El Concejo de Cúcuta dejó en firme la reesctructuración de la Contraloría Municipal al dar aprobación en segundo debate al proyecto de acuerdo mediante el cual se eliminan 12 cargos de este órgano de control.

La iniciativa fue presentada por el contralor municipal, Oscar Sandoval, a comienzos del primer periodo de sesiones ordinarias, en atención del déficit 

El contralor municipal, Oscar Sandoval, le confirmó a La Opinión que la reducción de personal se requería con el propósito de que el órgano de control pueda seguir cumpliendo su objeto misional y, además, cumplirle a la ciudad con los temas de impacto y la vigilancia de los recursos públicos.

Es una iniciativa importante porque la Contraloría está sujeta a la ley 1416 que estableció el tema de fortalecimiento institucional y el tope de sus ingresos y, demás, no nos permite recibir ingresos de otras entidades, anotó Sandoval.

“Los ingresos de la Contraloría son inferiores a lo que demanda el solo costo de la planta de personal, es decir, no contamos ni siquiera para cubrir los compromisos de nuestro talento humano ni para la compra de tecnología y servicios varios”, aseguró el Contralor.

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El presidente del Concejo, Edinson Contreras, le dijo ayer a La Opinión que en total, hasta ahora, la Alcaldía ha radicado cuatro proyectos de acuerdo, uno de ellos, el de los traslados presupuestales, el cual entra a primer debate hoy.

De la misma manera, dijo que están en estudio en comisión dos proyectos de enajenación de predios con las que se buscan autorizar al alcalde Jorge Acevedo para que legalice la propiedad y ceda a título gratuito los terrenos fiscales del municipio ocupados por asentamientos humanos de manera ilegal.

La Contraloría Municipal de Cúcuta desde el año 2010 venía atravesando una difícil situación financiera como quiera que en esa vigencia se dejaron de percibir recursos por concepto de fortalecimiento del control fiscal de la ley 1416 de 2010. Lo que originó que la entidad anualmente solo pudiera crecer los correspondiente a inflación causada o meta de inflación, la que resultara mayor porque no fue posible acceder al ajuste presupuestal y al fortalecimiento financiero decretado por la Ley en mención, explicó Sandoval.

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Aunado a esto dijo el titular del órgano de control, el crecimiento del valor de las prestaciones sociales a que tienen derecho sus funcionarios, estaba por encima de las metas de inflación concedidas en cada vigencia acorde a la ley 1416 de 2010, lo que fue generando la imposibilidad de sostener la nómina de la contraloría y generando una inviabilidad financiera y presupuestal al órgano de control desde el año 2010, situación coyuntural que le impidió fortalecer su presupuesto y sistema financiero.  

Así mismo, se estableció un gasto más por mandato legal relacionado con la bonificación por servicios prestados para los empleados públicos del nivel territorial (decreto 2418 de 2015). Situación que generó tener un presupuesto mucho más ajustado del que se podía sostener, dijo Sandoval.

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