Un error de cálculo en la reliquidación de la sobretasa a la gasolina cometido en el año 2010 durante la administración del abogado Yebrail Andrés Hadad Linero, obliga a la alcaldía de Ocaña a devolver 7 mil millones de pesos a la empresa Terpel.
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El alcalde, Samir Fernando Casadiego Sanjuán, explicó que, infortunadamente para las finanzas de esa entidad, salió en contra la sentencia en segunda instancia donde el Consejo de Estado condena al municipio a pagar esos dineros.
El secretario de Hacienda municipal, contador público Miguel Quintero Alvernia, manifiestó que los asesores jurídicos adelantan un proceso de conciliación para llegar a unos acuerdos de pago con la compañía privada del sector petrolero, líder en la distribución de hidrocarburos en todo el país.
“Se buscan mecanismos alternativos como el descuento periódico de la sobretasa a la gasolina para saldar la deuda”, agrega el funcionario.
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Aseguró que es un problema heredado de anteriores vigencias y durante varios años se han hecho los respectivos alegatos. “Lamentablemente este año nos llevamos la sorpresa que en la última instancia se falló en contra del municipio”, precisa.
El proceso
El Consejo de Estado en fallo de segunda instancia ordena la nulidad de los actos administrativos y el restablecimiento de los derechos a la compañía expenderora de hidrocarburos con la devolución de los dineros indexados.
En el año 2010 el alcalde de la época, Yebrail Andrés Hadad Linero, vía administrativa ordenó una reliquidación de la sobretasa al combustible pues consideró inconsistencias en esos recaudos del fisco municipal.
En ese entonces se reclamaban 3 mil 700 millones de pesos por el ejercicio en la distribución de hidrocarburos. La empresa no canceló esa plata, se interpuso un proceso de cobro coactivo con una medida cautelar de embargo en contra de Terpel.
Ante ese requerimiento la compañía procedió a desembolsar esos recursos que debían permanecer en un depósito, mientras se dirimía el conflicto. Sin embargo, el mandatario en compañía de la secretaria de Hacienda, Ana Milena Guerrero y el tesorero, Juan Pablo Trigos, gastaron el dinero en planes de inversión.
La firma apeló y a través de un medio de control solicitó la nulidad de los actos administrativos, el restablecimiento de los derechos y la devolución de los recursos indexados. El Tribunal Administrativo del Norte de Santander en primera instancia, el día 21 de febrero de 2017, emitió fallo favorable a Terpel y en contra del municipio.
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La administración impugnó el fallo y se trasladó al Consejo de Estado, que confirmó la sentencia en segunda y última instancia condenando al municipio pagar 7 mil millones de pesos.
No hay liquidez
El actual alcalde manifestó que no hay recursos suficientes para pagar la millonaria condena y está a la espera de una respuesta a la propuesta hecha a la empresa Terpel para dar cumplimiento a orden judicial.
La única alternativa para remediar en parte el error administrativo es descontar un porcentaje de la sobretasa a la gasolina y utilizarlo para solventar la demanda. Asimismo, la reducción de los intereses indexados para pagar la astronómica cifra y evitar posibles embargos de las cuentas del municipio, indican los asesores jurídicos.
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Los expertos señalan que la administración local no cuenta con esos recursos para el pago inmediato.
Errores que cuestan
Una vez saldada la deuda, el municipio de Ocaña, tiene la posibilidad de emprender una acción de repetición en contra de los funcionarios que cometieron el error para que paguen de su propio peculio.
“Obedece a las actuaciones administrativas, digamos irresponsables, que conllevaron a la condena en el pago de esa suma, por lo que buscamos un buen acuerdo de pago con Terpel para salir de esa obligación”, afirmó Casadiego.
Calificó como duro el golpe a las finanzas del municipio. “Son 7 mil millones de pesos que obviamente no tenemos como cancelar y la única posibilidad son los arreglos a largo plazo y evitar embargos a las cuentas”.
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Infortunadamente el municipio de Ocaña gastó esos dineros que estaban bajo una medida cautelar. Hoy, cuando somos condenados, nos cobran con intereses y la suma asciende a un poco más de 7 mil millones de pesos, puntualizó.
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