La Fiscalía de Ecuador solicitó una condena de seis años y medio de prisión contra el expresidente Lenín Moreno, quien gobernó entre 2017 y 2021, por el presunto delito de cohecho relacionado con una trama de sobornos de la empresa estatal china Sinohydro para la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país. Según la acusación, los hechos ocurrieron cuando Moreno se desempeñaba como vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa.

De acuerdo con la Fiscalía, Sinohydro habría entregado sobornos equivalentes al 4 % del valor del contrato para obtener la adjudicación del proyecto. Los recursos, que superarían los 76 millones de dólares, habrían sido canalizados a través de cuentas en paraísos fiscales para su distribución entre los implicados.

El ente investigador sostiene que Moreno figura entre los autores directos del presunto esquema de corrupción, al considerar que intervino en el diseño, coordinación y adjudicación del proyecto mediante un sistema de pagos ilegales repartidos entre los procesados.

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Asimismo, la Fiscalía pidió la misma pena para otras trece personas, a quienes señala de participar en la recepción y administración de recursos provenientes del supuesto esquema de sobornos. El organismo argumentó que el delito habría sido cometido por varias personas de manera coordinada, lo que constituye una circunstancia agravante.

Durante el juicio, el fiscal general de Ecuador, Leonardo Alarcón, aseguró que las pruebas evidencian la existencia de una presunta red de corrupción creada para obtener beneficios económicos indebidos y afirmó que el núcleo familiar de Moreno y el entorno empresarial de Conto P. habrían sido los principales beneficiarios de los pagos ilegales.

Entre los acusados también figuran la esposa del exmandatario, Rocío González; su hija, Irina Moreno; y el exembajador de China en Ecuador, Cai Runguo.

Según la investigación, el dinero habría sido fraccionado desde cuentas bancarias en el extranjero mediante un sistema de reparto porcentual y transferido posteriormente a paraísos fiscales y empresas fachada vinculadas con el entorno familiar y empresarial de Moreno.

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El juicio comenzó en mayo, pocos días después de que el exmandatario regresara a Ecuador para comparecer ante la Corte Nacional de Justicia tras ser procesado por cohecho dentro de este presunto entramado de corrupción.

La Fiscalía sostiene que la red habría operado entre 2009 y 2018 y que los pagos ilegales no se realizaron de manera directa, sino mediante contratos de consultoría presuntamente ficticios, empresas pantalla y transferencias bancarias relacionadas con el círculo cercano de Moreno durante su etapa como vicepresidente.

La investigación, presentada en marzo de 2023, vincula al exmandatario, a varios de sus familiares y a personas de su entorno con este supuesto esquema de sobornos. Moreno, por su parte, ha rechazado las acusaciones y en diciembre de 2025 aseguró, a través de un video publicado en redes sociales, que es inocente.

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