En muchas de sus intervenciones el presidente Petro da rienda suelta a sus innegables dotes de orador, que generan controversia y a veces desconcierto. No han sido pocas las ocasiones que en forma innecesaria levanta fuertes polémicas que no sirven al gobierno ni al país. Esta semana, en la posesión de un magistrado de la Corte, a propósito de conceptos como paz, verdad y justicia, el jefe de estado soltó la desafortunada frase, según la cual el estado no va cumplir el acuerdo de paz con las Farc porque no está en capacidad de hacerlo. Cuando se acaban de celebrar los 7 años del más importante acuerdo que se ha firmado en Colombia, con la guerrilla más grande y poderosa del continente, el mensaje presidencial es dañino y perjudicial, es un muy mal mensaje.
Mal mensaje en primer lugar a la sociedad sobre la incapacidad del estado de cumplir los acuerdos, que además están consignados en la constitución y la ley. Hay incluso una norma constitucional del 2017 que señala la obligación a todos los funcionarios públicos de cumplir de buena fe el acuerdo. Mal mensaje también para el propio equipo del gobierno Petro, que en medio de dificultades y desorden administrativo, se dedica desde distintos frentes a trabajar por el cumplimiento de lo pactado. Hay una unidad de implementación del acuerdo, la agencia de renovación territorial, la agencia de reintegración y el Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas, que intentan avanzar. Para ellos, la afirmación de su jefe debe ser desconsoladora.
Asimismo es un pésimo mensaje para el 95 % de los 13.000 excombatientes que dejaron las armas y hoy están incorporados a la sociedad, con dificultades para sacar adelante sus proyectos y con serias amenazas a su vida. Más de 400 excombatientes asesinados, la mayoría por sus propios ex compañeros de armas, es muy frustrante. El mensaje presidencial es también muy negativo para los grupos armados ilegales sentados con el gobierno en una mesa de negociaciones, como el ELN, las mismas disidencias o el clan del golfo. Si el jefe de estado sugiere el incumplimiento de lo firmado en el 2016, los integrantes de estos grupos no tendrán ninguna confianza en la palabra de ese mismo estado y su real voluntad de cumplir cualquier acuerdo que se firme en el futuro.
Ojalá Petro rectifique la desafortunada frase de esta semana. Es cierto que el acuerdo del Teatro Colón es ambicioso y difícil de cumplir en su integralidad, pero en nada contribuye que el propio Presidente señale la imposibilidad de su cumplimiento. Hay millones de colombianos, más allá de los firmantes, que viven en las zonas más afectadas por el conflicto, en los 170 municipios PDET, que aún esperan que el gobierno ejecute los planes de desarrollo con enfoque territorial en los que participaron más de 200.000 compatriotas. Campesinos que confían en que lleguen a sus zonas la formalización de títulos, la distribución de predios o los recursos comprometidos en el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
Para nadie es un secreto que el gobierno de Iván Duque causó un enorme daño a las posibilidades de paz al engavetar la implementación del acuerdo por el que sentía una genuina animadversión que no ocultaba. Su cuatrienio fue mortal para los habitantes de los territorios a donde regresó la violencia. Esa es la triste herencia que recibió el actual gobierno. Pero la actitud presidencial no puede ser declararse vencido cuando aún no se cumple ni la mitad de su mandato. Por eso, y porque reconocemos que es un hombre de paz, comprometido con la reconciliación, enviamos junto a Humberto de la Calle una carta pidiéndole que rectifique sus inconvenientes afirmaciones. No esperamos que nos responda a nosotros sino a millones de compatriotas con hechos concretos de paz y con decisiones de gobierno que ratifiquen su voluntad de cumplir lo pactado. Es fácil comprender que sin una implementación real y efectiva del acuerdo no habrá posibilidades para la paz total que busca Petro.
