Un juez definirá este lunes si impone medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Andrés Oyola, el exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) señalado de acceder irregularmente a información reservada de la entidad y de presuntamente intervenir en asuntos relacionados con los procesos electorales.

Oyola fue capturado el pasado viernes en Neiva y es investigado por posibles accesos abusivos a información de carácter clasificado, incluidos datos de inteligencia estratégica y documentación relacionada con procesos electorales.

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La Fiscalía busca establecer el alcance de sus actuaciones y si estas hicieron parte de un intento por alterar el desarrollo de las pasadas elecciones presidenciales. El caso también abrió interrogantes sobre posibles filtraciones desde otras entidades del Estado.

De acuerdo con El Tiempo, durante una de las audiencias reservadas se habría advertido que un funcionario de la Fiscalía ingresó irregularmente al Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) para consultar y extraer información sobre los procesos judiciales que involucran a Oyola.

En medio de las revelaciones, ese diario consultó a Jorge Lemus, quien estuvo al frente de la DNI durante parte del Gobierno de Gustavo Petro, y que ha sido objeto de cuestionamientos en medios, para establecer cómo llegó el señalado hacker a la institución y qué actividades desempeñaba.

Lemus aseguró que Oyola ya trabajaba en la entidad cuando él asumió la dirección y precisó que su vinculación se produjo en febrero de 2024, durante la administración de Alberto Casanova, antiguo integrante del M-19.

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Es decir, su contratación antecedió a la llegada de Lemus al cargo. Sin embargo, el exdirector entregó detalles sobre el área en la que encontró al investigado.

Según explicó, Oyola estaba asignado al equipo responsable de actualizar el Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC), una herramienta en la que se registraban misiones y asuntos reservados de la entidad.

La intención, de acuerdo con Lemus, era evitar que el contratista que tenía el dominio de esa plataforma conservara el control sobre la herramienta.

Oyola habría alcanzado a presentar algunos pilotos de actualización, aunque el exdirector manifestó que desconocía si el desarrollo finalmente fue entregado o cumplió con los requerimientos técnicos.

Lemus agregó que los inconvenientes alrededor de ese proyecto quedaron documentados en una investigación adelantada por la inspección de la DNI.

También explicó que perdió contacto con lo que ocurría al interior de la institución después de abandonar el cargo en enero de 2026. Según su versión, René Guarín, otro exmilitante del M-19, quien lo sucedió durante la administración anterior, prohibió a los funcionarios acercarse a él.

¿Desde dónde supuestamente operaba el hacker?

Otro de los asuntos abordados por el exdirector fue el inmueble del que presuntamente salió Oyola antes de su captura. Lemus negó que se tratara de una vivienda perteneciente a la DNI y explicó que esos predios no eran utilizados como residencia de funcionarios.

Allí, sostuvo, permanecían agentes de contrainteligencia encargados de custodiar las instalaciones. En ese momento, agregó, esa dependencia estaba bajo la responsabilidad de Ricardo Rey Rosanía, quien también tenía a su cargo el manejo de los vehículos dotados con dispositivos antidrones.

Sobre estos equipos, Lemus señaló que su adquisición estuvo relacionada con el decreto que creó el área de contrainteligencia para apoyar las labores de protección presidencial.

Asimismo, negó haber participado en la elaboración del Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, mediante el cual la DNI fue incorporada al grupo de entidades que intervienen en la asignación de vehículos para la protección de expresidentes.

Frente a las sospechas de que Oyola habría intentado manipular las pasadas elecciones presidenciales, Lemus aseguró a El Tiempo que no tenía conocimiento de esas actuaciones.

Las declaraciones del exdirector permiten reconstruir parte del recorrido contractual y las funciones que habría desempeñado Oyola dentro de la DNI, mientras la investigación judicial busca establecer si utilizó su conocimiento y acceso a los sistemas de inteligencia para realizar consultas o intervenciones no autorizadas.

La decisión del juez sobre la medida de aseguramiento será uno de los próximos pasos dentro del proceso.

La hoja de vida de Carlos Andrés Oyola

Carlos Andrés Oyola Tovar no llegó a los organismos de inteligencia sin experiencia previa en el manejo de sistemas informáticos y bases de datos.

Su trayectoria laboral registra más de una década de actividades relacionadas con desarrollo de software, transformación digital, procesamiento de información y administración de plataformas tecnológicas.

Antes de vincularse a la DNI, pasó por una empresa privada del sector tecnológico, la Universidad Surcolombiana, la unidad de trabajo legislativo de un senador y la Contraloría.

También aparece en un registro contractual del Fondo Colombia en Paz. Su nombre comenzó a cobrar relevancia pública por las investigaciones que lo relacionan con presuntos accesos irregulares a información reservada y un posible intento de intervenir en los sistemas de información utilizados durante las elecciones presidenciales de 2026.

Sin embargo, la revisión de su trayectoria permite reconstruir varios antecedentes académicos y laborales anteriores a su llegada a la entidad de inteligencia, así como una investigación disciplinaria que ya estaba en curso antes de su ingreso al organismo.

Uno de los primeros registros de su recorrido profesional aparece en Expansión TI S. A. S., una compañía dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas.

De acuerdo con certificaciones laborales divulgadas por Agencia de Periodismo Investigativo (Agencia PI), Oyola trabajó allí entre 2012 y 2015 como desarrollador de software. Sus actividades incluían programación de distintos lenguajes tecnológicos, desarrollo de aplicaciones de escritorio, soporte técnico y administración de bases de datos.

Posteriormente, entre noviembre de 2017 y septiembre de 2018, regresó a esa compañía como líder de Transformación Digital, cargo desde el cual habría coordinado proyectos tecnológicos y desarrollado herramientas para controlar posibles ataques informáticos contra las soluciones de sus clientes.

En medio de ese recorrido también aparece la Universidad Surcolombiana.

Según publicó Semana, en 2012 prestó servicios relacionados con el mantenimiento, instalación e implementación de un sistema integrado para el sitio web de la Facultad de Ingeniería.

Además, en un documento académico de esa institución, correspondiente a las matrículas de honor de 2013, figura un Carlos Andrés Oyola Tovar vinculado al programa de Ingeniería de Software en la sede de Neiva.

Aunque la coincidencia de nombre y contexto permite considerar que se trata de la misma persona, ese registro no acredita por sí solo que haya obtenido un título en esa universidad. Su recorrido por el sector público continuó en el Congreso.

Un documento oficial del Senado, correspondiente a diciembre de 2018, lo identifica como integrante de la unidad de trabajo legislativo del entonces senador Rodrigo Villalba Mosquera, con el cargo de asistente I senatorial. Una certificación posterior, expedida por el congresista en julio de 2020, lo ubica como asistente III.

Según la documentación reseñada por Agencia PI, sus responsabilidades incluían procesamiento de información, preparación de documentos para proyectos de ley y actos legislativos, análisis de asuntos tributarios y fiscales, seguimiento a iniciativas relacionadas con el Sistema General de Regalías y elaboración de insumos para debates de control político.

Semana también reportó que dentro de sus actividades figuraban labores de divulgación y comunicaciones de la agenda legislativa del senador. Su vinculación con esa unidad se habría extendido entre 2018 y 2022. Otro capítulo de su trayectoria transcurrió en la Contraloría General de la República.

Allí aparece relacionado con un contrato de prestación de servicios de 2022, identificado como CGR-903-2022, por un valor de hasta 9.983.334 pesos.

Su objeto era brindar apoyo técnico al despacho del contralor delegado para el sector Defensa y Seguridad y a sus direcciones, particularmente en el manejo de bases de datos y fuentes de información utilizadas para actuaciones de control fiscal.

En 2023 también aparece una segunda vinculación relacionada con el procesamiento y análisis de información para esa dependencia. Agencia PI publicó una propuesta de honorarios de 6,5 millones de pesos mensuales, mientras que Semana informó que el contrato alcanzó un valor de 34,45 millones.

La diferencia entre esas cifras requiere cotejar el contrato definitivo, su duración y los pagos efectivamente realizados. En esa misma etapa aparece otro registro en el Fondo Colombia en Paz.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) incluyó el nombre de Carlos Andrés Oyola Tovar en su informe de seguimiento a las publicaciones contractuales en SECOP II, con referencia al proceso CPS-041-2023 y al contrato del administrador fiduciario 041-2023.

¿Dónde estudió?

En el plano académico, Oyola obtuvo el título de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) el 8 de octubre de 2021, según la documentación reseñada por Agencia PI. Antes había terminado los créditos académicos en junio de 2019.

En noviembre de 2021, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) le expidió la matrícula profesional.

Una certificación de junio de 2023 señalaba que para esa fecha no registraba antecedentes disciplinarios ético-profesionales ante ese organismo.

También cursó una Especialización en Gestión Pública en la UNAD y aparece como estudiante de la Maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial. Es precisamente en esa institución donde surge uno de los antecedentes más delicados de su trayectoria.

El Consejo de Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas examinó el 6 de junio de 2023 una queja disciplinaria contra Oyola y otros estudiantes, relacionada con inconsistencias entre las calificaciones registradas en diferentes plataformas académicas.

Según el acta, en algunos cursos de la especialización y la maestría había diferencias entre el sistema centralizador de notas, el registro académico individual y el aula virtual.

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La universidad solicitó información técnica para establecer qué actividades y trabajos habían sido efectivamente desarrollados por los estudiantes.

A partir de esos hallazgos, el Consejo aprobó la apertura de procesos disciplinarios. El asunto volvió a aparecer en un acta del 11 de marzo de 2024, en la que se examinaron decisiones dentro de esas actuaciones y se hizo referencia a una sanción propuesta de cancelación de matrícula durante seis periodos académicos.

Sin embargo, los documentos públicos consultados no permiten establecer con suficiente precisión cuál fue la decisión individual y definitiva adoptada contra Oyola, ni afirmar que sus títulos académicos hayan sido anulados.

Las inconsistencias académicas también aparecen en las publicaciones periodísticas sobre la investigación penal que condujo a su captura.

Infobae reportó que la Fiscalía investiga posibles irregularidades relacionadas con la modificación de calificaciones y el eventual uso de documentos académicos para acreditar requisitos contractuales.

Con información de El Colombiano.

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