Como si la crisis humanitaria que se vive en Cúcuta desde hace un mes, como consecuencia de la llegada de más de 20.000 personas víctimas de desplazamiento forzado, por cuenta de la guerra entre organizaciones armadas en el Catatumbo, no fuera suficiente, un nuevo elemento podría sumarse para terminar de agudizar la situación.
 
Tiene que ver con la posibilidad que asomó el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, de enviar a Cúcuta a los ciudadanos venezolanos que se encuentran represados en ese país en medio del fenómeno de migración inversa, que suscitó  tras el reforzamiento de las leyes migratorias en Estados Unidos.

El asunto es que en vista de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Panamá, no es factible la repatriación directa de un país a otro, por lo que “estamos ensayando posibilidades para que ahora con ese flujo inverso, podamos volarlos de Panamá a Cúcuta que es territorio colombiano”, planteó Mulino.

El alcalde Jorge Acevedo salió al paso a esta declaración, y manifestó que aunque comprende la lógica del presidente panameño, financiera y logísticamente el municipio ya está desbordado en sus capacidades, producto justamente de la crisis del Catatumbo, por lo que recibir una carga más con la migración venezolana es insostenible.

El llamado de atención del alcalde también fue para el Gobierno nacional, que en definitiva es el que tiene la última palabra al respecto.

En este sentido, a través de su cuenta en X publicó una carta que dirigió a la canciller Laura Sarabia, manifestando que Cúcuta “no está en condición de recibir un solo migrante más”, por lo cual pidió que se tomen las medidas necesarias para que no lleguen más desplazados a la ciudad, puesto que podría generar el aumento de miseria, desempleo e inseguridad.

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Consideraciones legales

No obstante, la implementación de esta propuesta de José Raúl Mulino tiene varias consideraciones legales.  

De acuerdo con Eduardo Osorio, abogado y docente del programa de derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander, para hacer este tipo de operación debe haber un acuerdo entre los dos Estados, en  este caso, Colombia y Panamá.

Y es que partiendo del principio de autonomía y soberanía territorial, “primero que todo, debe haber un beneplácito del Estado colombiano para recibir a esos venezolanos y, una vez recibidos, habría que estudiar cada uno de los casos específicos, porque lo que sí es cierto es que frente a venezolanos, el país tiene una normativa específica que permite algunos procesos de regularización”, dijo en referencia al Permiso por Protección Temporal (PPT).

Juan Pablo Jaimes, docente e investigador de la Universidad Simón Bolívar, explicó al respecto que “si aquellos venezolanos que están llegando de Panamá tienen PPT, se les puede aplicar el principio de no devolución, que garantiza regular sus derechos, si hablamos de trámites migratorios, lo que vale y prevalece son los derechos humanos de los nacionales venezolanos”.

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Dado el caso que Colombia y Panamá no lleguen a un acuerdo diplomático sobre este particular, Panamá puede optar por enviar a estas personas en un vuelo comercial, en este punto la autoridad migratoria pasa a jugar un papel clave en los casos donde no haya PPT, sobre si permitir el ingreso o hacer la devolución, explicó Jaimes.

No obstante, otro elemento a considerar es el hecho de que muchos venezolanos salieron de su país por diferentes riesgos, en estos casos Colombia, en el caso de que los reciba, no puede retornarlos a su país de origen, sobre todo si los ciudadanos “solicitan asilo, un derecho básico al que pueden acceder como refugiados”, agregó Eduardo Osorio.

Implicaciones para Cúcuta y la región

Ahora, en lo que tiene que ver con la hipotética llegada masiva de ciudadanos venezolanos a Cúcuta, el impacto se daría en diferentes aspectos.

Para el sociólogo e investigador Jose Vicente Prada,  este fenómeno  implicaría un aumento de la presión sobre recursos y servicios, toda vez que Cúcuta ya enfrenta una crisis humanitaria debido al desplazamiento forzado de personas desde el Catatumbo, lo que ha sobrecargado los servicios de salud, educación y asistencia humanitaria.

“La llegada de más migrantes venezolanos podría intensificar esta presión, dificultando la atención adecuada a todas las poblaciones afectadas”, dijo.

Asimismo, señaló que la incorporación de un número significativo de migrantes venezolanos podría generar tensiones en el mercado laboral local y en la convivencia social, especialmente si no se implementan programas efectivos de integración y apoyo.

Una de las aristas más delicadas es el impacto a la infancia, pues la llegada de más niños venezolanos a Cúcuta podría representar un desafío doble: por un lado, al agravar la situación de los niños desplazados desde el Catatumbo, y por otro, al poner en riesgo el bienestar de los nuevos niños migrantes.

En este punto, señaló que es una coordinación entre los gobiernos de Colombia y Panamá con organizaciones internacionales para garantizar la protección y el acceso equitativo a la educación, salud, y bienestar emocional de todos los niños involucrados en este proceso.

Sin embargo, aquí el agravante es que la Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) una de las principales organizaciones dedicada al apoyo de la población migrante, fue inhabilitada por el gobierno de Donald Trump, dejando en desamparo estas poblaciones vulnerables.  

En consecuencia, Prada dice que los riesgos aumentan de manera exponencial por la escasez de viviendas adecuadas y la saturación de campamentos temporales, afectando principalmente a los niños.

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“La falta de espacios seguros podría exponerlos a situaciones de abuso, explotación laboral o trata de personas, como ya se ha visto en contextos de desplazamiento forzado en otras partes de Colombia y América Latina”, dijo.

Adicionalmente, considera que la llegada de migrantes venezolanos, sumados a los ya existentes del Catatumbo supondría múltiples retos para las autoridades locales en temas de salud mental, bienestar emocional, integración social y convivencia.

“No tendríamos cómo sostener más gente en Cúcuta”

Para la personera Ludy Páez, la llegada de migrantes venezolanos supondría el colapso económico para el municipio, “no tendríamos cómo sostener más gente en Cúcuta”, afirmó.

Dijo que la decisión corresponde al Gobierno nacional que, en caso de recibir a los ciudadanos venezolanos, su papel será el de establecer un corredor humanitario para que estas personas puedan tener un retorno digno a su país.

En este momento ni Cúcuta ni el departamento están en capacidad de recibir más gente, pues “todavía estamos en una crisis apremiante, con más de 20.000 víctimas de desplazamiento forzoso esperando que el Gobierno nacional desborde sus ayudas sobre ellos”.

De acuerdo con el último reporte del Puesto de Mando Unificado, el número de desplazados ha venido bajando en los últimos días, así a corte del 13 de febrero se registraban en Cúcuta 21.114, sin embargo, sigue siendo una carga importante en lo económico y logístico para la administración, que tuvo que invertir en las primeras semanas de la crisis cerca de 6.000 millones de pesos, en gastos de hospedaje y alimentación.

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