Votar es una de las expresiones más importantes de la democracia en cualquier país. Este mecanismo de participación ciudadana consagrado como un derecho en el artículo 258 de la Constitución Política de 1991 es ejercido por todos los colombianos con su cédula de ciudadanía debidamente inscrita en la Registraduría.
Para esta segunda vuelta presidencial están habilitadas para sufragar en el país y el exterior 41.421.973 personas (21.298.492 son mujeres y 20.123.481 hombres).
Pero, de este grupo ¿cuántos son extranjeros residentes en Colombia?, ¿cuántos son colombo-venezolanos nacionalizados?, ¿cuántos son colombianos retornados?
¿Qué peso tiene este grupo en el voto presidencial? ¿Qué derechos políticos tienen estas poblaciones? ¿Qué importancia electoral tienen en estos procesos en el país?
Aunque Colombia cuenta con cerca de dos millones de ciudadanos venezolanos regularizados, a través del Permiso por Protección Temporal (PPT), su incidencia en estas elecciones presidenciales es poca o casi nula, debido a las barreras legales y administrativas que dificultan el acceso a la nacionalidad colombiana, requisito indispensable para votar por el jefe de Estado.
Esto lo explica la abogada experta en armonización normativa de la Comunidad Andina en materia de migración y gestión integrada de fronteras, Ana María Moreno.
En su concepto, el impacto electoral del voto de origen venezolano dependerá de múltiples variables, pero sobre todo, del ritmo con el cual avance la transición del régimen de protección de regularización, en el cual está la mayoría, a la fase de visado ordinario de esta población.
“Las únicas personas que pueden votar en las elecciones presidenciales son quienes tienen la nacionalidad colombiana, ya sea por nacimiento o por adopción”, recuerda la especialista.
Y a continuación aclara que los migrantes venezolanos solo podrán participar en estos comicios electorales una vez culminen exitosamente el proceso de nacionalización, que todavía puede prolongarse en el tiempo.
Moreno ilustra las elecciones presidenciales 2030 y la posibilidad de que esta población tenga un peso significativo en las mismas, y la respuesta es incierta, por varias razones.
Resulta que después de los cambios introducidos por la Ley 2332 de 2023, se aumentó de uno a cinco años el tiempo de residencia exigido para que los ciudadanos latinoamericanos y del Caribe puedan solicitar la nacionalidad colombiana.
A ese plazo se le debe sumar la duración del trámite de nacionalidad por adopción ante la Cancillería, que, según indica la experta, puede tardar hasta tres años.
“Solamente vas a poder votar cuando ya tengas la nacionalidad. Si sumas los cinco años de residencia y luego el tiempo del trámite, estamos hablando de cerca de nueve años”, argumenta.
Estudio sobre el tránsito al régimen ordinario
La investigadora sostiene que ella junto con María Gabriela Trompetero hizo un estudio sobre el tránsito del Permiso por Protección Temporal (PPT) hacia la visa de residente tipo R, requisito previo para aspirar a la nacionalidad en Colombia.
Los resultados de esta investigación, indica Moreno, muestran un avance reducido en este tránsito. Aunque 1.932.442 venezolanos se habían regularizado con el Permiso por Protección Temporal hasta junio de 2024, entre enero de 2024 y diciembre de 2025 apenas 4.046 ciudadanos habían logrado cambiar del PPT a la visa de residente.
Lo anterior representa menos del 1% (0,20%) de los potenciales beneficiarios.
“Con este ritmo de concesión de visas vamos a llegar a 2031 muy lentamente”, advierte.
La experta atribuye esta situación tanto a factores burocráticos como personales. Entre los primeros mencionó el costo de la visa de residente, cercano a los 450 dólares, además de la complejidad de los requisitos, como la obtención y apostilla de antecedentes penales desde Venezuela.
A estos dos se suman las incertidumbres políticas, porque según explica Moreno, durante las entrevistas hechas para la investigación, muchos migrantes venezolanos manifestaron que prefieren esperar un poco más para ver cuál es el rumbo de la política migratoria del país y el escenario político venezolano.
También hizo una advertencia de que el Estado colombiano no flexibiliza este procedimiento, el país en 2031 podría enfrentar un nuevo escenario de irregularidad migratoria cuando expire la vigencia del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), medida que acobija la regularización con el PPT.
“Si no hacen el tránsito y el PPT pierde vigencia, vamos a tener nuevamente un universo muy grande de población irregular. Vamos a volver a un universo de dos millones de personas en condición de irregularidad, porque si ya tenemos 500.000 que no alcanzaron a regularizarse”, detalla.
El voto de los colombianos retornados
El otro escenario más palpable es la importancia del voto de los colombianos retornados en las presidenciales.
Colombia alberga a más de 2.4 millones de migrantes venezolanos, pero dentro de esa cifra existe un grupo de aproximadamente 1.3 millones con características particulares: los colombianos retornados y sus hijos nacidos en Venezuela, quienes, al tener nacionalidad colombiana, pueden ejercer plenamente sus derechos políticos una vez cumplen los requisitos constitucionales de ciudadanía.
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De acuerdo con análisis de Colombiacheck, la legislación reconoce que los retornados de segunda y tercera generación conservan los mismos derechos políticos que cualquier colombiano por nacimiento.
Esto les permite votar y aspirar a cargos de elección popular, incluso a la Presidencia de la República, siempre que hayan formalizado su nacionalidad y sean mayores de edad.
Aunque no existe un registro único sobre cuántos colombo-venezolanos están habilitados para votar, distintas organizaciones estiman que este universo supera el millón de personas, una cifra suficiente para incidir en una contienda donde los márgenes entre candidatos en primera vuelta estuvieron muy estrechos.
Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explica que quien considera que el mayor peso de esta población no está en el número de sufragios que pueda aportar, sino en la influencia que ejerce sobre la opinión pública.
Detalla que para muchos de estos ciudadanos, el voto está marcado por la experiencia vivida en Venezuela.
Diversos líderes de organizaciones migrantes coinciden en que el deterioro institucional del vecino país influye en la manera como evalúan las propuestas de los candidatos colombianos, especialmente aquellas relacionadas con el equilibrio de poderes, las reformas constitucionales y la estabilidad democrática.
Rodríguez explica que, según cálculos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), para 2023 habían retornado alrededor de 1.3 millones de colombianos que vivían en Venezuela. Sin embargo, determinar cuántos de ellos tienen doble nacionalidad o participan en las elecciones resulta prácticamente imposible.
“No hay forma de saber cuántos colombianos con doble nacionalidad provenientes de Venezuela producto de la emergencia humanitaria compleja puedan participar en las elecciones y cómo puede ello incidir”, afirma.
El investigador señala que la falta de información responde, en parte, a las limitaciones de los sistemas estadísticos del país. A esto se suma que muchos regresaron por las trochas fronterizas durante los años más críticos de la crisis venezolana, por lo que no quedaron registrados oficialmente.
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Incluso, cuando un colombiano renueva su cédula tras regresar al país, el trámite no permite identificar si residía anteriormente en el exterior.
Frente a la posibilidad de que ciudadanos venezolanos naturalizados incidan en futuros procesos electorales, el experto coincide en que el impacto será reducido debido a la lentitud de los procesos de nacionalización.
“Lamentablemente en Colombia las naturalizaciones son muy lentas. Cuando uno ve los actos de entrega de la nacionalidad encuentra números muy pequeños, menos de 360 personas, por lo que no son cifras realmente significativas para tener incidencia en el voto”, precisa.
Sin embargo, Rodríguez considera que la verdadera incidencia política de los colombianos retornados y de los venezolanos naturalizados no radica en la cantidad de votos que representan, sino en el relato que comparten sobre la crisis venezolana y su capacidad de influir en familiares, vecinos y otros votantes.
“La tragedia venezolana fue uno de los elementos que pesó en la campaña presidencial de 2018”, recordó. Según explicó, durante el auge del éxodo migratorio, el testimonio de miles de venezolanos que advertían sobre las consecuencias de la crisis tuvo un efecto importante en el debate político colombiano.
A su juicio, ese discurso ha recobrado fuerza durante el actual contexto político.
“La comparación entre lo que ocurrió en Venezuela y lo que ha sucedido durante el gobierno de Gustavo Petro vuelve a tener un peso sobre la opinión del electorado”, sostiene.
Para las elecciones territoriales
La abogada experta en armonización normativa de la Comunidad Andina en materia de migración y gestión integrada de fronteras, Ana María Moreno, explica que el panorama es diferente en las elecciones territoriales.
Allí, los extranjeros residentes con visa habilitante sí pueden participar en la elección de autoridades locales, por lo que el impacto del voto venezolano podría empezar a sentirse en algunos municipios y ciudades con alta concentración de esta población.
“A nivel territorial yo sí creo que el voto puede tener algún impacto. Ya hay muchas más personas que han hecho ese tránsito y podrían participar en las elecciones locales”, afirma.
Hay que recordar que según la Ley 1070 de 2006 los extranjeros residentes en Colombia pueden votar en las elecciones y consultas populares de carácter municipal y distrital.
“Las elecciones en las que podrán participar los extranjeros residentes en Colombia serán las de alcaldes distritales y municipales, Concejos y Juntas Administradoras Locales, distritales y municipales en todo el territorio Nacional”, según lo estipula el artículo 2 de dicha legislación.
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