el marco de la emergencia por el paso del huracán Iota y una supuesta asesoría para apoyo en temas ambientales relacionados con la reconstrucción de Mocoa.
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En desarrollo del proceso disciplinario, el Ministerio Público tuvo acceso a unos 18 contratos, los cuales hacen parte del Plan de Acción Específico presentado por la alcaldía de Mocoa en el marco de un decreto de calamidad pública expedido en 2021, con el fin de acelerar las obras de mitigación del riesgo y evitar una nueva tragedia.
En dichos contratos, dice el organismo de control, se detectaron presuntos retrasos en ejecución, contratación de personal para ejercer la supervisión, y afectaciones en la ejecución de recursos.
En la etapa de preinversión, por ejemplo, se detectaron presuntas deficiencias en estudios, diseños y presupuestos en cuatro de las 18 obras. Posteriormente, durante la ejecución se hallaron posibles irregularidades técnicas que no fueron consideradas y habrían puesto en riesgo la infraestructura existente, también construcciones en ejes ambientales sin los respectivos permisos y trámites ambientales.
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El órgano de control solicitó copia de los contratos de obra e interventoría suscritos por la Ungrd, además de los dos contratos firmados para el viaje a San Andrés y la asesoría en temas ambientales y de vivienda, con sus respectivos certificados de Disponibilidad Presupuestal y soportes de su ejecución.
También una certificación actualizada sobre el avance real de las diferentes obras contratadas para reducir y mitigar el riesgo en Mocóa.
Por los hechos mencionados, fueron vinculados a la investigación Gerardo Jaramillo, secretario general de la Ungrd, Rocío Rivera, vicepresidenta jurídica de Fiduprevisora, Luis Alexander Mejía y Rosa Edilma Agreda, directivos de Corpoamazonía, además Diego Fajardo, Jámirsón Cuellar, Héctor Adrada y Jairo Granados, representantes legales de cuatro entidades interventoras de las obras.
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