Justo cuando el tema ya parecía sepultado, revivió la controvertida demanda de EPM a los constructores de Hidroituango. Luego de más de tres años de silencio, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió este 13 de junio dicha acción, cuya pretensión asciende a por lo menos $9,9 billones.

La decisión no solamente llama la atención por sus tiempos de tortuga, que expertos legales no dudan de calificar como escandalosos, sino por poner a EPM en un escenario impensado a pesar de que ya por el caso los seguros pagaron y la obra ya está funcionando.

Como si se tratara de una especie de cuadrilátero, la compañía de servicios públicos resultó siendo empujada tardíamente a una pelea con los constructores originales del proyecto hidroeléctrico, en una batalla que desde el comienzo ha sido cuestionada por tener una motivación más política que técnica.

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Y es que aunque hasta 2019 la misma EPM defendió ante las autoridades ambientales, organismos de control y aseguradoras que la emergencia que puso en jaque a Hidroituango en 2018 se trató de un accidente imprevisible, en 2020 el entonces recién llegado alcalde de Medellín, Daniel Quintero, forzó a la compañía a dar un timonazo y desató de paso una crisis corporativa sin precedentes.

En agosto de 2020, cuando Quintero presentó como un hecho la radicación de esa demanda, la Junta Directiva de EPM renunció en pleno, no sólo argumentando que el alcalde se había pasado por alto a ese órgano y violado las prácticas de gobierno corporativo, sino que había metido a la entidad en un escenario de incertidumbre innecesario. Entre otras cosas, porque la responsable de la construcción es la propia EPM que subcontrató la obra.

En aquel entonces, pese a que la empresa ya venía recibiendo los primeros pagos de los seguros (el 4 diciembre de 2019 Mapfre ya había desembolsado un primer pago de 150 millones de dólares, equivalentes a $500.000 millones al cambio de entonces) y la hidroeléctrica ya había alcanzado hitos cruciales como la habilitación del vertedero, la demanda le sumó a la empresa no solo la preocupación de remendar la siniestrada obra sino la de meterse en una pelea con sus propios constructores.

Mientras desde la orilla de EPM el entonces gerente general Álvaro Guillermo Rendón (que luego peleó con Quintero) argumentaba que la demanda era el resultado de un estudio jurídico de ocho meses en el que se había concluido que los constructores habían actuado de mala fe, estos últimos sostenían que en el proyecto nunca se movió una hoja sin la supervisión y la aprobación de EPM y que sus instrucciones técnicas, incluyendo el plan de aceleración con el que se construyó la derrumbada Galería Auxiliar de Desviación (GAD), habían sido cumplidas al pie de la letra antes y después de la emergencia.

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Luego Rendón terminó renunciando y en privado ponía en duda la demanda. Cabe recordar que el 9 de enero de 2021, EPM y los constructores tuvieron un primer careo ante la Procuraduría en el que descartaron la posibilidad de llegar a un acuerdo.

Luego, el 12 de enero de 2021, EPM interpuso oficialmente la demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, que en un auto del 11 de marzo de 2021 decidió inadmitirla por encontrar errores de fondo y de forma.

Entre los yerros encontrados por el tribunal, se destacaban la falta de anexos para soportar las pretensiones, inconsistencias en los montos exigidos por EPM a los demandados y hasta falta de claridad en las normas citadas en la demanda.

Aunque en ese primer auto el tribunal le dio a EPM un plazo de diez días para interponer un recurso de reposición, que en efecto fue radicado, el tiempo empezó a correr y el tribunal nunca se pronunció.

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Durante ese largo silencio, la Contraloría General de la República emitió un fallo de un proceso de responsabilidad que había empezado desde 2019 y las aseguradoras pagaron la póliza, el gobierno de Daniel Quintero acordó con ellas que pagaran la mitad de lo que debían pagar 983 millones de dólares (cerca de 4,3 billones de pesos de 9 billones de pesos) y hasta se produjo el cambio de gobierno.

Y ahora resulta que, el 24 de febrero de este año, un procurador judicial, Jaime Humberto Zuluaga Ángel, decidió mandar una carta al Tribunal con el asunto de: “Revisión de proceso e impulso procesal”. En respuesta a esa solicitud fue que el tribunal decidió finalmente admitir la demanda.

Cono información de El Colombiano

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