Daniel (nombre cambiado para proteger su identidad) lleva meses bajo prisión domiciliaria, alejado del oficio al que ha dedicado cerca de 20 años: las instalaciones eléctricas y el montaje de alumbrados navideños. En su casa, rodeado de luces apagadas, espera recuperar su libertad y reconstruir su vida laboral, mientras enfrenta una deuda que, según sus cálculos, supera los $600 millones.
Su historia está relacionada con un contrato de 2017 para instalar alumbrados en el Puente de Boyacá y el Pantano de Vargas, en el que asegura haber puesto su empresa a disposición del político boyacense César Pachón. Según su versión, el acuerdo consistía en que él aportaría la firma y asumiría la parte técnica, mientras Pachón se encargaría de gestionar el negocio y garantizar el pago de los costos operativos y los impuestos.
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En una entrevista publicada por la revista Cambio, Daniel reconstruyó cómo terminó respondiendo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por obligaciones tributarias que, afirma, no le correspondía asumir económicamente. El 11 de septiembre de 2024, un juzgado de Tunja lo condenó por omisión de agente retenedor, después de que la deuda relacionada con el IVA derivara en un proceso penal.
El contrato de alumbrado que terminó en una deuda
Daniel contó a Cambio que conocía el Puente de Boyacá por su experiencia en anteriores montajes de alumbrado navideño. Allí dirigía cuadrillas de electricistas, distribuía las cargas y supervisaba las conexiones. Según su relato, Pachón, a quien no conocía personalmente en ese momento, le propuso reunirse para explorar la posibilidad de obtener un contrato con la Gobernación de Boyacá.
El acuerdo, explicó, consistía en que él aportaría su empresa y desarrollaría el componente técnico y la construcción de las figuras decorativas. A cambio, le devolverían los costos de operación y los impuestos derivados del negocio.
Sin embargo, después de terminar el contrato y revisar las cuentas con el contador, asegura que no recibió el dinero necesario para cubrir las obligaciones tributarias. La deuda comenzó a crecer con los intereses, mientras la DIAN le enviaba requerimientos de pago.
La situación se prolongó cuando Pachón llegó a la Cámara de Representantes en 2018. De acuerdo con Daniel, le pidieron que tuviera paciencia porque vendrían nuevos contratos y tendría ingresos suficientes para saldar sus compromisos. La solución que le plantearon, según su testimonio, fue vincularlo a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista.
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En los documentos mencionados en la investigación figura su nombramiento como asesor uno, con un salario superior a los $6 millones mensuales. No obstante, Daniel aseguró que no podía disponer libremente de ese dinero, pues se destinaba a cubrir compromisos políticos y personales ajenos
“Prácticamente no me pagaban”, le dijo a Cambio. También afirmó que solo acudió al Congreso unas pocas veces y que permaneció vinculado durante más de un año, hasta que dejaron de responderle y salió de la UTL.
Un préstamo de $80 millones y una condena
La deuda tributaria no habría sido el único problema económico. Daniel relató a Cambio que, durante su vinculación laboral, le solicitaron sacar un préstamo por libranza a su nombre. Según su versión, el dinero era para ellos y las cuotas comenzaron a descontarse de su salario.
El crédito, tramitado con el BBVA, ascendía inicialmente a $80 millones. Cuando terminó su vinculación con la UTL, aseguró que tuvo que asumir por su cuenta el saldo pendiente, que calcula en cerca de $50 millones, más los intereses.
Mientras tanto, el proceso relacionado con las obligaciones tributarias avanzó. Daniel terminó condenado y quedó bajo prisión domiciliaria. Según sus cálculos, la deuda con la DIAN ronda los $350 millones y, al sumar intereses y otros compromisos económicos que atribuye a Pachón, el monto total supera los $600 millones.
“Me toca empezar de cero”, afirmó en la entrevista.
El campesino aseguró que ha intentado llegar a un acuerdo de pago con la entidad, pero que las cuotas que podría asumir no resultan suficientes frente al monto adeudado. Su situación también le impide recuperar los ingresos de su trabajo: al no poder desplazarse para realizar instalaciones eléctricas, perdió clientes que había conseguido durante años.
El temor a denunciar y la respuesta pendiente
Daniel también manifestó preocupación por su seguridad y la de su familia. Según contó, dejó constancia ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia de que, si algo le ocurre a él o a sus familiares, considera que Pachón debe ser investigado. Aseguró que no tiene otros enemigos y que teme posibles represalias por haber contado su versión.
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Además, relató que Pachón le llevó personalmente un documento que identificó como un acuerdo de confidencialidad. Daniel dijo que lo firmó porque todavía confiaba en que el político le pagaría el dinero pendiente, algo que, según su testimonio, no ha ocurrido.
La investigación de Cambio señala que el caso también cuenta con chats y audios incorporados al expediente que reposa en la Corte Suprema de Justicia. Estos materiales hacen parte de los elementos mencionados en el reportaje sobre los compromisos económicos que Daniel atribuye al político.
Por ahora, el campesino espera recuperar su libertad y volver a trabajar en el sector eléctrico, aunque reconoce que reconstruir su cartera de clientes será difícil después de años sin poder ejercer con normalidad.
La revista Cambio informó que, al cierre de su publicación, César Pachón no había respondido las preguntas que le envió para conocer su versión de los hechos.
Con información de El Colombiano.
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