Pagos de mesadas pensionales a personas fallecidas, desembolsos irregulares y recursos destinados a cubrir obligaciones que no le correspondían al Fondo son algunos de los hallazgos que dejó una auditoría de la Contraloría al Fomag. En total, el organismo detectó un presunto detrimento patrimonial por $176.795 millones durante la vigencia 2025.
Cabe señalar que este sistema de salud de los docentes, que se implementa por medio del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), como dijo alguna vez el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se trataría del “piloto” de la reforma que buscaba hacer el gobierno saliente.
Como resultado de la revisión, el organismo de control identificó diez hallazgos con incidencia fiscal, doce con presunta incidencia disciplinaria y uno con posible alcance penal. Además, decidió no fenecer la cuenta del Fondo debido a inconsistencias contables encontradas durante la auditoría.
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Los pagos indebidos
El hallazgo de mayor valor corresponde al presunto pago indebido de $133.255 millones por servicios médico-asistenciales represados e intereses. Estos recursos fueron girados con cargo al Fomag a la Unión Temporal Medisalud (Región 4: Boyacá, Casanare y Meta) y a la UT Redvital (Región 8: Antioquia y Chocó).
Según la Contraloría, esos pagos debían ser asumidos por los operadores salientes y entrantes, de acuerdo con lo establecido en los contratos, por lo que su desembolso con recursos del Fondo habría ocasionado un detrimento al patrimonio público.
La auditoría también evidenció problemas en el manejo contable del Fomag. En particular, encontró una subestimación del pasivo por $598.363 millones, originada por una reclasificación inadecuada de obligaciones relacionadas con sanciones por mora. Esta situación fue una de las razones por las que la Contraloría decidió no terminar con la cuenta correspondiente a la vigencia 2025.
Otro de los hallazgos, tras revisar una muestra de 1.105 pagos, da cuenta de desembolsos irregulares a docentes pensionados por concepto de la prima de mitad de año, realizados sin cumplir los requisitos constitucionales y legales o incluso en contravía de decisiones judiciales en firme. El presunto detrimento por este concepto asciende a $27.982 millones.
Además, la Contraloría identificó el uso indebido de recursos del Fomag para pagar $5.479 millones en sanciones moratorias, pese a que esos dineros tienen una destinación específica. También encontró que el Fondo asumió el pago de $2.531 millones en sanciones moratorias y $6.738 millones en intereses moratorios derivados del retraso en el reconocimiento de cesantías y del incumplimiento de fallos relacionados con sanciones por mora y pensiones.
Entre los demás hallazgos figuran pagos de mesadas pensionales realizados después del fallecimiento de docentes y beneficiarios, por $419 millones, así como pagos en exceso por pensiones de invalidez y sanciones por mora, por cerca de $369 millones.
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En su pronunciamiento, la Contraloría señaló que varias de estas situaciones ya habían sido advertidas en auditorías de años anteriores y atribuyó una presunta corresponsabilidad tanto a Fiduprevisora, como administradora y vocera del Fomag, como a las entidades territoriales.
Los cambios que hubo en el sistema de salud del magisterio
El gobierno de Gustavo Petro, desde el 1 de mayo de 2024, eliminó el esquema de operadores regionales que administraban la atención de los docentes y trasladó a la Fiduprevisora a un papel central en la contratación y el pago directo a clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios de salud.
Con el nuevo modelo, el Gobierno buscaba reducir la intermediación, ampliar la red de prestadores y fortalecer la atención primaria. Sin embargo, la transición estuvo marcada por denuncias de demoras en citas, entrega de medicamentos, autorizaciones y pagos a las IPS.
Precisamente, el principal hallazgo de la Contraloría está relacionado con ese proceso: el organismo concluyó que el Fomag pagó $133.255 millones por servicios médico-asistenciales e intereses que, según las cláusulas contractuales, debían asumir los operadores salientes y entrantes y no el Fondo.
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