Alias Pipe Tuluá, señalado narcotraficante, intentó obtener beneficios judiciales y evitar su extradición a Estados Unidos apelando a una supuesta condición de integrante de una comunidad indígena.

La estrategia incluyó una certificación oficial que lo reconocía como miembro activo de un cabildo y una solicitud para que fuera trasladado desde una estación de policía a un “centro de sanación” indígena, pero el propio gobernador del resguardo aseguró que los documentos fueron falsificados.

De acuerdo con documentos revelados por La FM, Andrés Felipe Marín Silva figuraba inscrito desde 2013 en el censo del Cabildo Indígena Aldea de María Putisman, del pueblo de Los Pastos, en Nariño.

Incluso, el Ministerio del Interior mantenía vigente una constancia, expedida en julio de 2026, que lo identificaba como integrante activo de esa comunidad para efectos del acceso a sus derechos constitucionales.

Esa acreditación fue utilizada por la defensa del extraditado para solicitar un cambio en su lugar de reclusión.

En junio de 2025, mientras permanecía detenido en la Estación de Policía Los Mártires, en Bogotá, a la espera de que se concretara su envío a Estados Unidos, se presentó un memorial para que fuera trasladado a un supuesto “centro de sanación” administrado por el cabildo indígena.

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La solicitud estaba respaldada por un acta de compromiso en la que se afirmaba que la comunidad contaba con un lugar de reclusión dotado con camas, servicios públicos, cocina y una sala de reflexión y sanación.

Allí también se señalaba que el cabildo asumiría la vigilancia del procesado y garantizaría el cumplimiento de la medida, con el argumento de preservar sus costumbres y evitar que perdiera su identidad cultural en un establecimiento penitenciario ordinario.

Sin embargo, el caso dio un giro cuando el gobernador indígena Juan Alberto Rosales negó de manera categórica haber firmado esos documentos o haber solicitado el reconocimiento de alias ‘Pipe Tuluá’ como miembro de la comunidad.

“No es que nosotros hayamos solicitado que lo reconozcan. Nunca, en ningún momento. Que a mí me falsificaron una documentación es diferente. Incluso tengo un documento en el que le digo a la justicia ordinaria que en ningún momento lo recibimos acá. Ese documento me lo falsificaron”, afirmó Rosales en declaraciones a La FM.

El líder indígena explicó que, aunque Marín Silva aparecía registrado en el censo desde 2013, el cabildo nunca promovió su reconocimiento para obtener beneficios judiciales y aseguró que fue víctima de una suplantación.

Según dijo, cuenta con testigos que respaldan su versión. Rosales también rechazó la posibilidad de que el narcotraficante fuera recluido en el resguardo.

“¿Nosotros cómo vamos a traer a una persona que ha cometido varios delitos a nuestro resguardo? Él tiene que pagar la pena donde la ley ordinaria le diga”, sostuvo en diálogo con la emisora.

El episodio deja abiertas varias preguntas sobre los controles al Registro Único de Censo Indígena y el proceso mediante el cual el Ministerio del Interior expidió una certificación oficial que terminó siendo utilizada para intentar obtener un tratamiento judicial diferencial en vísperas de la extradición de alias Pipe Tuluá.

Sus movidas también para meterse en la “Paz total”

Hay que recordar la Unidad Investigativa de El Tiempo reveló, en su momento, un vínculo entre dos objetivos de alto valor del gobierno del presidente Gustavo Petro, que realizaron acercamientos confidenciales con funcionarios de su administración.

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“Luis Felipe Ramírez Ospina, en calidad de apoderado del señor Andrés Felipe Marín Silva, conocido como ‘Pipe Tuluá’, líder de la organización ‘la Inmaculada’, me dirijo a usted (Jorge Lemus) respetuosamente con el objeto de hacerle llegar copia de las peticiones suscritas por mi representado, dirigidas al señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego”, se lee en la carta revelada.

Según la investigación de ese periódico, desde el año pasado se habría movido un lobby de alto nivel para que el gobierno Petro instalara una mesa de exploración con el señalado narcotraficante ‘Pipe Tuluá’ a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Mientras tanto, se habrían presentado viajes a España de funcionarios públicos en busca de una supuesta colaboración de Diego Marín, alias Papá Pitufo.

En el Reporte Coronell de Caracol Radio se reveló que el abogado Luis Felipe Ramírez Ochoa habría tenido dos reuniones a nombre de alias ‘Papá Pitufo’ con Jorge Lemus, entonces cabeza de la DNI, que se sumaría a otras que ya se conocían de exfuncionarios de la UIAF.

Se declaró no culpable ante corte federal de EE.UU.

Alias Pipe Tuluá, hay que recordar, se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico internacional durante la primera audiencia ante la Corte del Distrito Este de Texas, en Estados Unidos. Al cabecilla de la banda “La Inmaculada” se le imputan los cargos de conspiración para distribuir cocaína, conspiración para traficar droga hacia Estados Unidos, y distribución y fabricación de cocaína.

Pipe Tuluá fue extraditado desde Colombia el 3 de febrero de 2026, tras una solicitud de la Corte del Distrito Este de Texas desde 2024, por su presunta participación en el envío de cocaína a Estados Unidos en cantidades superiores a cinco kilos, un delito federal grave.

Estas operaciones supuestamente las coordinaba desde su ascenso en 2015 en la banda “La Inmaculada”, que tiene base en el Valle del Cauca y extiende sus rutas a otras regiones del país, como Popayán (Cauca), Armenia y La Tebaida (Quindío).

Además, se le atribuye participación en la exportación de cocaína en colaboración con el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el Cártel de Sinaloa, según información de la Policía Nacional.

Tras declararse no culpable, la defensa de Pipe Tuluá solicitó el traslado de las pruebas en su contra, incluyendo grabaciones telefónicas y otros materiales probatorios, como parte de una posible estrategia legal para buscar un acuerdo o reducción de pena.

Asimismo, se ordenó que el señalado narcotraficante quedara recluido en el Centro de Detención del condado de Collin, Texas, mientras se revisa el material y demás documentos que podrían favorecer su negociación con la justicia.

Tomado de El Colombiano.

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