Un imperioso llamado hacen al Gobierno nacional los damnificados de la vereda El Tarrita, comprensión rural del municipio de Ábrego, encaminado a la atención integral de la emergencia ocurrida el 31 de mayo del año pasado.
Los líderes comunales solicitan a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) , mayor celeridad en los trámites de la adquisición de los predios para el reasentamiento humano, el acompañamiento con proyectos productivos y así resarcir las pérdidas generadas por el desastre natural.
“Una comisión viajará a la capital de la República para tocar las puertas de los ministerios de Agricultura, Transporte, Vivienda y Medio ambiente con el fin de establecer un diálogo directo para desenredar los engorrosos trámites”, dijo la vocera, Luzary Jácome Rangel.
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Indicó que 130 familias integradas por más de 400 personas siguen a la espera de una solución definitiva en la adquisición de las fincas ubicadas en sectores como El Campanario, Laguito, Blanquizales, El Rodeo y Oroque, ya que algunos terrenos que se han evaluado no son aptos, lo que ha retrasa obtener una solución definitiva.
Con el credo en la boca
Los labriegos esperan de parte del Servicio Geológico Nacional un estudio detallado para diseñar el mapa de riesgos en el corredor vial con el fin de coordinar el nuevo trazado de la carretera Ocaña-Cúcuta, para resolver la dificultad presentada en El Tarrita.
Aseguran que el problema está latente en la parte alta de la cordillera donde se reporta la sedimentación por la remoción en masa y hasta la fecha no se trasladada maquinaria especializada para mitigar el represamiento de agua en el sector denominado como La Laguna de la vereda El Molino, jurisdicción del municipio de Villa Caro.
Señalan que de nada han valido las alertas tempranas de la misma naturaleza, ya que el 10 de noviembre de 2022, el desprendimiento del lodo, sepultó a 5 integrantes de una misma familia y hasta la fecha no se han recuperado los cadáveres.
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otro campanazo que no fue escuchado por parte de los gobernantes de turno fue la mortandad de peces ocurrida en abril del año pasado debido a las aguas turbias restando oxigenación en los tributarios del río Catatumbo.La tragedia anunciada ocurrió el 31 de mayo de 2023 ocasionando grandes pérdidas económicas en Norte de Santander y zona de influencia, pues la vía estuvo cerrada durante 5 meses.
Ahora los habitantes de esta zona sienten el temor de una réplica cuando aparezca el invierno por falta de políticas concretas para atender la emergencia.
Se agota la paciencia
Con representantes del orden nacional han sostenido varios encuentros e inspección de las zonas afectadas para implementar estrategias, sin embargo, la comunidad señala que algunas parcelas no reúnen los requisitos exigidos por la Ley.
Aseguran que detrás de los escritorios en la capital no se vislumbra una solución y el tiempo avanza, por lo que, cuando lleguen las precipitaciones “puede ser demasiado tarde para enmendar la negligencia por parte del Estado”, dijo el campesino, Ángel Sánchez, quien censura la demora en los procesos para reubicarlos.
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La mayoría de las familias no soportan la situación, ya que lo perdieron todo y necesitan desarrollar actividades agropecuarias para mejorar las condiciones de vida. “En la actualidad desempeñan la misión de jornaleros en las fincas, pero no es lo mismo porque toda la economía giraba en la dinámica de la carretera”, reiteró Sánchez.
Tanto los alcaldes de Ábrego, Huber Darío Sánchez Ortega como de Villa Caro, Jesús Amado Sepúlveda Celis, han solicitado al Gobierno nacional estudios geológicos profundos, monitoreos permanentes, el reasentamiento de los damnificados, trazado de una vía alterna y funcional para mitigar los riesgos.
“Observamos que el proceso es demasiado lento, no queremos ser alarmistas, ni ave de mal agüero, pero la realidad es impredecible ante la magnitud de la falla geológica”, mencionó el alcalde de Villa Caro.
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