Varios sectores y analistas reconocen que el crecimiento que mostró recientemente la economía es una noticia positiva. Aún así, el Gobierno Nacional todavía tiene mucho trecho por delante para consolidar una reactivación y entregar un país recuperado, la cuestión es que hay una sombra de incertidumbre de la cual no logran despegarse los mensajes del Ejecutivo.
Desde que se conoció que Gustavo Petro llegaría al poder se cuestiona el manejo económico que le pueda dar al país, y más en medio de una difícil coyuntura mundial en ese campo. Y si bien, los analistas consideran que su administración ha tenido ciertas medidas buenas y rescatables; el país ha tenido un desempeño pobre en su crecimiento económico e, incluso, estuvo al borde de una recesión, fantasma que se logró ahuyentar.
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Este año, el indicador de la economía ha tenido un mejor desempeño. El jueves 16 de agosto, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que en el segundo trimestre de este año, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2,1% respecto al mismo periodo de 2023.
Una escalada que estuvo jalonada sobre todo por el desempeño de cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas; actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria que aumentaron 10,9%. Las actividades asociadas a café crecieron 25,8% y la ganadería 6,5%.
La celebración del Gobierno no tardó. Gustavo Petro y Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, sostuvieron que están logrando la reactivación económica.
“Estamos en una coyuntura donde el país está recuperando el crecimiento económico, todo indica que podemos terminar por el 1,7% que está proyectado para este año”, expresó Bonilla en declaraciones a medios de comunicación.
Si bien, algunos sectores reconocen el crecimiento, para algunos sigue siendo insuficiente para atender la demanda de empleo de los colombianos, que es un punto fundamental, ya que si el desempleo baja, pues el nivel de ingreso de los hogares mejora y, por ende, su nivel de consumo, lo que tiene un impacto directo en la economía.
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Esa es la visión de Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo. El analista piensa que los indicadores suponen que el Producto Interno Bruto (PIB) tocó fondo en 2023, y que ahora la preocupación obedece a cuál será el nuevo nivel de crecimiento.
Esa misma sensación está en el empresariado colombiano. La Andi expresó que los indicadores continúan mostrando un comportamiento insuficiente para cumplir con los objetivos nacionales. “Estos niveles siguen estando bastante alejados del crecimiento tendencial o del PIB potencial de la economía colombiana y es preciso acelerar las acciones de reactivación efectiva”, manifestó Bruce Mac Master, presidente de la Andi.
El líder gremial anotó que el país necesita que se impulse de manera decidida el crecimiento económico, involucrando medidas que estimulen la inversión y a todos los sectores productivos.
Y el Gobierno asegura que trabaja en ello. La proyección del Ejecutivo en el marco fiscal es consolidar un crecimiento del 3% a cierre del 2025. Por esa razón en las próximas dos semana radicará en el Congreso proyectos de ley encaminados a reactivar la economía.
La cuestión es que ese paquete de reactivación es precisamente el quiebre que tiene el Gobierno con empresarios, gremios y analistas, que consideran que parte de esas medidas no favorecerán del todo a la economía, e incluso podrían afectar la senda de crecimiento.
Es cierto que el Gobierno no ha dado a conocer los documentos de los proyectos, pero sí se han brindado diferentes declaraciones que hablan de las medidas y que han generado polémica. Una de las medidas tiene que ver con estímulos tributarios como reducir la tasa nominal del impuesto de renta para empresas, y alivios para fortalecer las energías renovables, e impulsar el turismo sostenible y ecológico.
Eso se incluiría en una Ley de Financiamiento que busca recaudar $12 billones, fundamentales para consolidar los ingresos del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, de lo contrario quedaría ese faltante y se generaría un desbalance.
Otro proyecto de ley que se está cocinando son las inversiones forzosas. En general, lo que han explicado algunos analistas y el mismo jefe de Estado es que la medida consiste en que el sistema financiero destine recursos para otorgar créditos en sectores seleccionados por el Gobierno. Sin embargo, lo que se desconoce es bajo qué términos, tasas y plazos será.
El meollo del asunto es que la plata que utilizan los bancos para otorgar esos créditos de las inversiones forzosas son de los depósitos de sus clientes, es decir, el propio ahorro de las personas. Y eso es lo que ha causado malestar, ya que este dinero sería administrado por el Gobierno, según dijo Petro, a través de entidades como “Bancóldex, Banco Agrario o el Fondo Nacional del Ahorro, para traducirlo hacia los sectores de la producción: industriales, agrarios, de mejoramiento de vivienda e incluso de turismo, porque es lo que nos puede reactivar económicamente”.
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De acuerdo con información del Ministerio de Hacienda suministrada a este medio, el Gobierno buscaría otorgar unos $50 billones en créditos, pero todavía se desconoce en cuánto tiempo.
De hecho, el ministro de Hacienda contó que están adelantando reuniones con el sector bancario para llegar a un acuerdo sobre los créditos. Bonilla indicó que la propuesta de los bancos obedece a un aporte de $35 billones adicionales a los $25 billones que aportan en los títulos de desarrollo agropecuario (TDA), dinero que se destinaría a préstamos para sectores específicos y reactivar la economía.
La banca expresa que se trata de un pacto por el crédito y que sería un eje fundamental para consolidar la recuperación que se busca. El objetivo no sería otro que aumentar los desembolsos para los sectores de vivienda, construcción, manufacturas, agropecuarios, y turismo.
Medidas que no convencen
Por su parte, el centro de pensamiento Fedesarrollo no duda en manifestar que comparte muy pocas cosas frente al paquete de reactivación compartido hasta ahora. Incluso, Luis Fernando Mejía añade que considera inconveniente hacer una reforma tributaria o ley de financiamiento, eso sí, reconoce que la iniciativa de bajar el impuesto de renta a las empresas es correcto porque en Colombia son muy altos: es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) que más cobra impuesto de renta a la compañías (tasa de 35%). No obstante, el analista cree el momento es inoportuno, porque el Gobierno pretende recaudar $12 billones que difícilmente podrán materializarse en el contexto de una economía que todavía tiene un pobre crecimiento.
No es la única voz que cree que la ley de financiamiento se quedará en un intento fallido. Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda en el periodo de Juan Manuel Santos, comparte esa premisa. Explicó que el Gobierno buscaría aumentar los impuestos al sector de hidrocarburos y minero, pero la realidad es que se trata de un nicho que en el momento no cuenta con el rendimiento para aportar los ingresos que está buscando la tributaria. Esto, según el exministro, porque las utilidades del sector se afectarán considerablemente este año a raíz de los menores precios mundiales. “Ahí no está la fórmula ganadora y el Gobierno tendrá que recortar el presupuesto de la nación para 2025”.
Quizá el mayor número de críticas ha sido para el proyecto de inversiones forzosas. El director de Fedesarrollo tampoco considera oportuna esta iniciativa. Argumentó que el proyecto obliga a los bancos a invertir en títulos emitidos por el Gobierno Nacional a tasas de interés por debajo del mercado. Eso ocasionaría que haya una menor rentabilidad para los bancos y, por ende, tendrían que subir las tasas para los demás créditos y encarecerlos, lo que a ojos de los analistas afectaría la inversión y la recuperación económica que tanto se busca para el país.
Los expertos creen que el Gobierno tiene que enfocarse en los sectores más golpeados, que por ahora no lucen tanto en los discursos del presidente Petro.
Por ejemplo, para el segundo trimestre de este año, el PIB de las industrias manufactureras decreció 1,6%, de información y comunicaciones se contrajo 1,9%; pero el peor resultado fue para explotación de minas y canteras, con un decrecimiento de 3,3%.
Fedesarrollo indicó que medidas en las que sí debería enfocarse el presidente es la rápida ejecución de la inversión pública en obras de infraestructura, lo que puede reactivar la construcción. A su vez, concentrarse en resolver los cuellos de botella en los proyectos de infraestructura vial y energéticos.
La Andi anunció que lo más importante en este momento es enviar señales de confianza y certidumbre jurídica para que el sector empresarial ponga en marcha los proyectos de inversión productiva. Y dejó en claro que considera que las medidas anunciadas por el Gobierno y las reformas que se discuten en el Congreso, son iniciativas que paradójicamente causan desconfianza e incertidumbre.
Algunos sectores impulsan la idea de que se trata de una “expropiación” del ahorro de los colombianos, lo que podría generar miedo en los usuarios. Expertos llaman a la calma. Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, reconoció que aumentar las inversiones forzosas podría incrementar los riesgos, pero hizo un llamado a la calma. Sostuvo que en principio los ahorradores no deberían estar preocupados, porque las inversiones forzosas existen desde el siglo pasado en Colombia, y el Gobierno siempre ha respondido por el dinero de esos créditos, incluso de los préstamos que no son pagados por sus beneficiarios. “La gente piensa que la van a expropiar, cuando no es propiamente el caso, esa incertidumbre puede generar una corrida de recursos de los bancos que traería consecuencias gravísimas con un costo para la economía”, advirtió el analista.
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