En un operativo conjunto, la Policía Nacional y la Administración Municipal de Ocaña, con el acompañamiento del Ministerio Público y organismos defensores de derechos humanos, cumplieron una orden de desalojo de personas que ocupaban irregularmente un predio privado ubicado en el corregimiento de Aguas Claras.
El secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Eduardo Guerrero Bayona, denunció la manera como algunos sujetos estarían estafando a personas desplazadas por la violencia, solicitándoles dinero a cambio de lotes con la promesa de contribuir a solucionar su déficit habitacional.
El funcionario recomendó a los destechados no dejarse engañar por supuestos tramitadores que no dan la cara y reciben dinero para la adecuación de los terrenos.
Ante este escenario, desde los estrados judiciales se ordenó recuperar los predios, debido a la ocupación irregular de la finca, y se adelantaron las actuaciones correspondientes ante las autoridades competentes.
De igual manera, las autoridades aclararon que el municipio no está realizando entrega de lotes ni desarrollando proyectos de vivienda en la zona rural.
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Asimismo, invitaron a la comunidad a consultar únicamente los canales oficiales de información y evitar caer en engaños, estafas o información falsa relacionada con la presunta comercialización de terrenos que carecen de los certificados correspondientes para la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
La hora cero
De acuerdo con el secretario de Gobierno, la orden era irreversible y los ocupantes conocían con anticipación el procedimiento. Informó que fueron notificados previamente y que las autoridades establecieron un periodo de espera para evacuar los cambuches, retirar sus pertenencias y garantizar la protección de los menores bajo el amparo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
“Las autoridades llegaron en las horas de la madrugada al sector y dieron aviso del procedimiento judicial, luego de agotar todos los trámites administrativos. Llevaban cinco meses ocupando los predios y nunca cedieron a una negociación. Al contrario, seguían solicitando dinero para adelantar estudios topográficos y hacer el loteo.
Muchas personas, incluso, entregaron más de tres millones de pesos a los líderes que no aparecieron durante el operativo”, afirmó el secretario de Gobierno, Hugo Guerrero.
Además, precisó que las autoridades no desconocen que se trata de víctimas de la violencia, pero recalcó que las actuaciones adelantadas en los predios son ilegales.
“Inicialmente recaudaron 70.000 pesos para los trabajos topográficos, luego 20.000 para ingresar al perímetro, después 5.000 para la limpieza y, finalmente, 3.000.000 para convertirse en dueño”, destacó el funcionario al advertir sobre la presunta estafa.
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Adicionalmente, las autoridades indicaron que, aunque se habla de 150 familias, al momento del procedimiento únicamente se encontraban 45 personas, entre ellas 16 niños, quienes fueron evacuados con todas las garantías del sector.
Los invasores
Los afectados por el procedimiento, pancarta en mano, adelantaron un plantón en el parque principal de Ocaña para denunciar lo que consideran una vulneración de sus derechos humanos.
Nargelys Guevara afirmó que son personas desplazadas por la violencia y manifestó su desacuerdo con la manera como fueron destruidos los cambuches y quemadas sus pertenencias.
Por su parte, el líder de los desplazados, Cristian Guerrero, solicitó la instalación de mesas de diálogo para buscar una solución a la situación y lograr una concertación con los propietarios de la finca.
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