Para el momento en el que la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en la Guajira, 4.772 niños y niñas menores de cinco años habían muerto por causas asociadas a desnutrición, entre el 2004 y 2016. Nueve años después de la Sentencia, entre 2017 y 2026 se han registrado más de 550 muertes, todas ellas evitables, dejando al departamento con una tasa de mortalidad infantil 8,3 veces superior a la media nacional.

Para el 2025, el Auto 1179 de 2025 estableció que entre 2018 y 2024 murieron 729 niños y niñas Wayuu menores de cinco años en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia por desnutrición, enfermedad diarreica o infección respiratoria. Un año después, el Auto 1019 de 2026 encontró que apenas el 22,7% de los niños y niñas Wayuu incluidos en el registro examinado recibía más de 20 litros de agua diarios.

El 8 de mayo de 2017, la Corte Constitucional concluyó que la muerte de niños y niñas Wayuu por hambre, sed y enfermedades prevenibles era el resultado de una vulneración generalizada y sistemática de derechos fundamentales y de fallas estructurales del Estado, situación que también había sido advertida y vigilada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015.

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Para ese momento, el alto tribunal pudo determinar una cadena de fallas, en las que la falta de agua incidía en la alimentación y la salud; la desnutrición aumentaba la vulnerabilidad frente a enfermedades; las distancias entre las comunidades y los centros de atención dificultaban el diagnóstico y el tratamiento; y la desarticulación institucional impedía que las medidas respondieran de manera integral a las necesidades de la población.

La Corte encontró que las políticas implementadas hasta entonces no cumplían los parámetros constitucionales mínimos para garantizar los derechos de la niñez, por lo que estableció, entre muchas otras medidas, que los indicadores básicos de mortalidad y desnutrición infantil debían alcanzar, al menos, los estándares mínimos previstos en los planes oficiales o el promedio nacional. Es decir, que las condiciones de vida de los niños Wayuu se acercaran a las del resto de la niñez colombiana.

Para materializar los objetivos de la Sentencia, la Corte ordenó que, dentro de los seis meses siguientes a su notificación, las autoridades crearan un plan que reuniera las acciones de las entidades, definiera responsabilidades, estableciera plazos y permitiera evaluar los resultados. Sin embargo, ese plazo venció hace más de siete años.

Según cifras del magistrado Carlos Camargo, presidente de la Sala Especial de Seguimiento, desde que fue emitida la Sentencia y hasta hoy, la Corte ha expedido 136 providencias, realizado siete sesiones técnicas y tres inspecciones judiciales. Todas ellas han coincidido en que el Estado y sus instituciones se han fragmentado, sin que exista una responsabilidad efectiva para superar la crisis.

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“Mientras no exista un plan único con responsables definidos, con recursos identificados y metas medidas en goce efectivos de derechos, cada entidad seguirá respondiendo por sus actividades y ninguna responderá por los resultados”, expuso Camargo durante la última sesión técnica convocada por la Corte.  

La muerte en una trocha

Como ejemplo tangible del fracaso de la Sentencia y del Estado, en septiembre de 2026, la Sala recibió una denuncia comunitaria sobre una mujer gestante de la comunidad de Caraguama, en el corregimiento de Jojoncito, Uribia, que presentó complicaciones durante el trabajo de parto. Según el relato puesto en conocimiento de la Corte, su familia contactó a la IPS responsable del territorio y a la Secretaría de Salud municipal, pero la respuesta fue que no podían llegar por la distancia, la hora y las condiciones de seguridad.

Ante la gravedad de la situación y las complicaciones del parto, la comunidad organizó el traslado por sus propios medios, sin embargo, la recién nacida murió en el camino, mientras su madre pudo ser atendida hasta que llegó a una institución de salud de Riohacha.

“El Estado volvió a fracasar. Si la sentencia T-302 de 2017 se hubiera cumplido, esa niña no habría muerto en una trocha (…) Esa muerte era evitable. Es la consecuencia directa de 9 años de órdenes incumplidas”, sostuvo el magistrado Camargo.

Señaló que, para eso, la sentencia había ordenado que la atención en salud llegara a las comunidades dispersas, que existieran medios de transporte y que las rutas de atención funcionaran, pero hasta hoy, nada de eso había sido materializado, e incluso el plazo establecido para entregar la información sobre los recursos destinados a superar la crisis había vencido más de un año antes.

“Cada peso que se desvía de su finalidad constitucional, cada contrato adjudicado sin criterios objetivos y cada beneficio asignado por cercanía política tiene una consecuencia que no aparece en los informes de gestión. Una niña sin agua potable, un niño sin atención médica oportuna, una comunidad que sigue esperando”, sostuvo.

Y agregó que “las órdenes de la Corte Constitucional no son recomendaciones, son el mínimo constitucional para que las niñas, niños y adolescentes Wayuu vivan con dignidad. Su cumplimiento no es facultativo, y la sala no dudará en abrir incidentes de desacato contra los funcionarios que con nombre propio tengan a su a su cargo órdenes incumplidas (…) Las comunidades no pueden quedar condenadas a una espera perpetua”.

Un plan de 200 páginas

Durante la última sesión técnica convocada por la Corte y realizada en Riohacha el pasado 13 de octubre, la veeduría ciudadana para la implementación de la sentencia, en cabeza de su presidenta, la doctora Ruth Chaparro, presentó a la Corte una sistematización de 200 páginas, radicada el 11 de noviembre de 2025, que organiza las propuestas existentes para construir el plan estructural.

Chaparro explicó que el informe fue elaborado a partir de más de 100 documentos y 1.000 folios, y que clasificó la información según los ocho objetivos constitucionales, estableció una línea de base y analizó la priorización, pertinencia y viabilidad de las medidas.

El trabajo también tomó en cuenta el sistema normativo Wayuu, los principios de sus formas propias de organización y los procesos de diálogo con autoridades y líderes comunitarios. Dicha propuesta incluye metas progresivas entre 2025 y 2035, líneas estratégicas, mecanismos de articulación y evaluación, así como un enfoque territorial para que las intervenciones respondan a las diferencias entre zonas y comunidades.

Sin embargo, Chaparro cuestionó que, después de presentar esa sistematización, el Gobierno continuara trabajando en otro borrador sin incorporar de manera suficiente el material entregado por la veeduría.

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Según su exposición, durante los años de seguimiento se realizaron 51 reuniones con el pueblo Wayuu, 40 encuentros comunitarios de preconsulta, ocho asambleas de alto nivel y tres asambleas de preconsulta en Manaure para el plan provisional, sin que ninguno de esos espacios lograra convertirse en un instrumento único y operativo.

Además, señaló que, aunque la sentencia ordenó un diálogo genuino con sus autoridades legítimas, las comunidades no son invitadas a participar en los procesos diseñados por las instituciones, sino que su participación se limita a ser “sujetos procesales” en la construcción de las medidas que afectan sus derechos.

Agua, alimentación y salud

Chaparro explicó que una de las principales fallas que enfrenta el Estado es el desconocimiento de la propia geografía de la Guajira, por lo que planteó como necesario realizar estudios sobre las fuentes hídricas disponibles, y sobre la incidencia de la minería a gran escala en el recurso. Dichos estudios deben estar acompañados por las comunidades, quienes pueden definir soluciones adecuadas para su territorio.

Por otra parte, planteó fortalecer la producción local, las huertas y los sistemas agroforestales, así como incorporar productos regionales en los paquetes alimentarios, para solucionar los problemas de calidad, pertinencia cultural y seguridad alimentaria que no han sido resueltos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y su Programa de Alimentación Escolar. En ese sentido, planteó que una solución efectiva y a largo plazo sería crear condiciones para que las comunidades puedan producir, acceder y sostener su propia alimentación.

Asimismo, expuso que, aunque hay avances en equipos móviles y promotores comunitarios, es necesario construir y poner en funcionamiento centros de atención primaria interculturales, rutas móviles de médicos, traductores, parteras y promotores indígenas, así como mecanismos para integrar prácticas de cuidado propias del pueblo Wayuu al sistema de salud.

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