La Procuraduría Regional de Norte de Santander inició una indagación previa para conocer si los concejales de Cúcuta han incurrido en acciones u omisiones que estén obstaculizando la aprobación de recursos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la ciudad.

La intervención del ente de control está orientada a determinar si los derechos de más de 78 mil niños, niñas y adolescentes, acogidos por la asistencia alimentaria escolar en las instituciones oficiales del municipio, están siendo vulnerados por dilaciones en la aprobación de recursos para su ejecución. 

En un documento radicado el viernes ante el corporación, el Ministerio Público solicitó a la plenaria que se le informe sobre la realización de las sesiones extraordinarias y que “de manera especial se indique el proyecto de acuerdo por el cual se efectúan unos traslados en el presupuesto general de gastos del municipio”.

La Procuraduría precisa que se trata del traslado presupuestal por valor de $924 millones para el PAE en el municipio y le solicita al Concejo enviar, en un término de 3 días, a partir del 18 de agosto, las actas de sesiones extraordinarias desarrolladas desde el 14 de agosto hasta esa fecha. 

Destaca que la actuación preventiva se dirige a “evitar la comisión de irregularidades que, en principio, afecten a la comunidad y que, en consecuencia, puedan generar responsabilidades de carácter disciplinario a los servidores públicos o privados que tengan a su cargo la prestación de servicios públicos”.

De acuerdo con la información suministrada por Omar Javier García, procurador regional para Norte de Santander, la actuación se produce a propósito de lo observado frente al desarrollo de las sesiones extraordinarias en las que, entre otros proyectos de acuerdo, se discute la aprobación de recursos del PAE. 

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La preocupación obedece a informaciones que se han conocido sobre la presunta ausencia de los corporados en los debates y los pronunciamientos del alcalde Jairo Yáñez, con relación al riesgo en que encuentra la ejecución de recursos para financiar la alimentación escolar de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a estratos vulnerables. 

El procurador recordó que dentro de su función misional actúa como coordinador departamental del PAE, así  como responsable de investigar disciplinariamente a los concejales. Por último, mencionó su facultad como presidente del Comité Especial de Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar.

“La preocupación de la Procuraduría está en el interés superior que existe frente a los derechos de los niños sobre los demás derechos de los ciudadanos y por tal motivo he solicitado explicaciones sobre las actuaciones de los concejales respecto a la discusión y aprobación de dicho proyecto de acuerdo”, indicó.

García dijo que lo que se pretende es establecer si los intereses particulares de los corporados pudieran estar obstaculizando el proceso y velar porque no haya vulneración alguna de los derechos de los niños. 

Y señaló que si se determina que hay responsabilidad, esto podría generar consecuencias frente al ejercicio de las funciones de los servidores públicos.

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“La Procuraduría General de la Nación, a través de la Regional de Norte de Santander, evaluará si dichas objeciones que tengan los concejales en temas jurídicos, como en temas por conveniencia, están acordes con la ley o, en su defecto, si el proceso se ha obstaculizado por acciones del alcalde, al no haber presentado el proyecto de acuerdo, o de otro funcionario de la administración, y si deberán responder frente a ello”, aclaró.

‘Que se investigue’

En respuesta a la indagación de la Procuraduría, el concejal Carlos García Alicastro sostuvo que es muy bueno que el ente de control  investigue lo que está sucediendo en las sesiones extraordinarias porque “va a encontrar cómo la falta de planeación de la administración ha puesto en juego los proyectos de temas importantes de la ciudad”. 

El cabildante señaló que es importante que la Procuraduría busque los responsables de lo que está sucediendo, porque según el principio de planeación, “la administración tenía que haber previsto que requería estos dineros”. 

García Alicastro explicó que en el decreto mediante el cual el alcalde convoca a extraordinarias, se incluyeron dos proyectos de acuerdo que tiene que ver con el PAE. Sin embargo, el que habla de $900 millones fue radicado el 15 de agosto, cuando ya la plenaria había finalizado un periodo de sesiones ordinarias que fue del 1 de junio al 31 de julio y que tuvo prórroga de diez días. 

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“Por qué el alcalde no lo radicó en junio y julio sino hasta el 15 de agosto, cuando las extras van hasta el día 22 de agosto y solo nos da siete días para estudiar un proyecto de acuerdo tan importante”, señaló.

El planteamiento hecho por el concejal de Cambio Radical coincide con el de su compañero Oliverio Castellanos, quien expresó que tuvieron 70 días de sesiones  y el alcalde Jairo Yáñez no presentó la iniciativa. “Nosotros necesitamos estudiar la aprobación de esos recursos, pero no bajo presión del señor alcalde, ni echándonos al pueblo cucuteño encima, cuando era él quien tenía que presentarlo a tiempo”, dijo.

Castellanos considera que es muy oportuna la intervención del procurador quien, “también debería ponerle la lupa a la Secretaría General de la Alcaldía de Cúcuta. “Ahí se van a encontrar faltas gravísimas disciplinarias por los malos manejos que le han dado en el comité de contratación”, aseguró.

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