Frente a la denuncia hecha por el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, sobre el retiro del esquema de seguridad asignado al director de la cárcel modelo, Angelo Torrado, se ha generado una polémica, luego que desde la Unidad Nacional de Protección –UNP- respondieran que dichas medidas siguen vigentes. 

“Teniendo en cuenta los hechos recientes -el asesinato de Élmer Fernández, director de la cárcel Modelo de Bogotá- los cuales son de conocimiento nacional, y ante la solicitud del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, de adoptar medidas de protección, la UNP dispone adelantar la Valoración Inicial del Riesgo, en la cual se evidencia que el beneficiario cuenta con las medidas idóneas para salvaguardar su integridad, es de resaltar que en la actualidad se adelanta una nueva evaluación del riesgo al beneficiario”, señaló la entidad de protección.

No obstante, hay que aclarar que lo que se manejó desde un principio como el retiro del esquema, se trató realmente de una modificación del mismo, que consiste en el cambio de vehículo, de uno blindado –asignado actualmente- a uno convencional, decisión de la cual habría sido notificado el director del centro carcelario. 

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La Opinión intentó en reiteradas ocasiones vía telefónica contactar a Torrado para verificar y contrastar la información, pero el funcionario no contestó a ninguna llamada.

En todo caso, aplicar una u otra medida “no es posible”, dijo el defensor del pueblo de Norte de Santander, Pepe Ruíz, por cuanto Torrado ocupa un cargo de alto riesgo dentro del esquema carcelario nacional, sobre el cual pesa la declaratoria de emergencia hecha por el Ministro del Interior, Néstor Osuna, el pasado mes de febrero, en razón de los múltiples ataques contra el personal de guardia del Inpec. 

A propósito de estos ataques, perpetrados presuntamente por organizaciones criminales que operan dentro y fuera de las cárceles, un dragoneante de la cárcel de Cúcuta fue asesinado el 31 de enero, como consecuencia de esta crisis de seguridad.  

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11 funcionarios bajo amenaza

Pero además del director de la cárcel, 20 funcionarios más estarían bajo amenaza, 11 de los cuales ya habrían solicitado su traslado a otros centros penitenciarios del país, según declaró Edwin Rincón, presidente del Sindicato de Trabajadores del Inpec en Cúcuta. 

“Estamos muy preocupados por la ola de violencia que se ha venido presentando de forma sistemática en contra de los funcionarios del instituto”, dijo el representante sindical.

Se conoció que en la Fiscalía General ya varios de estos funcionarios amenazados formalizaron sus denuncias, y las mismas se encuentran en proceso de investigación por parte del fiscal asignado para este tipo de casos, a fin de verificar que efectivamente están ocurriendo. 
 

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La cárcel de Cúcuta es un centro penitenciario de mediana seguridad, sin embargo, por el hecho de estar en zona de frontera reviste especial riesgo, sobre todo por el actual contexto, en el que bandas de carácter trasnacional se encuentran enfrentadas por el control de barrios y comunas de la ciudad, tal como lo indicó Diego Villamizar, secretario municipal de Seguridad Ciudadana. 

La situación de la modelo

La tensión en el centro penitenciario de Cúcuta viene dado por la implementación de una serie de medidas con las que se ha buscado poner orden a la prisión y desarticular las bandas que siguen delinquiendo desde su interior. 

Así lo declaró en días pasado Angelo Torrado, director de la cárcel, en una entrevista que dio a La Opinión para hablar del convenio con la Alcaldía, para recibir privados de libertad recluidos en la estaciones de Policía. 

“El cambio, cuando es para bien, genera riesgo para un  administrador”, afirmó Torrado. Señaló que algunas de las medidas que le han valido amenazas, tienen que ver con la activación de 16 cámaras de seguridad, de las más de 200 existentes en el recinto carcelario, que estaban fuera de servicio desde antes de la pandemia; así como las requisas continuas, en las que se han decomisado sustancias psicoactivas y cerca de 1.500 teléfonos celulares. 

Esta tarea no es fácil, dice, por cuanto terminan sobrepasados en sus capacidades, dado que las mafias implementan estrategias para volver a ingresar estos dispositivos al recinto, como el ‘peloteo’, que consiste en introducir teléfonos en balones de fútbol y lanzarlos por arriba de los muros hacia los patios de la prisión. Frente a esto han pedido colaboración a la Alcaldía, para elevar las mallas y cortar el paso de estos ingresos ilícito. 

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