Imagine un escenario donde un perpetrador utiliza inteligencia artificial (IA) generativa para crear imágenes de alta fidelidad que simulan abuso sexual infantil. ¿Podría la justicia penal castigar a quien haya realizado esta aberración?
Esa y otras preguntas relacionadas con la explotación sexual digital en menores de edad dieron luz a la investigación denominada Lectura Histórico-hermenéutica a la Explotación Sexual Digital de Menores de Edad en el Contexto Legal Colombiano”, realizada por los abogados e investigadores de la Universidad Simón Bolívar Juana Valentina Apolón, Juan José Aldana, Wilkar Simón Mendoza y el profesor Leonardo Yotuhel Díaz Güecha, quienes, tras un minucioso análisis, encontraron que la ley penal actual resulta insuficiente frente a los avances tecnológicos y el comportamiento social.
El análisis, —publicado en la revista de alto impacto Política Criminal (Q1)—, evidencia una fisura crítica en la Ley 599 de 2000 y sus alcances actuales.
Actualmente, las conductas relacionadas con la explotación sexual digital de menores de edad se encuentran agrupadas en los artículos 218 y 219A. Según los investigadores, el problema es que se equiparan, bajo el mismo tipo penal, conductas de gravedad muy distinta, como la sola posesión de material con la producción, comercialización o distribución a gran escala en plataformas como la deep web.
Lea aquí: Fútbol, memoria y literatura se encontrarán en el lanzamiento de la Fiesta del Libro de Cúcuta 2026
“Agrupar múltiples verbos rectores bajo un solo artículo impide una justicia proporcional”, advierte el estudio. Mientras la normativa actual intenta abarcar todo bajo el paraguas del proxenetismo, los expertos señalan que el fenómeno ha adquirido una dimensión “camaleónica”, ya que funciona de forma versátil, oculta y altamente sofisticada, lo que requiere una distinción técnica y punitiva clara.
Según datos del Observatorio de Valientes Colombia, entre 2023 y 2025 se denunciaron más de 6.000 casos de explotación sexual digital en los niños, las niñas y los adolescentes, con un pico de 2.251 registros solo en 2024, tendencia que coincide con los hallazgos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que, a través de su reciente operación estadística experimental, reveló que la Fiscalía recibió 22.697 denuncias por este delito entre 2015 y 2025.
Como en otras áreas, la tecnología sigue trazando nuevas fronteras, incluso para la criminalidad. Los rincones ocultos de la web (a menudo ignorados por el ojo público) están dejando una estela de víctimas infantiles que el actual sistema legal colombiano lucha por comprender y sancionar con contundencia.
Los investigadores subrayan que la estructura actual del Código Penal no solo es antigua, sino técnicamente ineficaz y pasiva ante las nuevas amenazas en el campo tecnológico. “Hay, en uno solo de los artículos, como 7 u 8 verbos rectores. Lo que significa que, al ser un solo tipo penal, la sanción es exactamente la misma para cualquiera de las conductas”, indicó Mendoza, evidenciando la falla o vacío jurídico.
Lea también: La nomenclatura que Cúcuta tuvo en sus manos y nunca llegó a las calles
El problema principal es que, al agrupar muchas conductas distintas bajo un mismo tipo penal, el sistema legal pierde capacidad de respuesta, precisión y justicia. Según los investigadores, esto genera varios inconvenientes fundamentales, como aplicar la misma sanción tanto a quien comete un acto menos grave (como tener un archivo descargado en un celular) como a quien realiza actos mucho más graves (como grabar el contenido esclavizando sexualmente a un menor y comercializarlo a gran escala en un mercado negro). No es justo que la pena sea exactamente la misma para todas estas formas de participación.
Para el investigador Wilkar Mendoza, “mantener todo bajo el paraguas del proxenetismo tradicional impide que la Fiscalía actúe con la precisión necesaria, diluyendo la gravedad de la explotación digital y perpetuando la impunidad”. Los investigadores señalan que las autoridades no ven la magnitud real del problema y lo tratan como un apéndice secundario del proxenetismo, lo que impide diseñar políticas públicas y estrategias de seguridad efectivas. Asimismo, se limitan las labores de los fiscales y jueces porque no se pueden distinguir claramente los roles y daños causados por cada participante, lo cual puede causar impunidad.
Según el profesor Yothuel Díaz Güechá, el derecho debe trascender la técnica mecánica de litigio para convertirse en una herramienta de incidencia en políticas públicas y, precisamente, desde la Unisimón se piensa al abogado como un profesional con una visión sociocrítica fundamentada.
De acuerdo con la abogada Valentina Apolón, el desafío no es solo normativo, sino de política pública y lenguaje estatal. Es necesario erradicar denominaciones que, como la de “explotación sexual comercial”, pueden invisibilizar la naturaleza violenta del delito al sugerir erróneamente un carácter lícito. En sus palabras, “es un error, porque ‘explotación sexual comercial’ no puede ser”. Además, la propuesta de crear una sección autónoma dentro del Código Penal, que desarrolle individualmente las conductas y aplique una visión de prevención integral, no solo es una necesidad técnica, sino un imperativo ético, explicó.
Sugieren autonomía penal ante el auge de la explotación sexual digital
La explotación sexual infantil ha mutado con los años. Con la aceleración tecnológica pospandemia, el delito ha migrado a entornos digitales y la respuesta institucional en Colombia se mantiene estancada en un marco normativo diseñado para una realidad pasada.
Le puede interesar: Una experiencia imborrable: la cucuteña que estudia Medicina y ayudó a salvar vidas tras el terremoto en Pereira
Es muy probable que durante el periodo de confinamiento por COVID-19 (2020-2022) se acelerara la problemática, pues las denuncias por estos delitos registraron picos históricos. Sin embargo, los investigadores subrayan que estas cifras son solo la punta del iceberg: “la falta de una categoría penal autónoma y el desconocimiento técnico de las autoridades dificultan tanto la prevención como la judicialización efectiva”, indicaron.
Una respuesta integral
El estudio no se limita a pedir reformas legales. Los investigadores hacen énfasis en que el sistema de justicia necesita una actualización institucional urgente que vaya a la par de la evolución tecnológica, incluyendo el uso de inteligencia artificial en la comisión de estos delitos, si se quiere proteger a los niños y adolescentes en el entorno digital.
El tema no debe ser tratado como una labor secundaria o una extensión del proxenetismo. Se requiere una política pública robusta, con personal capacitado y herramientas tecnológicas de vanguardia, para que la ley deje de ser una respuesta mecánica y se convierta en una barrera real contra la explotación digital que amenaza a la infancia en el siglo XXI.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.
