Las amenazas que a su vez conllevan al desplazamiento forzado de personas, constituyen una de las conductas delictivas por las cuales Norte de Santander se encuentra entre los departamentos más complejos de Colombia en materia de vulneración de los derechos humanos, de acuerdo con un informe presentado en el mes de junio por el ex defensor del pueblo Carlos Camargo. 

Las denuncias por este tipo de situaciones están a la orden del día en la sede del ente defensor en Cúcuta, a donde constantemente acuden docentes, periodistas, funcionarios públicos, miembros de  juntas de acción comunal, comerciantes y mujeres –por situaciones de violencia intrafamiliar. 

Justamente la semana pasada se conoció el caso de Karina Galvis, una líder vecinal, que tuvo que salir desplazada de su comunidad, el barrio Francisco Primero en la Comuna 7, luego de verse involucrada en el proceso jurídico por restitución de tierras que se lleva en ese lugar, o al menos es lo que ella presume.

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Karina cree que el problema comenzó cuando, luego de asumir como representante de la asociación de vecinos del barrio, comenzó a descubrir una serie de irregularidades en torno al proceso de regularización del asentamiento, como que la tierra donde más de 500 familias han venido construyendo sus casas y establecido sus hogares desde el 2011, no le pertenece a la persona que le compraron dichos predios, pero es la que reclama una restitución que no le corresponde y amenaza con dejar en la calle a miles de personas.  El caso está en tribunales a la espera de un fallo que presuntamente terminaría perjudicando a la comunidad, algo que ella ha querido evitar, pero por el cual ahora se ha  metido en un  problema mayor, poniendo en riesgo su vida y la de su familia. 

Ultimátum

Desde hace unas semanas Karina contó que comenzó a notar unos movimientos extraños alrededor de su casa, como que un vehículo de alta gama pasaba frente a la vivienda de manera constante y a horas atípicas. Varias veces preguntaron por ella. Hasta que un día, a altas horas de la noche, se bajaron y tocaron a su puerta e incluso –dijo la mujer- intentaron abrirla.  

Lo último que sucedió fue una visita directa de unas personas, jóvenes, quienes se habrían identificado como integrantes del Eln y le entregaron un mensaje puntual, “me dijeron que por el bien mío y de mis hijos que dejara las cosas como estaban, y que no me querían ver más en ese lugar”, contó Karina, todavía con temor, pese a cumplir una semana fuera de su comunidad por desplazamiento forzado.

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“Por lo menos agradezco que me hayan avisado y me hayan dado la oportunidad de irme, porque sé de otros líderes que simplemente los desaparecen”, dijo la mujer.

Pero ahora, además del miedo, Karina debe lidiar con el problema económico que le supone salir de lo que suponía era su propiedad, a pagar un arriendo, junto con las deudas que le implica su negocio de confección.  “Se me duplican los gastos, los problemas, vive uno ahora con zozobra. La maldad de uno es trabajar y luchar por unas comunidades que compraron su vivienda –compramos- de buena fe,  y ahora por exigir nuestros derechos nos pasa esto y pues nos toca callarnos”, dijo la líder vecinal. 

Desplazada varias veces

Esta no es la primera vez que Karina se ha visto forzada a desplazarse de un lugar para preservar su vida. Es oriunda de Tibú, por eso los rigores de la violencia y el conflicto no le son ajenos. 

“Yo salí desplazada hace mucho tiempo, en 2003, una época donde había mucha violencia”, contó Karina, quien explica que en realidad han sido varias veces las que ha tenido que moverse, por la necesidad de huirle a la guerra.  

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En 2020, durante la pandemia, volvió a las zonas rurales por la necesidad de resguardarse de la Covid-19, pero al poco tiempo tuvo que salir nuevamente, por la hostilidad propia de una zona en conflicto.
 
Karina ya denunció su caso en Fiscalía y Defensoría del Pueblo, tenía pendiente un trámite en la oficina de Postconflicto. No tiene un esquema de seguridad, aunque la Policía le está brindando seguridad a través del Cuadrante por la Vida, con un patrullaje permanente por residencia y llamadas constantes para verificar que se encuentre bien. 

A pesar de las amenazas, Karina asegura que no va a claudicar en un reclamo que considera justo y legítimo. “Yo no le puedo dar la espalda a mi comunidad, ellos tienen la confianza y la esperanza de no perder sus casas”, advirtió.

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