Dentro del marco de la visita del presidente Gustavo Petro a Ocaña, donde lideró un consejo de ministros con el fin de buscar soluciones a los problemas que tienen al Catatumbo sumido en una crisis humanitaria desde hace más de una semana, alcaldes de la Asociación de Municipios de Ocaña, Sur del Cesar y Catatumbo entregaron una propuesta encaminada a conjurar la calamidad con programas integrales de inversión social.
En este documento, los alcaldes hicieron énfasis en la necesidad de reactivar el sector agropecuario y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región, y para ello se basaron en lo contemplado en el Pacto para la Transformación Social del Territorio.
La elaboración del Pacto por la transformación social del Catatumbo comenzó hace año y medio donde los campesinos, organizaciones sociales, indígenas, asociaciones de productores, gobiernos municipales y la institucionalidad han estado en múltiples reuniones para superar la dificultad a largo plazo.
Confían en que mediante el Estado de Conmoción Interior decretada puedan destinarse recursos para dar paso a lo que piden en la propuesta transformadora.
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“Existe gran expectativa porque muchos gobiernos han planteado iniciativas desde 1998 hasta la fecha y los programas no se han concretado por falta de voluntad política. La figura adoptada para mover recursos en la transformación del Catatumbo alcanza la cifra oficial de 4.3 billones de pesos”, dijo Emiro Cañizares, alcalde de Ocaña, y presidente de la Asociación de Municipios.
Cañizares recordó que en esa región el Estado colombiano ha caído en el asistencialismo desde la década de los 80, cuando tuvo lugar el Paro del Nororiente colombiano, luego la movilización de 2013.
“Aquí debemos resolver los problemas estructurales con un gran trabajo para fortalecer el tejido social con los primeros niveles del gobierno. Los municipios nuestros son muy débiles, con pocos recursos, ni siquiera tienen actualizados los catastros para resolver las necesidades”, dijo el presidente de la Asociación.
Añadió el mandatario local que esta es la “oportunidad histórica” para tomar decisiones que permitan resolver los problemas estructurales en materia de salud, educación, infraestructura vial, desarrollo económico, saneamiento básico ambiental y ordenamiento territorial, entre otros aspectos.
Región de paz
Los alcaldes insisten en la creación de la Región de Paz para dar más fuerza a los acuerdos sin límites en el tiempo.
“La asociatividad territorial permitió demostrar al presidente de la República que Ocaña, Ábrego y La Playa, inclusive Río de Oro y González, deben estar en cualquier proceso relacionado con el desarrollo de la subregión del Catatumbo sumado a los 8 municipios PDET (Teorama, San Calixto, El Tarra, Convención, Hacarí, Sardinata, Tibú y Cáchira)”, señaló Cañizares.
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Pero más allá de llevar adelante el plan especial para atender la crisis, considera que “no deberían abandonarse los diálogos de paz con los grupos armados en ningún momento, para efectos de llegar a consensos sobre los corredores humanitarios, los servicios, las misiones médicas en cada uno de los municipios”.
Sustitución de cultivos ilícitos
El representante del Comité de Integración Social del Catatumbo, Cisca, Ismael López Téllez, señaló como acciones urgentes a solventar durante la declaratoria de la Conmoción Interior, “un plan concreto y real con recursos suficientes para desarrollar un plan gradual de sustitución de cultivos ilícitos, que es el cáncer que carcome la región”.
Hizo énfasis sobre la inversión social para poner fin a la violencia tan arraigada en los últimos años. En el Pacto social para la transformación del Catatumbo se prioriza la educación desde la primera infancia hasta las instancias superiores, en segunda instancia los esquemas de salud para mejorar las condiciones de vida de los moradores de la zona, que incluyen “médicos especialistas, ambulancias e infraestructura en cada uno de los municipios”, precisó.
Asimismo, adecuar las vías terrestres hacia las distintas veredas para facilitar el transporte de las cosechas y optimizar la comercialización de los productos.
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También reclamaron una Reforma Agraria Integral con asistencia técnica para el sostenimiento de la economía campesina a fin de garantizar la seguridad alimentaria.
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