Norte de Santander no estuvo ajeno a las protestas que el transporte de carga realizó ayer en todo el país contra el alza de $6.000 ($2.000 cada seis meses desde este año) del ACPM o diésel. En Cúcuta y Ocaña, los conductores participaron en concentraciones y recorridos bajo la consigna ‘No al alza del ACPM’.
El precio del galón del combustible exento (subsidiado) está en $7.441, mientras que el promedio nacional es de $9.456. Los conductores alegan que sus bolsillos y los de los demás colombianos no aguantan un aumento, porque afectaría los precios de los fletes y, por ende, el de los alimentos.
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El presidente del Capítulo Ocaña de la Asociación de Camioneros de Colombia, Yamil Antonio Galeano Arenas, indicó que solicitan al Gobierno replantear la decisión, debido al impacto socioeconómico, principalmente en la zona del Catatumbo.
“La situación es bastante compleja y exigimos concertar el alza de gran impacto para la canasta familiar. Se ha figado plazo hasta el lunes de la otra semana, de lo contrario apagaremos los motores y guardaremos los carros”, afirmó el transportador Carlos Andrés Álvarez.
En Cúcuta, un grupo de trabajadores se concentró en la avenida Camilo Daza, en Sevilla. Claudio Ruiz, transportador desde hace 30 años, manifestó que “la situación es delicada, porque el valor de los fletes “no compensa” el gasto en combustible, peajes, hospedaje, repuestos y alimentación, entre otros.
“Si el ACPM lo suben, se va paralizar todo el país. Desde hace seis meses los repuestos aumentaron 70%. Soy mulero y en un viaje hasta Bogotá se gasta $900.000 en peajes. Entonces los costos no dan, porque una empresa de transporte le está dando el 5% del flete al conductor; más un básico, que es el salario mínimo, y la seguridad social corre por cuenta de uno mismo”, señaló Jorge Tarazona.
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El transportador y propietario de camión Ariel Patiño resaltó que un flete sencillo a Bogotá las empresas lo están pagando en $2.3 millones, pero en el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC) aparece por $3,3 millones; esa disparidad los afecta.
Aseguró que si se cumplieran las tarifas establecidas, no rechazarían el ajuste en el diésel, por lo que invitó al Gobierno a analizar la situación, porque “está más preocupado por subir los peajes y los combustibles”.
Subrayó que hace un año un almuerzo en carretera le costaba $12.000, ahora vale $18.000 y hasta $22.000.
Impacto en la inflación
El ministro Ricardo Bonilla ha dicho que el incremento de $2.000 solo añadiría 0,3 puntos porcentuales (p.p.) a la inflación de 2024 y que su propósito es llevarlo al precio promedio internacional para sanear las finanzas públicas.
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Según el ministro, el precio del diésel ha permanecido congelado durante 56 meses y que, si considerara la inflación desde enero de 2020 hasta la fecha, costaría $13.200, es decir, $3.600 superior a la actual. Si solo se tuviera en cuenta la inflación del sector transporte, el galón valdría $11.600, $2.000 más que ahora.
El analista del equipo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, Diego Gómez, indicó que el ajuste de $2.000 tendría un impacto entre 30 y 35 puntos básicos (pbs) en la inflación total, o lo que es lo mismo 0,30 p.p. y 0,35 p.p.
“El efecto en diésel es indirecto y relativamente bajo si se compara con el ajuste de la gasolina. Ahora bien, los otros $4.000 que se anunciaron para 2025 representarían 70 puntos básicos (0,70 p.p.) adicionales en la inflación. Cerca de la mitad del ajuste vendría por los mayores costos de transporte para bienes y alimentos, es decir, alrededor de 15 puntos básicos (0,15 p.p.)”, sostuvo Gómez.
El economista manifestó que, sin embargo, eventualmente este ajuste es un riesgo al alza para la inflación. Además, expresó que no creen que revierta la tendencia desinflacionaria de cara al próximo año y sí refleja la responsabilidad fiscal que amerita la coyuntura ante el menor recaudo tributario registrado en lo corrido del año.
Impacto en el fisco
El experto Henry Amorocho Moreno, profesor de Hacienda Pública, Tributación y Presupuesto de la Universidad del Rosario, subrayó que hay un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) por cuenta del congelamiento del precio del diésel, porque en lo que respecta a la gasolina, este ya quedó saldado.
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“Es una medida que se había aplazado, debió hacerse desde enero de este año, porque por el lado del ACPM, según las cuentas del Gobierno, se han venido gastando unos $49 billones –en subsidios de la tarifa-, un monto grande con el que se está sosteniendo un sector tan sensible para la economía como el del transporte”, añadió.
Amorocho afirmó que la economía del país entró en un período de recuperación y “no se justifica de ninguna manera” un subsidio en el diésel.
El experto resaltó que la medida ayudará a paliar el déficit fiscal de $12 billones que ha reconocido la administración de Gustavo Petro.
El dato
Según la presidenta nacional de Colfecar, Nidia Hernández, el sector transporte genera 45.000 empleos en Norte de Santander y 1.7 millones en todo el país.
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