El traslado de dos de los principales testigos del escándalo de corrupción de la UNGRD generó una nueva controversia. Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la entidad, deberán dejar el centro de reclusión militar donde permanecían en Bogotá y pasar a la cárcel La Picota.
La decisión quedó consignada en una resolución del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), conocida por SEMANA, en la que se ordena el traslado de ambos exfuncionarios al complejo penitenciario de alta seguridad ubicado en el sur de la capital.
Sobre el traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a La Picota
El documento, firmado por el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, señala que la Ley 65 de 1993 faculta a esa institución para ordenar el traslado de personas privadas de la libertad de un establecimiento a otro, “por decisión propia, motivada o por solitud formulada ante ella”.
La resolución establece que el cambio de centro de reclusión responde a circunstancias relacionadas con la seguridad, específicamente “cuando sea necesario por razones de seguridad del interno o de los otros internos”.
Lea aquí: Pasó 12 años preso por nexos con las Farc y la JEP concluyó que era inocente
López y Pinilla permanecían en el Centro de Reclusión Militar para Funcionarios de la Fuerza Pública, ubicado en el Batallón de Artillería No. 13 de Bogotá. Ambos se convirtieron en testigos clave dentro de las investigaciones por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Con la medida adoptada por el Gobierno De La Espriella, los exdirectivos continuarán privados de la libertad, pero ahora en La Picota, donde deberán seguir colaborando con la justicia en las investigaciones relacionadas con la UNGRD.
El Inpec precisó que “el traslado respectivo se efectuará bajo rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad, tendientes a garantizar la vida e integridad física de las personas privadas de la libertad, así como evitar posibles fugas, rescates, atentados o la causación de novedad alguna”.
La determinación se conoce en medio de la política anunciada por el presidente Abelardo De La Espriella para poner fin a las denominadas “cárceles de lujo” y a los privilegios penitenciarios.
