Un total de 144 procesos de cobro judicial por un monto de 19.000 millones de pesos afronta la administración local de Ocaña.

En el presupuesto de inversiones y gastos únicamente existen 300 millones de pesos para saldar la deuda y los ingresos propios no alcanzan para acuerdos y conciliaciones.
 
En el mes de mayo se presentará un proyecto de acuerdo para ampliar la base presupuestal, adoptar estrategias encaminadas a superar la crisis y evitar embargos de las cuentas.
 
A pesar del buen comportamiento de los contribuyentes del impuesto predial, industria y comercio durante los primeros meses del año que supera los 9 mil millones de pesos, esos recursos se quedan cortos para el funcionamiento y obras de interés social.

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Se requiere de manera urgente la actualización catastral e impulsar proyectos de gran envergadura que repercutan en el desarrollo y progreso de la región, anotó el mandatario local, Emiro Cañizares Plata.

El dolor de cabeza

La asesora jurídica de Ocaña, abogada Angie Natalia García Pallares conjuntamente con la secretaria de Hacienda, contadora pública Yakaira María Galvis Torres, se dio a la tarea de revisar las demandas que pesan sobre el municipio y los procedimientos para establecer conciliaciones y acuerdos de pago. 
 
En ese diagnóstico se encuentran 144 demandas en contra de la administración y la deuda asciende a los 19 mil millones de pesos. “Es alta y contempla procesos ejecutivos avanzados pues se agotaron todas las instancias de apelación y la única opción es realizar los pagos. Es una situación bastante complicada, estamos realizando sesiones del comité de conciliación para concertar acuerdos con las partes involucradas en estos procesos”, indicó la profesional del derecho.

El rubro aprobado el año pasado cuenta con fondos reducidos (300 millones pesos) que no alcanzan ni para pagar un solo proceso, factor que obliga a realizar unos estudios encaminados a la ampliación de esa base presupuestal y presentar el proyecto al Concejo para la respectiva aprobación.

Las escalofriantes cifras son prácticamente impagables, pues solo para saldar deudas de acciones ejecutivas se requieren de 10 mil 879 millones de pesos, y por sentencias notificadas y ejecutoriadas 7 mil 465 millones, más las indexaciones de ley.

Es difícil canalizar recursos para ponerse al día con el pasivo contingente, ya que el Estado no gira para solventar esa situación y el alcalde debe adoptar medidas tendientes a mejorar los recaudos.

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“La nación no otorga plata para pagar deudas, pero si se impulsan obras, se podría percibir dinero mediante estampillas y demás emolumentos”, agregó.
 

Apretarse el cinturón 

Estrategias encaminadas a mejorar los recaudos y austeridad en el gasto público ordenó el primer mandatario local para que ese pasivo no crezca y se reduzca en los próximos años. 

La avalancha de esos procesos jurídicos no cesa, y por ello se buscan mecanismos en la adopción de medidas extremas para frenar esa bola de nieve que crece de manera exponencial.
 
Aunque se descarta una intervención económica del Ministerio de Hacienda, el alcalde busca asesoría para mantener el equilibrio financiero.
 
“Prácticamente el municipio en los últimos años no ha tenido una defensa jurídica y todos los procesos los pierde. Se sospecha la complicidad de algunos abogados quienes negocian con los demandantes para sacar millonarias cifras de dinero, sin compasión alguna”, anotó el mandatario local, Emiro Cañizares Plata.

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El alcalde quiere crear conciencia sobre la cultura tributaria y el manejo transparente para evitar el detrimento económico. Existe una acción de repetición en contra del funcionario que permitió el desfalco, sin embargo, el municipio primero debe ponerse al día con el afectado para proceder a recuperar esos recursos el representante legal implicado, pero esa figura escasamente se aplica.
 

Procesos costosos

El escalafón de las deudas pendientes lo encabeza Terpel quien solicitó la devolución de 5 mil 933 millones de pesos ante un mal procedimiento en la liquidación de la sobretasa a la gasolina desde el año 2010.
 
Se constituye en un proceso ejecutivo y se debe pagar obligatoriamente. En la actualidad se adelantan conversaciones para llegar a unos acuerdos. Lo grave del caso es que esos recursos fueron pignorados por la administración municipal para hacer un empréstito por 8 mil 500 millones de pesos con el fin de arreglar tres calles en Ocaña.
 
En segundo lugar, aparece un proceso administrativo de la empresa de telefonía celular Tigo por un monto de 3 mil 920 millones. Luego se registra un proceso particular por la mora en la cancelación de unas obras de parcheo de las calles céntricas de la ciudad en el año 2007, inicialmente se debían 209 millones y ahora obligan a pagar 587 millones.
 
Asimismo, una demanda instaurada por empleados provisionales despedidos por los alcaldes Luis Alfonso Díaz Barbosa (2004-2007) y Yebrail Hadad Linero (2008-2011) la cual asciende a los mil 211 millones de pesos.

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También se adeudan remanentes del patrimonio autónomo de la antigua Telecom por 51 millones de pesos, 5 demandas concernientes a prestaciones sociales del municipio por 175 millones de pesos. Igualmente, contratos de suministros, siniestros de vehículos adscritos a la alcaldía y compromisos con Findeter.

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