El sector editorial y las librerías del país rechazaron la aprobación en primer debate de la reforma de la Ley del libro. Argumentan que dicha ley no presenta cambios sustanciales, y que se enfrentan a una crisis económica por la falta de regulación en la “competencia desleal” de los e-commerce extranjeros.

En la ley 98 de 1993, que define las “normas sobre democratización y fomento del libro colombiano”, se establecieron beneficios tributarios para el sector editorial, en los que las librerías no fueron incluidas.

Lo que se esperaba fuera uno de los primeros puntos a resolver, quedó sin discusión en el actual proyecto de ley 427 “Por medio del cual se fortalece el ecosistema del libro en Colombia y se dictan otras disposiciones” aprobado por la Comisión VI el pasado 11 de junio.

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Según Ana María Aragón, presidenta de la Asociación Colombiana de Librerías Independientes (ACLI), uno de los principales problemas de la ley es que no ataca de manera directa la competencia desleal que, según sus afiliados, enfrentan las librerías con respecto a los precios de las editoriales y distribuidores de libros.

“Los proveedores nos dan un margen de operación del 35% sobre el precio de venta al público. Ellos establecen el precio del libro; sobre ese valor debemos pagarles el 65% y ese 35% restante es nuestro margen para operar, del que tenemos que pagar comisiones bancarias y de las tarjetas, impuestos, ICA, arriendo, gastos de servicios y gastos de personal. Entonces ese margen apena nos alcanza para poder funcionar”, explicó.

Aragón agrega que las editoriales y distribuidores ofrecen descuentos considerables (entre el 20% y el 33%) cuando venden directamente en ferias o a instituciones, lo que deja a las librerías en desventaja.

“De nuestro 35% no podemos darle al cliente un descuento del 10 % porque ya no nos queda margen para operar”, dice.

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Sumado a esto, los libreros denuncian que los precios en las páginas de e-commerce extranjeras varían significativamente respecto a los precios establecidos por las editoriales y distribuidores.

“Muchos e-commerce extranjeros establecen ellos mismos los precios y dan descuentos a los clientes, que pueden ir del 10% hasta un 70%, es decir; no respetan el precio vigente en el mercado”, afirmó la fundadora de la librería Casa Tomada.

Además, cuenta que la situación se complica cuando estas plataformas también se saltan los contratos de distribución exclusiva que tienen los comercios colombianos, ejerciendo una “competencia desleal”, y que, si bien la ley podría cambiar esta situación, no existe una reglamentación y una entidad encargada de sancionar y regularla.

Una cuestión conceptual

Silvia Castrillón, vicepresidenta de la Cámara de la Edición Independiente (CEI), aseguró que el primer borrador de la ley planteaba la definición de libro como un texto producido por alguien o algo, en alusión a la Inteligencia Artificial, lo que sería no solo un error de interpretación, sino también un desconocimiento de los derechos de autor.

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“El autor es un creador de un texto, una persona que es responsable moralmente e intelectualmente por la producción y creación de ese texto, aun cuando este después vaya a ser sometido a revisiones y correcciones de estilo, pero el primer responsable del texto es el autor. Eso tiene unas consecuencias muy importantes: hay que definir bien el creador, porque es quien recibe la regalía, es el sujeto de los derechos de autor”.

Según Castrillón, este error conceptual se repite en el resto de definiciones, en las que no es claro el papel del editor e incluso se le iguala en definición con la imprenta.

“En Colombia muchas de las imprentas se llaman editoriales y eso es un error porque el hecho de imprimir un libro no da la condición de editor”, aseguró.

Lo mismo ocurre con las librerías y el rol de librero, pues según la vicepresidenta, la ley obliga a estos establecimientos a mantener una oferta amplia según las demandas del mercado y en la que no intervengan los gustos personales del librero.

En ese sentido, Castrillón sostiene que la ley desconoce a las librerías y libreros especializados, quienes basan su oferta precisamente en sus conocimientos. Agrega que, de ser así, el Estado se encontraría maniatado para promover librerías que no coincidan con la definición de la ley.

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Frente a esta situación, el gremio editorial tomó la decisión de establecer una jornada de pedagogía que se dirija a los legisladores y a los medios de comunicación para explicar en profundidad los problemas de la ley y las soluciones que se plantean desde este sector.

“Vamos a hacer un gran foro, posiblemente después del 20 de julio, tal vez en el Congreso. Queremos avanzar en una pedagogía sobre la importancia de tener una buena ley, no la ley que fue aprobada en el primer debate, que presentan como una ley que se hizo con todos los sectores, cuando eso no es cierto”, asegura Castrillón.

También subraya la importancia de que el Ministerio de Cultura en cabeza del jefe de cartera, Juan David Correa -él mismo uno de los editores más reconocidos del país- atienda a la propuesta de crear una Mesa Nacional del Libro donde se discuta un Plan Nacional del Libro y de la Lectura, que tenga en cuenta a los libreros y librerías del país.

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