Más de 1.570 niños, niñas y adolescentes han sido afectados por el reclutamiento y la utilización por parte de grupos armados en los últimos cinco años, se informó este viernes durante una conferencia de alto nivel convocada por Unicef con funcionarios, representantes del sector privado, el Congreso, la sociedad civil, organismos internacionales y jóvenes de distintas regiones del país.
Durante la conferencia realizada en Bogotá y citada por los gobiernos de Suecia y Canadá, junto a Unicef, los participantes reconocieron la gravedad y persistencia de este crimen, considerado la violación grave más frecuente contra la niñez en Colombia.
Según las cifras presentadas, entre 2019 y 2024 los casos de este tipo de aumentaron en un 300%.
“El reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes no es inevitable. Es prevenible. Y juntos tenemos la responsabilidad de garantizar que cada niño y niña en Colombia crezca seguro, protegido, educado y libre para desarrollar todo su potencial”, afirmó Vanessa Fraizer, secretaria general adjunta de Naciones Unidas y representante especial sobre niñez y conflictos armados.
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Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, señaló que prevenir el reclutamiento y garantizar la reincorporación y atención de quienes han sido víctimas son acciones fundamentales para romper los ciclos de violencia.
“Prevenir el reclutamiento y recibir de vuelta a quienes han sufrido es la forma más eficaz de romper el ciclo de la violencia en Colombia. La niñez tiene que ser protegida y salvaguardada en todo momento”, sostuvo el funcionario.
Agregó que este delito no solo afecta el proyecto de vida de los menores, sus familias y comunidades, sino que también compromete el futuro del país.
Durante la jornada se planteó la necesidad de que la prevención del reclutamiento deje de ser un asunto limitado a sectores específicos y se incorpore en las agendas de seguridad, desarrollo, educación, justicia, protección y transformación territorial.
Para los participantes, esta tarea requiere una acción articulada entre las entidades públicas, el sector privado, el Congreso, la academia, la sociedad civil y la cooperación internacional, con medidas diseñadas desde los territorios más afectados.
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También se planteó el riesgo que la tecnología ha traído para los menores de edad, dado el uso de herramientas digitales por parte de los grupos armados para identificar, contactar y atraer a niños, niñas y adolescentes a sus filas.
Los expertos coincidieron en que se necesita un mayor compromiso de las plataformas tecnológicas, así como fortalecer la alfabetización digital, el acompañamiento a las familias y comunidades y la creación de oportunidades educativas, laborales y sociales para los jóvenes en las regiones con mayores riesgos.
Aunque los asistentes insistieron en la gravedad de la situación, también destacaron las capacidades del país, entre ellas la institucionalidad, el marco normativo, la estrategia estatal contra el reclutamiento y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
“La protección de la niñez es un desafío compartido. Ningún país tiene todas las respuestas, pero todos tienen experiencias y lecciones que pueden contribuir a construir soluciones más efectivas. Esta conferencia busca movilizar esa alianza”, afirmó la embajadora de Suecia, Maria Cramér.
Por su parte, Tanya Chapuisat, representante de Unicef en Colombia, señaló que el país cuenta con instituciones, una estrategia específica y normas fortalecidas para investigar y sancionar a quienes reclutan a menores de edad.
Chapuisat subrayó que el reto consiste en fortalecer la implementación de estos mecanismos y garantizar que lleguen oportunamente a los territorios donde niños, niñas y adolescentes enfrentan mayores riesgos.
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