La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó una serie de recomendaciones y deslizó algunas críticas al decreto del gobierno nacional que regula la protesta social.

El documento señaló la necesidad de "profundizar aún más en el diagnóstico identificando avances y desafíos", debido a que hay varios temas que terminan siendo muy discrecionales y sin mayor claridad en el manejo de la protesta y la regulación del uso de la fuerza y de las armas.

Asimismo, pidió un mayor espacio participativo de varias entidades para tener un diagnóstico "más profundo y comprehensivo permitiría identificar con mayor precisión qué disposiciones concretas del decreto", con el fin de fortalecer su implementación de acuerdo a la Constitución y la sentencia STC7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia.

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Entrando ya de fondo en el articulado, la oficina de la ONU puso la lupa en uno de los cambios más importantes que tienen que ver con la primacía del diálogo y el agotamiento del mismo.

Según el organismo internacional, se identificaron varias reglas y causales relativas "que podrían debilitar en la práctica el principio del mantenimiento del diálogo en todas las fases en el manejo de las protestas". Sumado a que "algunas de estas causales permiten una interpretación abierta y discrecional, con lo cual se podría dar por cerrada la etapa de diálogo para dar paso al uso de la fuerza".

"La experiencia muestra que mantener canales de interlocución incluso en escenarios de tensión contribuye a prevenir escaladas, reducir la violencia y facilitar soluciones. Por ello, ONU Derechos Humanos sugiere que se preserve expresamente el carácter permanente del diálogo respecto de quienes continúan ejerciendo pacíficamente su derecho", puntualizó.

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Aseguró que la introducción de estas causales sobre el diálogo "es problemático si se considera que en el artículo 2A parece que se suspende o se exime la obligación de privilegiar el diálogo cuando se presenten determinadas situaciones como: “el porte o empleo de armas de fuego, armas cortopunzantes".

En el artículo que habla sobre "retención de personas, agresión a terceros, servidores públicos, personal uniformado, misión médica, periodistas o destrucción de la infraestructura", destacó la importancia de que "estas circunstancias presentan riesgos diferenciados para la vida e integridad de las personas y, por ello, debería de abordarse de manera diferenciada en cuanto al agotamiento del diálogo y el uso de la fuerza".

En otro de los puntos, señaló que existen contradicciones en lo que respecta a que pueden omitir los primeros niveles de intervención cuando estos no sean materialmente posibles, por razones objetivas y verificables.

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Otro de los puntos cuestionables para la ONU tiene que ver con la definición de acto de violencia e instrumentalización, ya que la definición colocada en el articulado "es acotada, demasiado abierta y puede ampliar de forma innecesaria las conductas que activan respuestas coercitivas, el uso de la fuerza o la dispersión de las protestas".

A esto se suma en el llamado al Gobierno a que se diferencia con claridad entre portar un objeto, amenazar con utilizarlo, utilizarlo efectivamente y realizar una conducta violenta, ya que "el porte de un objeto que pueda ser considerado como un arma, no convierte por sí mismo a una persona en violenta ni modifica el carácter pacífico de la reunión".

Igualmente, calificó como “problemático” que en el decreto no definen con claridad que es "uso o instrumentalización” de niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes, ya que la sola presencia de estas personas en una manifestación no presume su instrumentalización.

Desde la ONU insistieron en la importancia del diálogo y de utilizar todas las herramientas para acabar la protesta en estos términos. No obstante, pidieron que en el articulado se pueda "armonizar la terminología" para dar mayor claridad, respetar los derechos de los ciudadanos y reducir el nivel de violencia y restricciones impuestas por la fuerza pública.

Las recomendaciones entregadas al Ejecutivo, se dieron en virtud del mandato establecido mediante el Acuerdo suscrito entre Colombia y la Organización de las Naciones Unidas, el 28 de enero de 2023.

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